CANCÚN, MX.- Los casos del ex regidor de Playa del Carmen, Rubén Aguilar y el secuestro de los familiares del actual concejal del gobierno municipal de Cancún, Humberto De Yta, han desatado la preocupación entre la sociedad.
CANCÚN, MX.- Pablo optó por dejar Cancún antes que someterse a pagar a su extorsionador.
El optometrista decidió abrir un par de ópticas en Cancún luego de que le dijeron que “había un buen mercado” por el turismo.
En 2006 dejó Sonora y trajo a su esposa y cuatro hijos a vivir junto al mar turquesa. Luego de dos años de bonanza, de apoyar fielmente a “Los Potros” del Atlante y de cultivar amistades entrañables en la ciudad, un día recibió una visita desafortunada.
Un hombre entró a su óptica en un mercado ubicado en la avenida Tulum y sin más preámbulo le expuso su mejor oferta: pagar 30 mil pesos mensuales para permitirle continuar con su trabajo en ese mismo local.
El argumento que convenció a Pablo de que no se trataba de una broma de mal gusto fue escuchar uno a uno los nombres completos de sus cuatro hijos, sus edades, el nombre de la escuela a la que asistía cada uno, el turno y el salón en el que estaban.
A la semana siguiente, Pablo vendió sus propiedades en el estado, empacó sus lentes, hizo las maletas y se llevó a su familia a vivir fuera de Quintana Roo.
“Mi error fue llevar mis lentes en un maletín lujoso, tal vez creyeron que llevaba mucho dinero”, comentó a sus conocidos más cercanos el hombre antes de partir.
Economía de Cancún en riesgo
Esta es la decisión que podrían verse obligados a tomar los más de 200 empresarios que han sufrido algún tipo de extorsión en la zona norte del estado, y que lo han manifestado a la Comisión de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Podríamos convertirnos en una ciudad desierta si se van los empresarios”, afirmó en entrevista telefónica el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex, Hernán Cordero Galindo.
Agregó que a este ritmo Cancún podría ser una réplica de lo que experimentan ciudades del norte del país, en donde es poco atractivo vivir.
“Es muy preocupante cómo se ha extendido el cobro del ‘derecho de piso’. Eso hace un año era algo que se veía en Playa, incluso yo vaticiné que si no se controlaba pronto iba a contaminar a Cancún también”, añadió el presidente de dicha comisión, Hernán Cordero Galindo.
El empresario señaló que las denuncias que llegan a la comisión proceden de empresarios de todos los giros y tamaños, sin embargo lo único que se puede hacer dentro de esta organización es “tomar nota”, asesorarlos sobre cómo denunciar y hacerles recomendaciones para mantener su seguridad.
“Nadie quiere denunciar, tienen miedo. Nosotros les recomendamos que vayan directo a una instancia federal, porque es un secreto a voces que la Policía Municipal y la Estatal están coludidas”, señaló Cordero Galindo.
La recomendación que Pablo hubiera escuchado de parte de la Coparmex hubiera sido marcar a la Policía Federal al 088, o a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al 01800 832 4771. Nunca llamar desde un teléfono que vincule al denunciante, siempre desde uno público o enviar la denuncia vía internet y por ninguna razón proporcionar datos personales, para tener un anonimato total.
Mínima cultura de denuncia
Según estadísticas del Semáforo Nacional de Cifra Negra, al 8 de noviembre de este año, que publica RRS & Asociados S. C., Quintana Roo se encuentra dentro de las 12 entidades que tienen un porcentaje de Cifra Negra por encima del promedio nacional. Cabe destacar que Tabasco y Tamaulipas no permitieron la realización de la encuesta.
El mapa del Semáforo de Cifra Negra destaca que en general el promedio de México como país es de 85 por ciento en cuando a la falta de denuncias de delitos perpetrados, contra una estadística de hasta 61 por ciento de no denuncia en países desarrollados de América, Europa y Asia.
En Quintana Roo la falta de denuncia es del 86 por ciento, esto significa que de cada 100 delitos que se comenten en el estado, sólo 14 son denunciados.
El Consejo para Ley y los Derechos Humanos calcula que sólo se denuncia una de cada cuatro mil 500 extorsiones.
Dicha asociación civil indica que en México operan 906 bandas de extorsionadores, 15 de las más activas operan desde penales del Distrito Federal a través de llamadas telefónicas. Según datos al 8 de octubre de este año, en 2009 se habían intentado un millón 736 mil 400 extorsiones, es decir, seis mil 179 al día.
El consejo advierte que en el caso de las llamadas extorsionadoras las temporadas de más auge son las vacaciones o días de asueto. Llaman entre nueve de la mañana y cinco de la tarde.
En cuanto al cobro de “derecho de piso” o “renteada”, la forma de operar consiste en que un grupo de cuatro a seis personas armadas se presentan ante el comerciante y le piden dinero a cambio de “protección”.
Las cuotas se exigen en efectivo, fluctúan entre los mil y los 500 mil pesos, y pueden ser semanales, quincenales o mensuales. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
De acuerdo a empresarios, académicos, funcionarios públicos y concejales, lo más preocupante en estos instantes es el crecimiento de la industria del secuestro en los principales destinos turísticos de Quintana Roo, situación que se agrava debido a que las corporaciones policiacas no cumplen con su labor e instancias como la PGR y la Procuraduría de Justicia, ni siquiera investigan las denuncias interpuestas por aquellas personas que son víctimas.
