PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado una serie de clausuras de hoteles en el estado de Quintana Roo, principalmente en Tulum, Riviera Maya y Cancún. Las acciones de la Profepa iniciaron marcadamente en julio del 2008, en Tulum, cuando más de una decena de centros de hospedaje fueron clausurados por diversas irregularidades.
El empleo de elementos de la Armada de México en los operativos generó una airada reacción de la clase política y empresarial, sin embargo, ésta se ha quedado sólo en un pataleo en los medios de comunicación locales, pues ni el gobernador Félix González Canto, ni ningún representante del gobierno o de la clase empresarial ha hecho llegar a la Profepa algún documento de inconformidad, protesta o “extrañamiento” como prometió el Gobernador el 26 de junio de este año, luego de que la procuraduría ambiental clausurara el hotel Dorado Maroma Beach y la Marina Maroma, en la Riviera Maya.
A través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), Noticaribe solicitó a la Profepa la entrega de fotocopias de documentos de protesta o extrañamiento por las clausuras de hoteles e infraestructura turísticas realizadas por esa Procuraduría en Quintana Roo, de 2005 a la fecha, y la respuesta, es que ninguna autoridad se ha inconformado oficialmente:
“(…) después de una búsqueda exhaustiva realizada a sus archivos no se encontraron registros y/o antecedentes de que se haya recibido ningún documento de protesta, extrañamiento, o de solicitud de explicación o información por las clausuras efectuadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, que haya efectuado el Gobierno de dicha Entidad Federativa” (solicitud folio 1613100054009).
La misma respuesta se dio cuando se preguntó si la clase empresarial o sus representantes habían enviado algún documento de inconformidad sobre la actuación de la Profepa: “después de una búsqueda exhaustiva realizada a sus archivos no se encontraron registros y/o antecedentes de que se haya recibido ningún documento de protesta, extrañamiento, o de solicitud de explicación o información por las clausuras de hoteles e infraestructuras turísticas realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, que hayan efectuado la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, las Asociaciones de Hoteles de Cancún y la Riviera Maya, o cualquier otra organización” (Solicitud folio 1613100054109).
Lo anterior hace evidente que las autoridades quintanarroenses, asociaciones hoteleras, y empresarios turísticos, únicamente levantan polvo ante los micrófonos, pero no “se molestan” en solicitar a la Profepa ni siquiera una explicación por la ejecución de sus actos, y menos aún, han emitido formalmente una protesta, inconformidad o “extrañamiento”.
Sólo existe una queja por la actuación de la Profepa, según reportó la Subdirección de Quejas de esa Procuraduría, al señalar que “únicamente se tiene el expediente folio PFPA/SJ/DGDAQ/80/0072-QROO, referente a la queja presentada por la señora Marcela Nolasco Pastoriza ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la presunta violación a los derechos humanos, derivada de la clausura de los Hoteles Alternature, Mayan Grill, Diamante K, Mezanine e Iberia, Tanka Segunda Sección y Tanka I sección II, ubicados en la carretera Costera Tulum-Boca Palia, Estado de Quintana Roo, realizados con apoyo de la Armada, y el cual cuenta con 22 fojas útiles”. Marcela Nolasco Pastoriza presentó la queja ante la CNDH en su carácter de Secretaria de Derechos Humanos del CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Uno de los que prometió que enviaría un “extrañamiento” a la Profepa, fue el gobernador del estado, Félix González Canto. El 27 de junio de 2009, el periódico Por Esto, consignó la siguiente información: (…) “como se recordará anteayer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Patricio Patrón Laviada, clausuró el hotel Dorado Marina y la Marina Maroma con el uso excesivo de las fuerzas armadas, alegando violaciones ambientales de años atrás”. “Al respecto el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, consideró que “esto va en contra de esta política” de recuperación del turismo y del empleo, luego de la emergencia sanitaria de la influenza humana”.
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“Se le cuestionó si presentará un extrañamiento a la Profepa, y respondió: Por supuesto que sí, reitero, hoy todos los niveles de gobierno debemos estar impulsando el empleo, impulsando el turismo, y estas acciones definitivamente son incongruentes”.
En esa ocasión, también la clase política y empresarial del estado se manifestó en la misma línea que el Gobernador de Quintana Roo, lo que quedó registrado por el referido periódico en sus ediciones del 26 y 27 de junio.
“La Profepa debería asumir su papel con mayor responsabilidad y no extralimitarse en sus funciones, porque requerir a los militares para asuntos que no son de su competencia además de inapropiada, es irresponsable al ocupar a uniformados que deberían estar centrados al 100 por ciento a ocuparse en el combate del narcotráfico y crimen organizado: Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún.
El ex presidente de la Canaco, Juan Carrillo Padilla, no descartó que las dolosas acciones de la federación al requerir a los militares para realizar clausuras en Quintana Roo, en medio de una crisis económica y ante la proximidad de las elecciones federales, no sean otra cosa que acciones con tintes políticos.
El director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Manuel Paredes Mendoza, dijo que “la clausura del hotel Dorado Maroma Beach y la Marina Maroma ha sido una acción desafortunada, en un momento crítico para la industria turística por la manera prepotente en que la Profepa actuó, además de la pérdida de la fuente laboral de más de mil trabajadores, mensaje negativo hacia el destino, refutó.
El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, consideró como incongruentes las acciones de la Profepa, contra empresas turísticas que buscan salir de las dificultades económicas, porque mientras los tres niveles de gobierno emprenden acciones para reactivar la economía, esa dependencia frena la recuperación.
De acuerdo con Abelardo Vara, el asesor de la Asociación de Hoteles de Cancún, el gran problema aquí es la forma en que se han realizado las acciones por parte del gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Cristina Alcayaga, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), dijo en ese entonces que se gestionaba una reunión con los titulares de la Profepa para evitar que se repitan las escenas que se registraron esta semana en el destino.
En los casos de las clausuras de los hoteles de Tulum en 2008, y de los hoteles del Grupo Real Resort de Fernando García Zalvidea, la tónica y la abundancia de las declaraciones fue similar al asunto del Dorado Maroma, pero desde 2005 a la fecha, gobernantes y empresarios han reducido la problemática a una guerra de declaraciones, pues, formalmente no se han inconformado. (Noticaribe)
