CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado dio entrada hoy a una iniciativa para crear la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo” que abrogaría a la actual ley que no ha sido modificada desde hace más de diez años, y que impediría, de ser aprobada, que funcionarios públicos puedan beneficiarse con la adjudicación de obras y servicios de los gobiernos estatal y municipales.
Se trata de una iniciativa promovida por el diputado Mario Alberto Castro Basto, integrante del grupo parlamentario del PRI, en la que hace patente la necesidad de redefinir completamente el actual cuerpo normativo en la materia con la finalidad de hacer transparente, confiable, eficaz y honesto los procedimientos para la licitación y adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, y al mismo tiempo garantizar al contratista seguridad jurídica en los concursos de licitación que favorezcan la inversión y el empleo regional.
En esa iniciativa se plantea una serie de criterios y las condiciones por las que una licitación puede ser cancelada, evitando el libre arbitrio de las personas.
De hecho, “la Ley impide recibir propuestas o celebrar contrato alguno principalmente con personas(físicas o morales): en las que participe (como beneficiario) un servidor público directa o indirectamente, que desempeñe algún cargo público o en sociedades licitantes; a aquellos contratistas que por causas imputables a ellos se le haya rescindido un contrato público; las que se encuentren inhabilitadas, los que participen en un mismo procedimiento o vinculados entre sí, o aquellas que tengan un vínculo con la ejecución de la obra en forma indirecta o anticipada; de aquellas que hayan utilizado información privilegiada, entre otras”.
Explica el documento que la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, publicada el 30 de noviembre de 1998, a más de diez años de su entrada en vigor, no ha sido reformada respecto a su estructura y contenidos, lo que impide responder eficazmente a la resolución de las realidades y complejidades del entorno económico, social y político de los últimos tiempos.
“La ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo en vigor, contrario a la dinámica presentada en el ámbito de la Legislación Federal, donde en la última década se dieron avances importantes que transformaron radicalmente la normatividad en la materia, no ha experimentado reforma o adición alguna tendiente a actualizar sus contenidos, de acuerdo a las condiciones económicas y sociales de los últimos diez años, así como tampoco se han introducido reformas sustanciales para que en un contexto de modernidad y desarrollo se elabore un ordenamiento jurídico promotor de la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente necesarios”.
Ante ello, se propone ahora a la XII Legislatura un ordenamiento legal que coadyuve a la optimización de la calidad de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, a la prioridad de su realización, al rendimiento de las inversiones y a su oportuna ejecución. En suma, a las estrategias, métodos y técnicas para que las obras públicas cumplan con las finalidades para las que sean proyectadas.
En la sesión realizada este jueves, concluyó también la gestión del presidente de la mesa directiva del primer mes del segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, de extracción panista, Enrique Osorio Magaña, y fue electa la mesa directiva para el segundo mes que quedó integrada por los diputados Luis González Flores y Wiliam Souza Calderón, como presidente y vicepresidente, respectivamente, quienes recibieron el voto en forma unánime de los legisladores. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
