CHETUMAL, MX.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado recibió ya el dictamen del Tribunal Superior de Justicia del Estado, TSJE, mediante el cual informa a los diputados sobre la suspensión del magistrado Ariel Martínez Carrillo, y del extrañamientos a Norma Loría Marín y José Cortés Mugártegui, para que ese órgano colegiado tome sus determinaciones respecto a la ratificación que solicitaron al vencerse el plazo para que fueron designados.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Pedro Pablo Poot Ek, confirmó que el Tribunal de Justicia sancionó con dos meses de suspensión al magistrado, Ariel Martínez Carrillo y con extrañamientos a sus compañeros, Norma Loría Marín y Carlos Cortés Mugartegui.
Sin embargo dijo que esta determinación del Pleno Judicial no resta ninguna posibilidad a los magistrados, quienes junto con Manuel Ávila Fernández, buscan ser ratificados en ese cargo al terminar este 30 de octubre su periodo de seis años.
“Esa determinación tomada por el Tribunal Superior de Justicia es un elemento mas de todo lo que compone el análisis sobre el desempeño de los magistrados y pues esto lo tomaremos con la seriedad que el caso amerita y obviamente también esto será parte del análisis con relación a los requisitos que s exigen”.
El magistrado reconoció que no puede determinarse si esta situación los deja fuera del requisito de gozar de buena reputación, sino hasta que se analice jurídicamente.
“Habremos de valorarlo jurídicamente y habremos de ver que esto coincida con los requisitos que la constitución exige y tomar la decisión que corresponda”.
Poot Ek, reconoció que este martes también fue ratificada una solicitud de juicio político contra Norma Loría Marín, por usurpación de funciones, pero dijo que esta tampoco puede ser tomada en cuanta pues aun no se determina la procedencia o no del juicio político y pidió esperar hasta que el lunes la comisión dictamine sobre quién o quiénes de los cuatro magistrados, será ratificado en el cargo. (Fuente: Enfoque Radio)
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia de la XII Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Pedro Pablo Poot Ek, los elementos que aporte el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, serán fundamentales, aunque como diputados observarán el estricto cumplimiento de los requisitos de elegibilidad entre los que destaca la buena reputación que deben de tener los magistrados del Poder Judicial que pretendan ser ratificados.
Dijo en entrevista con POR ESTO! de Quintana Roo, que la resolución que tomó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia será analizada y valorada, pero que los diputados están obligados a tomar en cuenta todos los elementos necesarios a fin de que emitan el dictamen que será votado en el Pleno legislativo muy posiblemente el próximo martes, luego que el caso haya sido debidamente revisado.
Y es que hay que mencionar que el pleno del Tribunal Superior de Justicia resolvió y remitió al Congreso del Estado y al Ejecutivo, su dictamen respecto a denuncia de hechos número 03/2009 que promovió Enrique Alcocer Rodríguez, que es fundada la denuncia en contra del magistrado Andrés Ariel Martínez Carrillo, adscrito a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Chetumal.
Los magistrados integrantes del Pleno, Lizbeth Loy Song Encalada, Oscar Enrique Aguilar Angulo, Carlos Francisco Sosa Huerta, José Manuel Avila Fernández y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en sus consideraciones resolvieron que Martínez Carrillo es responsable de las conductas sancionadas por el artículo 125 fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 171 y 172 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Quintana Roo, al no haberse excusado de conocer de los procedimientos de incompetencia y no excusarse oportunamente en los recursos de apelación mencionados en el cuerpo de la presente resolución, en los que tenía interés por el impedimento que acusaba al ser mandatario en el procedimientos mercantil aludido, de conformidad con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución.
Por tanto, el Pleno decidió sancionarlo con suspensión sin goce de sueldo de su cargo de Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito a la Sala Mixta en la ciudad de Chetumal, por un período de dos meses contados a partir de la notificación que se le hizo de la presente resolución.
Asimismo resolvieron que no es de aplicarse sanción económica por no haber causado perjuicio patrimonial las conductas que dieron lugar a su responsabilidad administrativa.
Paralelamente hay que mencionar que se ratificó la solicitud de juicio político contra la magistrada Norma Loría Marín, por perjudicar los intereses públicos fundamentales, por lo que incluso solicitó juicio político contra la magistrada que la semana pasada solicitó su ratificación en el cargo ante el Poder Legislativo.
De acuerdo con la demanda que se ratificó en la oficialía de Partes de la XII Legislatura, el presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, A.C., Juan José Juárez Estrada, Loría Marín que en julio de 2001, del sexenio de Joaquín Hendricks Díaz, fue designada como magistrada supernumeraria, solicitó en 2003 ser magistrada de número, y como tal fue aprobada por el Congreso del Estado, sólo que en su pretensión de integrar pleno, tener voz y voto, y que para ello no sólo no había cumplido los seis años en el cargo y tampoco renunció a su cargo para participar en el proceso de selección.
Antes, el empresario Carlos Parra Jiménez envió una carta al Congreso del Estado para exponer las innumerables irregularidades y violaciones al procedimiento cometido por los magistrados Norma María Loría Marín, Andrés Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Mugártegui que integraban la Sala Civil de la ciudad de Chetumal en el año 2004.
En el documento explicó que las irregularidades se presentaron en los Juicios 807/2003 y 807/2003 donde en el primer caso Carlos Parra Jiménez y en el segundo María Guadalupe Ortiz Yeladaqui demandaron al Registro Público de la Propiedad y Bancomer por usucapión.
En cuanto al juicio mencionado abunda que, este tuvo sentencia favorable ante al Juez Civil de Primera Instancia que consideró plenamente probada la acción de usurpación, no obstante, el demandado Bancomer se inconformó con la sentencia mediante la apelación. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
