CHETUMAL, MX.- Apenas dos días después de que el Congreso de Quintana Roo aprobara un endeudamiento hasta por 2 mil 700 millones de pesos solicitado por el gobernador Félix González Canto, los diputados avalaron el jueves la reestruccturación de la deuda del municipio de Benito Juárez y la contratación de un endeudamiento al municipio de Othón P. Blanco.
En el caso de Benito Juárez, la aprobación de la reestructuración de la deuda avala un monto de mil 400 millones de pesos, lo que permitirá la comuna reactivar sus flujos financieros al prorrogar su deuda a un plazo de hasta 20 años, según lo expuesto en la sesión del Congreso.
En el caso del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, los diputados aprobaron la contratación de un crédito hasta por 130 millones de pesos, dinero que, según se dijo, será destinado para obra pública productiva dañada por tormentas.
En su oportunidad el Ayuntamiento de Benito Juárez solicitó al Congreso del Estado autorización para refinanciar la deuda que sostiene actualmente -y que según documentos supera los mil 500 millones de pesos-, como medida necesaria para que la comuna pueda hacer frente a los fuertes compromisos de pago a sus acreedores tanto bancarios y particulares, permitiéndole además la posibilidad de otorgar los servicios municipales propios de esa la autoridad.
Y es que a decir de los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez, entre ellos el propio presidente municipal, Jaime Hernández Zaragoza, quienes comparecieron ante legisladores de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, la comuna prácticamente se encuentra en quiebra técnica al no contar con recursos suficientes incluso hasta para pagar la nómina de sus trabajadores.
El alcalde benitojuarense argumentó la necesidad de refinanciar su deuda por mil 400 millones de pesos para lograr el equilibrio financiero entre sus ingresos y los fuertes compromisos de pago de créditos a punto de vencer, servicios, gasto corriente y proveedores.
La estrategia que persigue el municipio de Benito Juárez prácticamente se basa en el refinanciamiento de la deuda para hacerla pagadera a 20 años, de forma tal que, con los recursos crediticios ya reestructurados a menores tasas de interés y capital, aunado al período de gracia o de no cobro por un mínimo de seis meses, se liberen los flujos financieros, permitiendo a la comuna liberar recursos y activar sus servicios en forma eficiente en beneficio social.
Hernández Zaragoza mencionó en su momento que “es urgente la despresurización de los flujos financieros para acceder a una disminución de compromisos y de manera conjunta optimizar el flujo de efectivo por una parte y fortalecer el ingreso por la otra”.
Luego de varias reuniones de comisiones, el asunto fue turnado al pleno legislativo para someterlo a consideración de los diputados, quienes aprobaron el dictamen que autoriza la reestructuración de los mil 400 millones de pesos de la comuna de Benito Juárez, con una votación a favor de 23 diputados, y tan sólo dos en contra -de los diputados José Francisco Hadad Estéfano y el expriista, ex convergente y ahora panista Wiliam Souza Calderón.
Con relación al municipio de Othón P. Blanco, los legisladores aprobaron en el mismo sentido la autorización para que la comuna pueda adquirir empréstitos hasta por 130 millones de pesos, pagaderos a 20 años, y que serán destinados para diversas obras públicas productivas.
De acuerdo a lo manifestado en su oportunidad por el presidente municipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, los recursos crediticios servirán para solventar las necesidades en materia de reparación, rehabilitación y reconstrucción de caminos rurales, vialidades, luminarias, domos deportivos y drenaje pluvial, así como apoyos destinados al sector agropecuario y vivienda, que fueron afectados por los fenómenos meteorológicos registrados en el presente año.
Ruiz Morcillo explicó en su oportunidad que a pesar de los daños que registró el municipio por los meteoros que impactaron la zona, el gobierno federal no autorizó recursos del Fonden, de ahí la necesidad de hacer frente a las obras mediante el crédito financiero.
En otro orden de ideas, los diputados aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de Quintana Roo para reglamentar el aborto por el delito de violación y obligar a las autoridades ministeriales y de salud a responder de manera efectiva para que las féminas puedan abortar, a petición de ellas o de sus padres en caso de ser menores de edad, cuando resulten embarazadas.
La reforma consiste básicamente en agregar una “sección tercera bis” al Código Penal de la entidad titulado: “Procedimiento para la interrupción del embarazo cuando se actualiza el supuesto del artículo 97 fracción II del Código Penal”.
Cabe señalar que la ley sancionadora permite el aborto en cuatro casos que son; por violación, por culpa de la mujer embarazada -caída accidental-, por padecimiento de alteraciones genéticas o congénitas graves del producto, y cuando el embarazo pueda ocasionar la muerte de la madre. (Con información del Congreso)
