Ventilan viejo fraude inmobiliario

CANCUN, MX.- Fue el más ambicioso proyecto inmobiliario en la década de los 80, pero terminó en uno de los mayores fraudes en la historia de Cancún. Entre 1981 y 1987 más de dos mil inversionistas pagaron entre 500 y 800 mil pesos por un terreno en una zona con densidad cero, donde se planeó engañosamente el desarrollo denominado Villas de Cancún.

La operación fraudulenta, que podría superar los mil 300 millones de pesos, se logró realizar gracias a las argucias de los propietarios de la inmobiliaria con el aval de las autoridades, motivo por el cual se preparan las demandas por parte de los agraviados quienes analizan incluso “donar” sus terrenos a invasores, pues prefieren verlos ocupados que perderlos.
Para la dirección de Desarrollo Urbano la supermanzana donde están localizados los terrenos vendidos, que es la 146, ni siquiera está en el plan director. Tampoco tienen ningún fraccionamiento autorizado con el nombre de Villas de Cancún, lo que hace aún más evidente el ilícito.
Y mientras en esa dirección ni siquiera hay indicios de este desarrollo, contrariamente la Tesorería Municipal expide a la fecha los requerimientos por pago de predial y las observaciones catastrales correspondientes.
Es decir que los dueños de los terrenos vendidos por la desarrolladora no tienen ningún servicio en la zona pero sí deben pagar los impuestos correspondientes.
El proyecto “fantasma” se localiza en los predios rústicos marcados con los números 12-A y 13-B, en la zona de captación de agua número seis, del municipio de Benito Juárez. Hoy en día sólo es posible entrar hasta lo que fue la casa muestra, a la altura del kilómetro 300+300 de la carretera Cancún-Mérida.
Dicen los afectados que al principio la empresa construyó una entrada similar a las que se pueden observar en otros desarrollos ubicados en el bulevar Luis Donaldo Colosio, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que ya ni siquiera había acceso por esta parte.
Estos terrenos, según señalan los afectados, eran propiedad del conocido político Joaquín González Castro, que previo a tomar el cargo como presidente municipal de Benito Juárez los vendió a la inmobiliaria de la que incluso era socio, y ésta última finalmente se encargó de fraguar el ilícito.
También dijeron que Villas de Cancún fue constituida el 8 de julio de 1980 ante la fe del Notario Público Número Uno, Leopoldo Velarde Espinosa, en Chalco, Estado de México. Su testimonio quedó bajo el registro 122 a foja 396 e inscrita el 18 de febrero de 1983 bajo el número 4397 del Tomo Sexto, Sección Cuarta, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún.
El abogado de un grupo importante de agraviados, José Luis Santisteban, refiere que según el testimonio notarial, la Sociedad Inmobiliaria fue constituida al principio por el ingeniero Efrén Domínguez Godínez, el licenciado Aurelio Silva Laurencio, la señora María Emilia Gurza Rubio, el señor Víctor Aguirre, el arquitecto Raúl Bailón Uriza y, por supuesto, el dueño de los terrenos José Joaquín González Castro.
Relatan que para 1985, en asamblea general ordinaria, se vendieron acciones y se nombró nuevo Consejo de Administración de Villas de Cancún, S.A. En este acto la presidencia recayó en el arquitecto Alfonso Pruneda, la secretaría en el ingeniero Pedro Mucharraz Saldaña, y como tesorera quedó María Emilia Gurza Ruibo, lo cual quedó asentado en el acta notarial mil 615, bajo la fe del Notario Público Número Cuatro, Cándido Mejía García, de la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, de fecha 19 de marzo de ese mismo año. Sin embargo, nadie se imaginaba lo que iba a venir.
Durante el primer año de gobierno de González Castro, y unos meses después de la venta de las acciones y cambio de administración, la Dirección de Obras Públicas del estado pidió la suspensión de los trabajos, con el argumento de que había riesgo de contaminar los mantos freáticos, lo que era desconocido por los adquirientes.
Refieren los agraviados que en este caso las autoridades y socios de la compañía sí lo sabían, pero callaron. De hecho la venta de los predios siguió en marcha, sin importar que la medida estaba adoptada e impedía cualquier tipo de construcción en esa parte de la ciudad.
Además, comentan los denunciantes, es claro que el propio González Castro no podría desconocer la prohibición para construir en la zona de captación de agua potable, sobre todo porque durante sus primeros años de gestión como alcalde se caracterizó por llevar a cabo programas de descontaminación en jardines y parques y, lo principal, la protección de la laguna Nichupté, para lo cual creó un Subcomité de Protección.
La desarrolladora nunca notificó a los compradores de la medida que impedía continuar con el proyecto, y en cambio seguía “embolsándose” millones de pesos a razón de los pagos de quienes soñaban en construir algún día no muy lejano una casa de campo para disfrutar con la familia.
Familias enteras aprovechaban entonces los fines de semana para realizar un recorrido en lo que sería un “magnífico desarrollo”, único en su tipo en esos años. Incluso tenían acceso precisamente por una entrada espectacular, donde además se podía visitar el área de oficinas para conocer algo más del proyecto.
Testimonios de los afectados reflejan el grado de frustración e impotencia que tienen ahora, pues a pesar del paso de los años, nadie da una respuesta. El proyecto al final fue eso, una farsa. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)