CANCÚN, MX.- El hecho de que Quintana Roo se ubique, de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), A.C., en el nivel más bajo en el Sistema de Derecho Confiable y Objetivo -por la deficiente procuración de justicia y un acelerado crecimiento en la inseguridad producto del crimen organizado-, genera inestabilidad en las inversiones e inhibe la apertura de nuevos negocios.
Aunque de acuerdo con cifras del secretario de Desarrollo Económico estatal, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, la entidad registra una inversión anual de dos millones de dólares, la inseguridad y la violencia que en los dos pasados ejercicios fiscales se dispararon intimidan el interés de los hombres de negocios por desarrollar sus proyectos en diversos sectores productivos, principalmente en el ramo turístico.
Al respecto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Alor Quezada, reconoció que la falta de credibilidad en el sistema jurídico, así como la inseguridad originada por el narcotráfico, afectan la percepción de la iniciativa privada al grado de que ése es el primer punto a debatir en la mesa para la apertura de nuevos negocios.
Ante ello, es lógico que las cifras del IMC establezcan que la seguridad es pieza clave para los inversionistas, pero más todavía si perciben un sistema de procuración de justicia cuestionado, en donde la población incluso prefiere no interponer las denuncias de delitos comunes, ante la burocracia y la falta de capacitación de quienes se encargan de iniciar las investigaciones, así como la nula eficacia en el combate al crimen organizado.
Es más, las pugnas que genera el narcotráfico por el control de la plaza, sobre todo en ciudades como Cancún y Playa del Carmen, han reprobado las acciones de las instancias de procuración de justicia, al grado de que los levantones, los ejecutados y ajustes de cuentas se han hecho cotidianos de 2006 a la fecha.
Bajo ese panorama, Alor Quezada admitió que el hampa ha rebasado las acciones judiciales. Sin embargo, dijo que esta situación no es privativa de Cancún, sino de todo el país, y por ello la urgencia de coadyuvar con los tres niveles de gobierno a fin establecer un mecanismo eficaz para garantizar la procuración de justicia.
Dijo que el Gobierno del Estado está preocupado por el crecimiento desmedido de la inseguridad a pesar de que este sexenio es el que ha registrado la mayor inversión de recursos en infraestructura inmobiliaria. “La cifra es variable, pero son muchos millones de pesos, y estamos en el camino de mejorar nuestras acciones”, expresó.
Añadió que también están enfocados en la atención a la denuncia, que es punto neurálgico para lograr una mayor confianza entre la población, y la cual gira en una prontitud en la integración de la averiguación previa, agilidad en el seguimiento de los casos y sobre todo en la profesionalización de los ministerios públicos.
Las estadísticas del IMC señalan que Cancún, Playa del Carmen y Chetumal presentan un índice de 9.75 en lo relacionado a la corrupción y buen gabinete, una cifra considerada la más alta en cuanto a falta de credibilidad del sistema de procuración de justicia, y que se compara desfavorablemente, por ejemplo, con el 3.1 que registra Colima.
En tanto, la incidencia delictiva también se enfila hacia la cima nacional, pues Quintana Roo registra un promedio de mil 441.98 actos criminales por cada 100 mil habitantes, mientras que la percepción sobre la seguridad en los hogares va a la baja, de tal suerte que la desconfianza de la población alcanza el 47.7%, 30 puntos porcentuales más que en estados como Coahuila, Puebla o Colima.
Asimismo, la imparcialidad de los jueces cayó drásticamente en Quintana Roo, pues en la lista de las ciudades con menos corrupción esta área alcanza un 3.51 por ciento de confianza, con un 2.51 en Cancún y Chetumal.
Con ello el IMC pretende probar cómo con un sistema de procuración de justicia cuestionado y un índice delictivo al alza que rebase las acciones de las instancias policíacas se generan condiciones de incertidumbre para la apertura de nuevos negocios y el flujo de inversiones, pues para la iniciativa privada un panorama conflictivo resulta intimidante.
Sin embargo, Rodríguez Carrillo afirmó, a pesar de las cifras que colocan a Quintana Roo entre las entidades con el perfil más bajo de confiabilidad en la procuración de justicia, que las inversiones continúan, al grado de que se calcula una derrama económica como nunca antes se había visto, dado el interés que tienen empresarios extranjeros, la mayoría asiáticos, por invertir en rubros del sector agropecuario.
“No podemos ignorar que la delincuencia se incrementó significativamente, pero aun con todo, la entidad sigue siendo un imán para las inversiones, pues anualmente cerramos con ingresos en este rubro de dos millones de dólares anuales”, apuntó el secretario de Desarrollo Económico.
Por su parte, Alor Quezada sostuvo que la inseguridad es el principal punto que entra en las negociaciones a la hora de que los empresario intentan establecerse en el estado, pues el hecho de que haya una procuración de justicia cuestionada “aquí o en China pone en alerta a los inversionistas”.
Añadió que ése es un punto básico en el comportamiento de los flujos de capital, en la creación de nuevos negocios, independientemente del rubro que sean. Tan esa así, indicó, que si la inseguridad sigue al alza se corre el riesgo de una disminución drástica en la captación de recursos por esta vía.
Reveló que precisamente ése fue el tema de la reunión que sostuvieron en días pasados en la Ciudad de México los procuradores de las 32 entidades del país con funcionarios federales. Ahí se advirtió que de no atenderse el problema de la seguridad, y si no se combate de manera frontal la delincuencia organizada, habrá inestabilidad económica y por ende el flujo de inversiones será nulo. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
