Esconde Sesa en QR una mina de oro… de corrupción y desfalcos

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PLAYA DEL CARMEN, MX.- Según las propias autoridades de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios, en Quintana Roo existen alrededor de 25 mil giros registrados susceptibles de ser verificados por dicho organismo federal; alrededor de 18 mil giros son de bienes y servicios; se calcula en 600 el número de farmacias, y en mil 600 los giros de atención médica, de acuerdo al químico José Ruiz, Jefe de Control Sanitario de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios.


Un número de establecimientos imposible de abarcar con los 90 verificadores con los que se cuenta, pues además, justificó José Ruiz, se deben atender programas especiales como los de análisis de agua purificada, así como la calidad de playas, el control de marea roja, y ahora, por si fuera poco, el control de los lugares libres de humo de tabaco.
Pero los números de la burocracia no cuadran, y eso se puede ver con una simple operación aritmética. Por ejemplo, si la Dirección de protección contra riesgos sanitarios tiene 90 verificadores, y éstos realizaran 3 verificaciones diarias, suponiendo que dicho trabajo es muy complejo, en un sólo día, se podrían verificar 270 establecimientos, y en 5 días, serían mil 350 los establecimientos; esto quiere decir, que en alrededor de cien días hábiles, los 90 verificadores podrían visitar más de 25 mil giros, o sea, la totalidad de los existentes en el estado. Sin embargo, ello no sucede así. Como lo dio a conocer Noticaribe en notas anteriores, la “productividad” de los empleados de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios resulta por demás cuestionable.
Pero, el asunto se vuelve peor cuando se habla de los recursos que ingresan a la Sesa por la prestación de diversos servicios a cargo de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios, ya que, ni las “cifras oficiales” cuadran.
A través de la solicitud de información 367-2009 se requirieron los siguientes datos: “cuántos ingresos obtuvo la Secretaría de Salud por la expedición de las llamadas tarjetas de salud en el 2007, 2008 y lo que va de 2009. Detallar cuántas tarjetas se expidieron. Proporcionar la información por municipio. Decir en base a qué se realiza el cobro, y en que artículo de qué ley o reglamento se encuentra fundamentado el mismo”.
La respuesta de los Servicios Estatales de Salud (SESA) fue la siguiente: “anexo al presente los ingresos que obtuvo los Servicios Estatales de salud por el cobro de tarjetas de control sanitario 2008 y 2009”. (…) “De igual manera anexo la cantidad expedida de tarjetas de control sanitario de los año 2007, 2008 y lo que va del 2009”.
En cuanto al monto del dinero que se obtuvo por el cobro de expedición de tarjetas para manejadores de alimentos del 2007, éste no puede detallarse de manera individual, según justifica la SESA por lo siguiente: “Se declara que la cuenta pública del ejercicio 2007 fue aprobada por el congreso del Estado en el mes de mayo del 2009, integrando los ingresos de manera global por unidad aplicativa y no por concepto recaudado. Por lo anterior, no es posible integrar el concepto único de tarjetas de control sanitario”. Así pues, sobre el 2007 no se cuenta con datos precisos.
En cuanto a los datos del 2008 la información del número de tarjetas expedidas para manejadores de alimentos es el siguiente: Benito Juárez: 62 mil 500; Solidaridad: 39 mil; Othón P. Blanco: 8 mil; Felipe Carrillo Puerto: 3 mil; Isla Mujeres: mil; y Lázaro Cárdenas: 500. De los municipios Cozumel y José María Morelos no se proporcionan datos.
En la tabla de ingresos que la SESA entrega, por recaudación del cobro de las tarjetas, de entrada existe una primera anomalía, y es que en ésta sí se proporcionan datos de los municipios Cozumel y José María Morelos, aunque como se mencionó en el párrafo anterior no consta ningún registro del número de tarjetas expedidas.
Los ingresos fueron los siguientes: Benito Juárez: 6 millones 276 mil 193 pesos; Solidaridad: 4 millones 978 mil 055 pesos; Othón P. Blanco: 482 mil pesos; Felipe Carrillo Puerto: 216 mil 295; Isla Mujeres: 100 mil 221 pesos; Cozumel: 863 mil 480 pesos; José María Morelos: 3 mil 465 pesos y Lázaro Cárdenas: 9 mil 368 pesos.
El monto individual que se debe pagar por la expedición de tarjetas varía en los municipios, pero se calcula, según la respuesta entregada vía Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado: “(…) conforme al tabulador de los ingresos propios captados a través de la aportación por servicios y otros ingresos de los Servicios Estatales de Salud, publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo el 3 de octubre del mismo año, los cuales se encuentran vigentes.”
En dicho tabulador (que puede ser consultado vía internet en el portal del Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITAIP-) el costo de las tarjetas es el siguiente:
Zona I, Othón P. Blanco: 85 pesos; Zona II, en la que se encuentran: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, y Lázaro Cárdenas: 75 pesos; y Zona III, donde están: Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Tulum: 130 pesos.
En el caso del municipio Benito Juárez, el resultado de multiplicar las 62 mil 500 tarjetas expedidas por el cobro de 130 pesos, da un total de 8 millones 125 mil pesos; mientras que lo reportado por el SESA fue: 6 millones 276 mil 193 pesos, es decir, existe una diferencia, de 1 millón 848 mil 807 pesos.
En ninguno de los municipios coincide el número de tarjetas expedidas con el cobro reportado. En Solidaridad, por las 39 mil tarjetas que se expidieron, la SESA reportó un ingreso de 4 millones 978 mil 055 pesos; pero de la multiplicación de las 39 mil tarjetas por los 130 pesos que se cobran se obtiene el siguiente resultado: 5 millones 070 mil pesos, aquí el faltante es de 91 mil 945 pesos.
En Othón P. Blanco, se expidieron en 2008, 8 mil tarjetas, al multiplicar esta cantidad por el costo de expedición de 85 pesos, se obtiene un ingreso de 680 mil pesos, pero lo reportado por Sesa fue de 482 mil 795 pesos, es decir hay otros 197 mil 205 pesos que debieron haber ingresado por concepto de cobro de expedición de tarjetas, pero que la Sesa no registró.
En algunos casos, la diferencia entre los recursos que debieron ingresar y los que reportó la Sesa, son de casi el 100 por ciento. Por ejemplo, en el 2008, se expidieron 500 tarjetas sanitarias, cada una de éstas tiene un costo de 75 pesos, por lo que debieron ingresar 702 mil 600 pesos a las arcas de la Secretaría de Salud, en lugar de ello, la Sesa sólo reportó 9 mil 368 pesos, es decir hay un faltante de 693 mil 232 pesos.
Otro caso similar es el de Isla Mujeres, que de enero a junio del 2009, reporta haber expedido 4 mil 500 tarjetas, cada una de éstas con un costo de 130 pesos, sin embargo, en lugar de ingresar los 585 mil pesos, sólo reportó haber recibido 44 mil 245 pesos. También en los primeros seis meses del 2009, en los municipios Tulum y Lázaro Cárdenas la Sesa expidió 4 mil 500 y mil tarjetas, respectivamente, pero no registró el dinero ingresado.

