CHETUMAL, MX.- La diputada del PRI Laura Fernández Piña presentó en el Congreso local una iniciativa para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, que de aprobarse negaría a las mujeres el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), prevista en la actual legislación bajo ciertas causales.
El Centro Humanista Integral de la Sexualidad para Adolescentes y Jóvenes (Chispas), condenó la iniciativa que pretende modificar la Constitución de Quintana Roo para establecer que la vida del ser humano inicia desde el momento mismo de la concepción y, por tanto, debe ser protegida.
Dicha premisa constituye, además de un atropello a los derechos de las mujeres, la vía para eliminar las dispensas legales que, en la entidad, permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, malformaciones genéticas en el producto o cuando está en riesgo la vida de la madre, a decir de la coordinadora general del Chispas, Diana Ibarra.
La activista en Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, reprochó también el proceder de los legisladores locales, quienes discuten este tipo de propuestas a espaldas de la ciudadanía, ya que se intentó aprobar la iniciativa de decreto sin ningún tipo de consulta a las organizaciones civiles, ni instituciones que dominan el tema.
“Me parece súper clandestino el mecanismo. Ninguna organización fue consultada ni informada, que yo sepa, sobre la intención de legislar sobre el tema. Pero lo que es gravísimo es en sí, la iniciativa, pues elimina las causales para interrumpir el embarazo en Quintana Roo; contradice todos los avances en la materia e ignora las posturas que contradicen esta tesis, tan cuestionada, de que la vida comienza desde la concepción.
“Por otro lado y lo que veo como el problema de fondo, es el ataque de los derechos de la mujer, pues los legisladores que aprueben esta iniciativa, estarán dándole más valor a un embrión -habiendo todavía una discusión de si es o no ya un ser humano- que a una mujer ya formada, completa, con una vida y que quién sabe en qué condiciones habrá quedado embarazada y si por ello desea o no tener a su bebé. Es totalmente un atropello a las mujeres”, expresó.
La también representante en el estado de la organización Servicio Educación Sexualidad y Salud A.C (SEEDSSA), subrayó que, de aprobarse como está planteada, la iniciativa entrará en conflicto con las leyes de Salud que permiten el uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) e incluso, podría ser una herramienta en contra de otros métodos anticonceptivos y de protección contra enfermedades de transmisión sexual, como el condón, que son considerados “abortivos”, aunque de hecho no lo sean.
La iniciativa de decreto, impulsada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Fernández, propone modificar la Constitución del estado para añadir un párrafo primero al artículo 13, indicando que Quintana Roo “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”.
En la exposición de motivos del decreto, cuya votación -agendada para anoche- se postergó para mañana, la legisladora equipara el derecho a la vida como el que se adquiere al comprar un automóvil, por ejemplo.
“Al igual que al adquirir un automóvil y se entrega la factura a nombre de uno, el derecho a la vida, surge en el momento mismo en que el ser humano comienza a vivir, a desarrollarse, convirtiéndose en un derecho propio sobre el cual nadie debe disponer en forma arbitraria”, se lee en el decreto consultado por El Periódico.
Luego, invoca a supuestos “avances médicos y científicos”, que determinan que desde la fecundación, un ser humano comienza a vivir, “por lo tanto su derecho a seguir viviendo no puede quedar a merced de otro ser humano, quien por su estado de desarrollo puede aprovecharse para privar de la vida a otro de su misma especie”.
Bajo esa premisa, la interrupción segura del embarazo o en casos contemplados por el Código Penal estatal, quedarían anuladas, pues por supremacía jurídica la Constitución del estado está sobre el código penal que, si bien prohíbe el aborto, dispensa la interrupción del embarazo en tres situaciones: Violación, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o cuando el producto presenta malformaciones congénitas.(Fuente: El Periódico)
La iniciativa, presentada el pasado miércoles 8, expone en 38 cuartillas los argumentos supuestamente “científicos” por los cuales debería tener personalidad jurídica el producto de la concepción.
Sin embargo, no hubo un proceso de consulta con expertas o expertos en el tema ni con organizaciones de la sociedad civil, tampoco con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Armando García Torres, ni con especialistas del Instituto Quintanarroense de las Mujeres.
La pretendida modificación al párrafo primero del Artículo 13 de la Constitución Política de Quintana Roo establece que el estado “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural”.
La exposición de motivos de la iniciativa priista, que al cierre de esta edición estaba en poder de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, se asemeja a la que el PAN presentó en otras entidades, como Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora.
El mismo día en que se presentó la iniciativa priista contra la interrupción legal del embarazo, las diputadas María Hadad Castillo y Laura Lynn Fernández Piña, del PRI; Rosa María Serrano Rodríguez, del PAN; Luz María Beristáin, del PRD, y Marisol Ávila Lagos, del Partido Verde, también presentaron una iniciativa de ley de adopción.
Embarazos adolescentes
Quintana Roo ocupa el primer lugar en el país en lo que respecta a embarazos en adolescentes, así lo reconoció en días pasados la legisladora priista María Hadad Estéfano, quien señaló que en 2005 se registraron en la entidad 87 mil casos de adolescentes embarazadas (7.4%), cifra que superó la media nacional, de 2.9%.
De acuerdo con la diputada, es urgente legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población quintanarroense, debido a que el promedio de embarazos en adolescentes es de 2 mil por año.
Según un estudio realizado en 2005 por el doctor Guillermo Padrón Arredondo (del Hospital Integral Playa del Carmen) entre más de 200 adolescentes embarazadas, 218 de ellas tenían entre 11 y 18 años de edad.
En lo que respecta a orientación sexual, la mayoría la recibió de su madre (39 por ciento), y en más de la mitad de los hogares de las encuestadas se registró alcoholismo.
Por otro lado, el 18% de las entrevistadas sufrió abuso sexual, 13.3 estupro y 13.3% violación. En tanto, la edad de inicio de la vida sexual activa más temprana fue a los 11 años y la más tardía a los 18 años.
El 8.7% declaró haber tenido al menos un aborto previo, 47.2 señaló no tener conocimiento de métodos anticonceptivos y sólo 8.8% manifestó haber utilizado previamente algún anticonceptivo, en tanto que la mitad de los embarazos fueron no deseados.
El año pasado, el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo, Ariel Marrufo Sodá, afirmó al periódico Novedades que en la entidad se practican al mes 300 abortos clandestinos, de los cuales 150 supuestamente se realizan en el municipio de Benito Juárez.
Además, dijo que al mes se registran entre 2 mil y 2 mil 500 interrupciones legales del embarazo, debido a la malformación del producto o complicaciones del embarazo. (Fuente: APRO-CIMAC)