“Estamos en una situación muy grave”, sostuvo la segunda visitadora de Derechos Humanos, Susana Martínez”. “Cancún es el caldo de cultivo en Quintana Roo para la delincuencia organizada, ya llegamos a una descomposición”, afirmó Hernán Cordero Galindo, miembro de la Coparmex. “Estamos en una descomposición social, no podemos permitir que esto crezca”, afirmó el regidor Raúl Arjona Burgos.
Y es que en México la industria del secuestro tiene dueños, y cada año éstos se reparten el botín luego de raptar, vejar y, muchas veces, asesinar a hombres, mujeres y niños, como ocurrió con la familia de Humberto De Yta.
En la mayoría de los casos, los dueños de esa industria son policías que dirigen, protegen o forman parte de las bandas de secuestradores. Asimismo también está el crimen organizado.
Desde hace cuatro años los “Zetas” han dominado esa actividad por medio de levantones y amenazas. El grupo armado ha encontrado un mercado fértil para llevar a cabo dichas acciones ante la complicidad de las autoridades policiacas.
Por esta razón, Susana Martínez, segunda visitadora de Derechos Humanos en Quintana Roo, sostuvo que es lamentable que se dé tanta impunidad en casos donde se debiera actuar conforme a la ley.
Explicó que la impunidad lo único que ha provocado es que las ciudades con factor económico como el caso de Cancún y Playa del Carmen, se hayan convertido en ciudades donde se pueda delinquir con mucha facilidad.
“Lo más preocupante de todo esto es que lejos de ver una solución o situaciones para combatir a la delincuencia, la impunidad se mantiene creciendo de manera significativa sin que ninguna autoridad haga algo al respecto”, subrayó la entrevistada.
A su vez, Hernán Cordero Galindo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex, aseguró que hoy en día Quintana Roo es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada.
“Quintana Roo es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada y esto se debe a que somos el primer estado en impunidad se refiere, lo cual es muy grave porque parece que a las autoridades no les importa nada eso, por el contrario se escudan en cifras y números que no justifican nada”, detalló el entrevistado.
A su vez, el regidor del gobierno municipal Raúl Arjona Burgos, indicó que la descomposición social ha llegado ya a Cancún y, sobre todo, en la zona norte de Quintana Roo, donde no se puede tapar el sol con un dedo.
“Estamos en un grado de descomposición social porque tenemos tanta impunidad y por supuesto que no somos la única ciudad que vive ese problema pero esto no debería estar ocurriendo si realmente se trabajara en todas las instancias gubernamentales”, apuntó el concejal. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
CHETUMAL, MX.- El Gobierno del Estado tiene conocimiento del “pago de derecho de piso” que el crimen organizado cobra al sector empresarial de Benito Juárez y Solidaridad, reconoció la secretaria de Gobierno, Cora Amalia Castilla Madrid.
Es necesaria la capacitación de cuerpos policiacos, realizarles exámenes de confiabilidad y el apoyo del Ejército y Armada de México, para combatir este delito, afirmó.
Tras darse a conocer la implementación de estas estrategias de la delincuencia organizada en la entidad, la encargada de la política interna aseguró que se han aplicado diferentes fórmulas para mejorar los trabajos de seguridad, específicamente en Benito Juárez y Solidaridad.
Más allá de los simples trabajos de vigilancia y prevención, consideró de vital importancia continuar con estudios de confiabilidad en los cuerpos policiacos locales.
Asimismo, brindar capacitación y entrenamiento en el marco legal y del respeto a los derechos humanos, para atender este problema.
La funcionaria opinó que este tipo de acciones traería como consecuencia una mayor cultura de denuncia entre la población y el sector privado, lo que redundaría en más y mejores programas estratégicos para frenar la multiplicación de actividades ilícitas.
Castilla Madrid reconoció que el “cobro de piso” o de “uso de suelo” ha sido una demanda constante de los empresarios del norte del estado, por lo que el gobierno de Quintana Roo se ha apoyado en el Ejército y la Armada de México.
Consideró que con los trabajos interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno se evitará que se extienda este problema a la capital de la entidad. Además de que se ha ordenado a las corporaciones municipales comenzar con una capacitación especial antisecuestro.
Incapacidad de las autoridades
Sin embargo, Fidel Guillén Arjona, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el sur del estado, que aglomera a más de 120 empresarios, advirtió que es preocupante tener que pagar por un acto de inseguridad ante la falta de capacidad de las instancias de gobierno.
Anunció que se realizarán juntas extraordinarias para poner sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno del Estado trabaje para evitar extorsiones o amenazas al sector privado.
Explicó que sería reprobable que en la ciudad donde se concentran los tres poderes se trasladara esta problemática que se ha percibido en municipios del norte de la entidad.
Guillén Arjona reprobó que se tenga que vivir con “temor” o “incertidumbre” al ver la incapacidad de los cuerpos policiacos, o que el sector empresarial tenga que recurrir a la seguridad privada, “estamos cumpliendo como empresarios el pago de nuestros impuestos y es inaceptable que las autoridades no puedan brindarnos la seguridad que requerimos por lo que nos negamos a tener que contratar seguridad privada”, afirmó.
Es importante recordar que al número de emergencias 066 de la Secretaría de Seguridad Pública y número de denuncia anónima 089 se reportan alrededor de 10 llamadas diarias de algún tipo de extorsión.
Otras formas reportadas de estos ilícitos son mensajes de celular en los que pide un depósito de cierta cantidad para recibir algún premio; llamadas falsas de supuestos premios de programas de televisión, de la Lotería Nacional.
Es importante recalcar que de estas 10 llamadas diarias a nivel estatal, ocho provienen de Benito Juárez y Solidaridad. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