A continuación se presenta la tabla con los datos respectivos por municipio.

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En la suma de los faltantes por el total de municipio, se obtiene que en el 2008, la Sesa tiene un faltante de 2 millones 869 mil 673 pesos; y de enero a junio del 2009, ya acumulaba un faltante de 2 millones 504 mil 147 pesos.
Pero, las cifras anteriores no son nada, si se intenta obtener información de los dictámenes técnicos o sanitarios, donde la opacidad en el manejo que la Secretaría de Salud hace de sus datos, pone en evidencia la alta corrupción que se genera en el sector de los restaurantes, bares, discotecas, billares y minisúper, pues según la Sesa, no tiene datos de cuántos dictámenes ha emitido, y únicamente proporcionó el monto de recursos que se han recaudado por este concepto, los cuales, a simple vista son muy inferiores a los que se obtienen por las tarjetas sanitarias, aunque, el costo de los dictámenes es, en la mayoría de los casos, 10 veces mayor que el de una tarjeta sanitaria.
En la respuesta a la solicitud de información 368-2009, en la que se le pide “decir cuántos ingresos obtuvo la Secretaría de Salud en el 2007, 2008 y lo que va de 2009, por los llamados dictámenes técnicos o sanitarios que se hacen a restaurantes y bares, y detallar cuántos dictámenes se realizaron en ese periodo”; la Sesa respondió que: “en cuanto a cuantos dictámenes se realizaron en el período solicitado esta variable no se contempla en los informes que emite el sistema, razón por la cual no es posible proporcionarlo (…)”.
De acuerdo al periódico oficial, en la Zona I, donde se ubican los municipios Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, el costo más barato de un dictamen sanitario es de 2 mil 500 pesos, y se aplica a los minisúper, mientras que el aplicable a restaurant familiar, restaurant bar, discoteca, bar, night club, billar con bebidas y salón de fiestas con bebidas es de 3 mil 500 pesos. Pues bien, en 2008, la Sesa en Benito Juárez recaudó por el concepto de dictámenes técnicos, 693 mil 975 pesos; en Solidaridad (incluyendo Tulum), 330 mil 425 pesos; en Cozumel, 131 mil 200 pesos, y en Isla Mujeres, 41 mil pesos.
Esto significa, por ejemplo, que si dividimos los 693 mil 975 pesos que se recaudaron en Benito Juárez, ente 3 mil 500 pesos que cuesta un dictamen sanitario, se obtiene que la Sesa sólo emitió 198 dictámenes sanitarios; lo cual resulta imposible de creer, toda vez que estamos hablando de que en Cancún hay por lo menos 10 mil establecimientos que deben contar con un dictamen sanitario.
José Ruiz, Jefe de Control Sanitario de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios, reconoció en entrevista, que en Quintana Roo se tenían por los menos 25 mil giros registrados, 18 mil de los cuales corresponden al rubro de vienen y servicios. Sin duda se trata de un universo enorme que no coincide con las “austeras” cifras de los ingresos que obtiene la Sesa por el cobro de los diversos servicios y documentos que expide.
La aparente falta de cifras, estadísticas y registros de los documentos que la Sesa debe otorgar, sin duda son una forma de intentar ocultar la corrupción y el desfalco bajo el que opera una dependencia que es una especie de mina de oro. Pero, como ya se demostró, un simple cruzamiento de los pocos datos que esta dependencia tiene, deja ver las irregularidades que, curiosamente, ninguna auditoría ha detectado. (Noticaribe)
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