PLAYA DEL CARMEN, MX.- Armando Gaspar García Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, comentó que ya requirió el expediente de la indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool, recluida en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de Chetumal, acusada de provocarse un aborto.
La mujer de 22 años de edad, de la comunidad Sabidos, en Chetumal, fue encarcelada luego de que sufriera una hemorragia derivada de un aborto, del cual fue atendido en la clínica del ISSSTE.
García Torres refirió que ya se entrevistó con el juez que lleva la causa penal, y de acuerdo, a este primer acercamiento, “sí existen aspectos que incriminan a Yasuri Sac-Nicté Pool”, aunque, será hasta que cuente con el expediente del caso cuando la Comisión pueda emitir una opinión más precisa.
El ombudsman no ha tenido contacto directo con Yasuri Sac-Nicté Pool, lo cual hará mañana, según dijo. El funcionario comentó que la CDHQROO intervino de oficio en el caso, “considerando la situación”: “la Comisión intervino en dos aspectos se atendió médicamente a Yasuri Sac, porque se tuvo el reporte de afectación de la señora, y desde el jueves por la noche, el personal médico de la Comisión la atendió”, agregó. Igualmente, “se le está brindando atención en el plano de lo emocional, con independencia del proceso penal, pues se trata de una afectación seria”.
García Torres, explicó que “con independencia de que no podemos meternos como defensores, tenemos que ver las circunstancias del caso, como el origen étnico, y el hecho de que la defensa señala que no hubo una intencionalidad en el aborto”. “Hemos requerido el expediente, para hacer un análisis detallado de los elementos acusatorios, en aras de conocer las circunstancias legales”.
Agregó que hasta que no se tenga el expediente, se determinará “si la Comisión puede atender a la señora, con independencia de que la señora tenga defensora particular”. “Hasta ahora, ya me entrevisté con el Juez para preguntar los pormenores; nuestro interés, es contar con todos los elementos necesarios, para valorar de manera amplia y completa, saber si el procedimiento ha sido justo o se está afectando los derechos de la mujer”.
De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, la madrugada del 12 de octubre, la indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool acudió de urgencia al hospital materno de Chetumal para que la atendieran por una hemorragia. Minutos antes había muerto su bebé de casi siete meses de gestación.
La víctima, que está recluida en el Centro de Readaptación Social de la capital es acusada de homicidio doloso calificado, por lo que podría pasar hasta 30 años de cárcel, como lo marca el Código Penal de Quintana Roo.
Yasuri vivía con su madre y sus dos hijos: una niña de año y medio, y un menor de 5 años.
“Ahora sus familiares dejaron el pueblo para ir a Chetumal y estar cerca de ella. En un recorrido por el poblado se constató que su casa, con paredes de palos de madera y techo de palma, está abandonada”, detalla el rotativo.
Destaca que de acuerdo con la investigación previa que se inició, Sac-Nicté tenía un embarazo de más de seis meses y tres semanas, y la madrugada del lunes 12 ingresó al Hospital Materno Infantil Morelos, sin que precisara que había perdido al bebé.
Por tal motivo, el suceso fue notificado a la Policía Judicial y en la averiguación “presuntamente se encontró al neonato muerto en el patio de su vivienda. Juan Antonio Alcocer Basto, director de Averiguaciones Previas de la zona sur, dijo que en la necropsia se comprobó que el bebé vivió y respiró. Las indagatorias atribuyen que la joven le privó de la vida, lo que se persigue por tratarse de homicidio doloso calificado”.
“No le brindó atención médica a su hijo, ni dio aviso a la autoridad de lo ocurrido. Lo único que dijo en el hospital es que pasó un coágulo de sangre”, insistió. “Dijo que de acuerdo con la investigación, había ocultado su embarazo durante todo este tiempo”.
No obstante, para la legisladora Luz María Beistáin Navarrete días antes a su detención, la joven había cambiado de lugar algunos muebles en su casa, lo que provocó la hemorragia y el aborto involuntario.
“Nadie puede garantizar que pretendía matar a su bebé, (ella) no tiene ese tipo de conductas, ni tenía la oportunidad para hacerlo y lo único que nos muestra a la sociedad es que las mujeres van a sufrir la injusticia de esta ley”, agregó la legisladora en entrevista para el periódico.
“Estoy convencida de que no lo provocó, fue un accidente; porque conozco a la familia y sé que están cometiendo una injusticia, puso en peligro su vida y afuera tiene dos niños que mantener”, subrayó.
Y por si fuera poco, el Tribunal Superior de Justicia informó que le asignaron defensoría de oficio a través de la abogada particular Gabriela Rojo, quien es considerada promotora de los derechos de las mujeres en el sur del estado. (Noticaribe)
