CHETUMAL, MX.- En Quintana Roo la discriminación por raza, ideología, edad, sexo, posición económica o discapacidad podría ser castigada con pena de hasta tres años de prisión, de acuerdo a una iniciativa a la que se dio entrada en el Congreso del Estado a fin de considerar esa conducta como un delito en el Código Penal del Estado.
Se trata de una iniciativa promovida por la diputada María Hadad Castillo, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, mediante la cual propone modificar el título segundo, capítulo cuarto del Código Penal del Estado de Quintana Roo, correspondiente a los delitos contra la libertad y seguridad de las personas, a fin de agregar el artículo 123 Bis, mediante el cual se crearía el delito de discriminación.
De acuerdo a la propuesta, se impondría de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a 200 días al que por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.
La misma pena se impondría a quien provoque o incite al odio o a la violencia, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, o niegue o restrinja derechos laborales.
Además, si fuera el caso de que quien incurra en esa irregularidad fuera un servidor público ya sea porque niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho la persona; se le impondría una pena de hasta una mitad más a las establecidas anteriormente, y se impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
En otro orden de ideas, el Congreso del Estado dio entrada también a una iniciativa promovida por la diputada Laura Lynn Fernández Piña, integrante del grupo parlamentario del PRI, en la que propone que se reforme el Código Civil de Quintana Roo para aumentar dos causales más para la pérdida de la patria potestad.
La legisladora propuso adicionar a ese ordenamiento el artículo 1810 en el que se establezca que la pérdida de la patria potestad, es decir, los derechos de los padres para con sus hijos, proceda por el abandono de un hijo realizado con la finalidad de deshacerse de las obligaciones de la patria potestad, y por la falta de atención injustificada, por más de seis meses, de las necesidades de manutención y a efecto de su hijo o hija.
La pérdida de la patria potestad constituye un paso necesario para el procedimiento de adopción del menor abandonado por su padres, de tal forma que tengan la posibilidad de convivir plenamente con personas distintas a las de sus padres biológicos de quienes sufrieron maltrato.
Cabe señalar que el Congreso del Estado emitió un exhorto a las autoridades tanto federales como estatales vinculadas con el área de educación, para que impidan que los planteles educativos de Quintana Roo cobren las llamadas cuotas voluntarias a cambio de que se inscriban los estudiantes. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
