CANCÚN, MX.- El alcalde depuesto de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, habría recibido un pago inicial de 27 mil dólares del cártel de los Beltrán Leyva, a cambio de permitir el paso en el aeropuerto de esa ciudad a un número indeterminado de cubanos indocumentados.
Lo anterior se desprende de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, contra Gregorio Sánchez Martínez, por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de indocumentados, los cuales ya radican en el expediente 122/2010-VI del Juzgado Segundo de Distrito Federal con sede en Nayarit.
La acusación en torno al dinero recibido por Gregorio Sánchez de parte del crimen organizado, se desprende de la declaración de los testigos protegidos Lucero, “Jennifer”, Zajed y Orión, ex miembros de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de “Los Zetas”, quienes han recibido el beneficio de recibir protección policial y no ir a prisión, son el sustento de las acusaciones formuladas por fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los ex funcionarios públicos que presuntamente se encontraban en las narconóminas por ofrecer protección a esos grupos criminales, lo cual los tiene ahora en la cárcel federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
La investigación
Testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan las cantidades que presuntamente recibían desde el alcalde con licencia y ex candidato al gobierno del estado, Gregorio Sánchez, “Greg”, los ex delegado y subdelegado de la PGR en el estado, Nicolás Hernández Mendoza y Jesús Vega Romero, el ex encargado de la Policía Federal en el aeropuerto de Cancún, Ricardo Flores Castro, el ex secretario estatal de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas, y policías municipales.
Las declaraciones de Lucero, “Jennifer”, Zajed y Orión señalan que Gregorio Sánchez sí recibió dinero en varias ocasiones por parte de los grupos delictivos con los que es relacionado.
De acuerdo con estas versiones, en las nóminas de los cárteles hay políticos o gente del gobierno, como los delincuentes les llaman. La función de éstos es subordinar a las autoridades policiacas, como son sus secretarios de Seguridad, sean estatales o municipales, para que no investiguen o proporcionen los medios adecuados para que la organización pueda transitar y desplazarse. Además de los pagos a quienes venden la protección a esas bandas y ocupan importantes cargos públicos, incluye la posibilidad de invertir en la compra-venta de droga.
Los alcaldes como el caso de “Greg” recibían, según la declaración de este testigo, 30 mil pesos quincenales. Los regidores y síndicos recibían esa misma cantidad, pero lo más importante para quienes tuvieran cierto rango político -como el caso de un presidente municipal- era la posibilidad de entrar a la “polla”. Esto es invertir en la compra y venta de cocaína y obtener alrededor de 10 mil dólares por cada kilogramo de la droga que era enviada a Estados Unidos y Europa.
“Greg” recibía presuntamente mayores ganancias por una sola operación de tráfico de indocumentados. Por ejemplo, el testigo protegido Zajed dijo que él entregó 27 mil dólares a un tercero pero que eran destinados al entonces alcalde Cancún, dinero que fue a cambio de permitir el paso en el aeropuerto de esa ciudad a un número indeterminado de cubanos indocumentados. Otra declaración contrastante, la del testigo Orión, señala que en una ocasión él le entregó por parte de “Los Zetas” un millón de pesos a un enviado del alcalde.
Según “Jennifer”, daban 450 mil dólares a los elementos de la PFP destacamentada en el aeropuerto de Cancún.
Entregaban 200 mil dólares al director y subdirector de Aeronáutica Civil en Cancún, que en ese momento tenían José Luis Soledana -ejecutado- y José Luis Ortiz Martínez.
Cabe recordar que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en El Rincón decidió decretar el auto de formal prisión a “Greg Sánchez” por considerar que sí hay elementos suficientes para seguirle un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en términos del dispositivo del Código Penal Federal.
Además, se le procesará por delitos contra la Salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento de la comisión o ejecución de delito contra la salud, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción III del Código Penal Federal.
Igualmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de depósito dentro del territorio nacional, de recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de alentar alguna actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Desde el pasado 13 de mayo de 2010, el Ministerio Público federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), consignó la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, contra Gregorio Sánchez Martínez, por los delitos referidos, la cual se radicó bajo el número 122/2010-VI. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
