PLAYA DEL CARMEN, MX.- Luego de que en los últimos días corrieron rumores y trascendieron de forma anónima denuncias en la prensa acerca de que empleadas del DIF municipal de Solidaridad habían sustraido aplicaciones de Botox para uso personal de un lote de medicamentos destinado a la rehabilitación de 35 menores con discapacidad psicomotriz, el alcalde Román Quian Alcocer dio a conocer que se inció una investigación formal para saber qué estaba ocurriendo.
En entrevista, el funcionario dijo no poder confirmar la veracidad de las denuncias, pero aseguró que a través de la Contraloría se estaban investigando y que en caso de que se comprobara una conducta irregular, los empleados involucrados serían dados de baja e, incluso, sometidos a proceso legal.
De acuerdo con la denuncia, varias funcionarias del DIF, específicamente 28 personas, se habrían aplicado inyecciones de toxina botulínica o Botox, sustrayéndolo de un lote destinado a la rehabilitación de los menores inscritos en un programa oficial de rehabilitación física.
La toxina botulínica es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum que puede provocar parálisis muscular progresiva, capacidad que se aprovecha desde el punto de vista clínico para tratar ciertas enfermedades neurológicas que cursan con una hiperactividad muscular, como el síndrome de Tourette.
También es usada como materia prima para la elaboración del Botox, marca registrada de Allergan, Inc. un producto cosmético.
El Botox es una forma diluida de la toxina botulínica, que hoy en día se considera uno de los tratamientos que ofrece mejores resultados para eliminar las arrugas. Tras su infiltración con una aguja extra fina en el músculo debajo de la piel de la zona que se desea tratar, la toxina actúa inhibiendo por relajación el movimiento muscular. Con este efecto se pretende que desaparezcan las arrugas y por tanto proporcionar un aspecto más juvenil en la piel.
La denuncia anónima, que se atribuyó a empleados del propio DIF, apuntaba en un primer momento a Guadalupe Acosta Martínez, directora del DIF, así como a Marta Santín Villanueva, directora y encargada del departamento de grupos vulnerables, quien es también prima del ex gobernador Mario Villanueva, además de una de las secretarias del propio alcalde, como algunas de las personas que hicieron mal uso de este medicamento.
Sin embargo, Román Quian rechazó confirmar nombres y pidió esperar a que las investigaciones concluyan para señalar a cualquier persona.
Mientras tanto, el Canal 10 entrevistó a la directora del DIF, la cual confirmó el inicio de una investigación, pero se adelantó a rechazar que hubiese algún desvío o robo dentro de la institución y le preguntó a los reporteros si creían que ella podría ser capaz de sustraer ese medicamento para su uso personal.
La funcionaria reconoció, no obstante, que al menos cinco trabajadoras estaban siendo investigadas por presunto abuso de confianza por haberse aplicado las inyecciones, pero también se negó a dar nombres de las involucradas.(Noticaribe)
