PLAYA DEL CARMEN, MX.- Hasta mediados del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tenía 649 procedimientos abiertos en contra de igual número de infractores en Quintana Roo.
La lista fue entregada por la Profepa luego de que este medio interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), luego de la negativa inicial de la Procuraduría de entregar los nombres de personas y empresas que enfrentan algún tipo de procedimiento debido a la violación de normas ambientales.
En el documento están los nombres de las conocidas empresas turístico-hoteleras, así como de funcionarios, actualmente en servicio; políticos e incluso empresarios de medios de comunicación. Tampoco se salvan ayuntamientos, organismos y dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ni la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra).
Aunque no se detalla cuál fue la falta en la que incurrieron las empresas y los particulares, pues muchos de los procesos aún están abiertos, la Profepa señala que los “649 procedimientos instaurados por infracciones a la legislación ambiental vigente, (…) derivaron ya sea de denuncias ciudadanas, de la aplicación de Programas Operativos, o de visitas programadas”.
Igualmente, la Procuraduría aclara que dichos procedimientos se encuentran en seguimiento y pendientes de resolución administrativa.
Entre las empresas infractoras más conocidas están el Parque eco-arqueológico Xcaret, Grupo Via Delphi, de Francisco Córdova Lira; el hotel Moon Palace (Inmobiliaria Puerto Bonito Moon Palace), el hotel Presidente Intercontinental (Inversiones Turísticas del Caribe), Ecoturismo Tres Ríos; Sole Capital, propietaria del hotel Dreams Tulum, y que recientemente se allanó en un proceso promovido por la Profepa para echar abajo varias construcciones por carecer de los permisos ambientales correspondientes.
El Hotel Oasis Akumal, el cual, desde hace años, enfrenta varias denuncias de particulares por la invasión y apropiación de una calle pública, que finalmente le fue entregada por el ayuntamiento en la administración del entonces presidente municipal Carlos Joaquín González.
Empresas que no podían faltar son el polémico Desarrollo Costa Turquesa, ubicado en la zona norte de Playa del Carmen, y que devastó prácticamente toda la superficie de manglar sobre la que se está construyendo un complejo hotelero condominal que llegará a tener más de mil 800 habitaciones.
Igualmente, figuran el Desarrollo Hotelero Mosquito Blue, hotel Sandos Internacional; Solar Chaca S.A de C.V, razón social del grupo español Riu; Kor Playa III, que levantó, ilegalmente, una barda sobre la zona federal marítimo terrestre en Playa del Carmen; y Valentín Playa del Secreto (Desarrollo Turístico Valentín Playa del Secreto Hotel & Resort), este último desarrollador donó al ayuntamiento de Solidaridad, también en la administración de Joaquín González, la Casa de la Cultura y la Biblioteca de Cobá.
En el largo listado, la Profepa consigna un par de procesos abiertos en contra de Empresas Aldeas de la Costa Maya, SA de CV, la misma que en el 2006 inició el despalme de un área de un predio contiguo al santuario de la tortuga marina Xcacel-Xcacelito, el cual fue clausurado por la Profepa, y donde actualmente se pretende ejecutar el proyecto Punta Carey. Igualmente, aparecen Promotora Akumal del Caribe, la encargada de fraccionar la zona turístico-residencial de ese mismo nombre.
En Tulum, una zona de alta fragilidad, los infractores son varios: Cabañas Hamaca Loca, Hotel Retiro Maya Tulum, Cabañas Ana y José, Las Ranitas, Aldea Tulum, y Cabañas Tulum, propiedad de Carlos Jasso, quien fue presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum y es actualmente director de desarrollo económico del Consejo Municipal de Tulum.
En la zona sur del estado destaca la empresa constructora Promociones Turísticas Mahahual, propiedad de Isaac Hamui Abadi.
Empresarios, dependencias, funcionarios y políticos tienen procedimientos pendientes con la Profepa
El sector público tampoco se ha librado de los procedimientos de la Profepa, y entre las dependencias contra los que la Procuraduría abrió algún expediente están la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra); además de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO); así como los ayuntamientos Isla Mujeres, Benito Juárez y la alcaldía del poblado Holbox.
En la lista de los 649 también se encuentra el nombre de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, cuando su administrador, se precisa, era Aurelio Joaquín González, actual diputado, titular de la Comisión de Turismo.
En el documento de la Profepa no sólo figuran las denominaciones de personas morales, sino de manera personal, e independiente de sus empresas, están los nombres de reconocidos empresarios, como los de Carlos Constandse Madrazo, Oscar Constandse Madrazo y Miguel Quintana Pali (Grupo Xcaret); el del actual presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel, Gastón Cantarell Díaz; el de Eduardo Toledo Parra, propietario de Cablemas y del Canal 10 de Televisión (aparte en la lista se encuentra también otro procedimiento abierto contra su empresa hotelera Cozumel Caribe SA de CV, Park Royal Hotel&Resort).
Los funcionarios y políticos no se quedan atrás, y también pasan lista en el archivo de irregularidades de la Profepa, donde se guardan nombres como los de Pedro Ramón Peña Xicum, actual titular del Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) de Solidaridad; y José Martín Zapata, síndico del ayuntamiento Solidaridad (igualmente hay un proceso abierto en contra de su empresa Arrecifes Caribes Paamul).
Otros personajes del ámbito público, listados por la Profepa son Gastón Alegre López, propietario de Radio Turquesa, ex diputado convergente y actual asesor del gobierno de Félix González Canto, debido a alguna irregularidad detectada en su empresa Hotelera Intercaribe.
En el listado de la Profepa también aparecen algunos “hermanos incómodos” como Felix Nieto Colín (propietario de cabañas en Punta Piedra), hermano de José Rosario Nieto Colin, el cuestionado delegado de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Tulum, y socio del sindicato Tiburones del Caribe (en el gobierno de Gabriel Mendicuti en Solidaridad fue el síndico). También está el nombre de Cenobio Dzul Caamal, hermano del presidente municipal electo Marciano Dzul Caamal.
La larga lista
Otra empresa más que tiene un proceso abierto es Promotora Residencial Chac Mool, la cual desarrolla el conjunto condominal Lahia, en Cancún, y es uno de los proyectos de Punta Nizuc a los que la administración de Francisco Alor les otorgó el uso de suelo Turístico Hotelero Especial (THE), acción que ha sido criticada por los grupos ambientalistas debido a la sobredensificación que se generará.
Un caso particular, por el giro al que se dedica, es el de la empresa Control de Erosión S.A. de C.V, misma que ha llevado a cabo proyectos de arrecifes artificiales en Cancún y Playa del Carmen, por encargo de desarrollos hoteleros que han perdido sus playas.
En la lista negra de la Profepa figuran también Desarrollos Dine (Fiesta Riviera Maya); Promoción y Edificación Inmobiliaria, S.A. de C.V. El Pueblito Beach, Hotel Aquamarina Beach, Villas Flamingo, Plaza Forum by the Sea, Desarrollo Náutica Integral (restaurante bar marina Cancún), Restaurante Bar Blue Zone; todos de Cancún.
Otros de los que integran la lista de los 649 son Grupo Costa Xaman Há, Diamos Hotel Cozumel, Impulsora Puerto Morelos, Inmobiliaria Costa Maya, Club de Regata de Cancún, Delfines Interactivos S.A. de C.V., Inmobiliaria Coco Beach, Blue Marin Hotels, Wild Tour, Conjunto Condominal Isla Dorada, Club Náutico de Cozumel, Hotel Flamingos Cancún, Lol-Ha Investments, Dedrick & Barber Real State. (Noticaribe)
