Exhiben a Grupo Ponce y Ara de actuar en contubernio con los gobernadores de QR y Yucatán para despojar a ejidatarios de Holbox

CANCÚN, MX.- Los empresarios Fernando Ponce García y su yerno Ermilo Castilla Roche, en contubernio con los gobernadores de Yucatán y Quintana Roo, pretenden quedarse con una porción privilegiada de tierra en la isla de Holbox, asegura el periodista Darío Celis en su columna Tiempo de Negocios que se publica este jueves en el periódico Excélsior.

Engañaron a ejidatarios y compraron a un valor 60% abajo de su precio real una buena parte de aproximadamente diez mil metros con frente a la playa en una de las zonas más protegidas por su entorno ambiental. En este escándalo para despojar de 4.5 hectáreas a 116 ejidatarios, están involucrados el New York Bank Mellon y funcionarios de la Profepa, que lleva el ex gobernador yucateco, Patricio Patrón Laviada. Asimismo, funcionarios de la Reforma Agraria y miembros del Tribunal Superior Agrario, que preside Marco Vinicio Guerrero Martínez, como consta en las denuncias con folios 250/2010 y 312/2010 del Tribunal 44 de Chetumal.
El litigio, que inició el 3 de junio de 2010, revela una serie de irregularidades y complicidades. Por principio el magistrado Benjamín Arellano que admitió el expediente fue trasladado a Cuautla y su relevo está dilatando el caso. Se trata de Georg Rubén Silesky Mata, quien se ha negado a señalar fecha de audiencia en el juicio. Y resulta que Guerrero Martínez es consuegro de Roberto Hernández, que al igual que los Laviada, tienen intereses en Holbox.
Ponce García, empresario inmobiliario, embotellador de Coca-Cola y distribuidor de automóviles y tractocamiones, junto con Castilla Roche, constituyeron en enero de 2006 un fideicomiso. Es el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la isla de Holbox, cuyo propósito era que los ejidatarios aportaran sus parcelas con dominio pleno al fideicomiso y el fiduciario obtuviera el mejor precio de venta al público. Estamos hablando de unos cien terrenos de 4.5 hectáreas cada uno, con cien metros de frente al mar. Pero resulta que Ponce García los vendió a su propia empresa, Península Maya Developments. Y pagó a los ejidatarios apenas 2.5 millones de pesos a cada uno por su parcela, cuando éstas tienen un precio en el mercado inmobiliario de diez millones de pesos, contraviniendo lo señalado en el contrato.
La venta de los terrenos fue efectuada sin los avalúos que deben realizarse de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Agraria, y con el aval del delegado de la Procuraduría Agraria, Jorge López Negrete. Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que en la mayoría de los casos se obtuvo la firma de los ejidatarios involucrados mediante engaños y se falsificaron algunas de sus firmas. Las empresas Península Maya Group y O&A Real Estate Development Partners, de Emilio Castilla, pretende desarrollar un complejo turístico de gran magnitud en la isla de Holbox, llamado La Ensenada.
Pero ahí no para todo: en diciembre de 2008, en una asamblea convocada por gente de Ponce García y con anuencia del comisariado ejidal, se acordó la separación de 65 ejidatarios de Holbox, que no estuvieron presentes.
Se pretextó que existieron convenios de cesión de derechos al Fideicomiso sobre los derechos de uso común que le correspondía a cada ejidatario.
Los ejidatarios “otorgaron” a García Ponce 40 hectáreas de terreno con estas cesiones. Pero los derechos de estos 65 ejidatarios fueron entregados a 65 “nuevos ejidatarios”, entre quienes se encuentran Germán Ahumada, accionista mayoritario del Grupo Ara, la desarrolladora de vivienda. Ahumada está asociado con Ponce García para el desarrollo de Holbox, así como parientes del ex gobernador Patricio Patrón Laviada, y los mismos García Ponce y Castilla Roche. Es decir: distinguidos miembros de la sociedad yucateca, la mayoría domiciliados en la exclusiva colonia Montecristo de Mérida, Yucatán. (Fuente: Darío Celis, Tiempo de Negocios, Excélsior)