Demandan al gobierno cumplir recomendaciones de Cdheqroo

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CHETUMAL, MX.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) dio un ultimátum a las dependencias “que viven bajo la política de la simulación” e incumplen con las recomendaciones del organismo.


Enrique Mora Castillo, ombudsman estatal, les dio plazo hasta el 10 de diciembre para acatar las recomendaciones que son ignoradas en el 75% de los casos. De lo contrario, se tomarán como no cumplidas y aparte de dar vista al Congreso estatal en el próximo informe de actividades de la Cdheqroo, se darán a conocer de manera pública los nombres de los titulares de las dependencias que se han convertido en cómplices de las irregularidades cometidas por sus funcionarios contra la ciudadanía.
Mora Castillo señaló que la Comisión a su cargo ha emitido a la fecha 45 recomendaciones a diversas autoridades, pero hasta el momento sólo se aceptan, pero no se acredita su cumplimiento.
Citó que 34 del total fueron aceptadas, pero no cumplidas en todos sus términos, lo que representa el 75% de incumplimiento.
La Procuraduría General de Justicia tiene 11 recomendaciones pendientes de cumplimiento; el Ayuntamiento de Solidaridad tiene 10; el Ayuntamiento de Benito Juárez cuenta con 6; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene tres y los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Cozumel tienen pendientes una cada uno.
El ombudsman señaló que para la Cdheqroo no sólo es importante que los funcionarios reciban la recomendación, sino que además la acaten y la cumplan en todos sus términos, de no hacerlo es prácticamente entrar a una política de simulación, lo cual no va a ser permitido, advirtió.
Para terminar con esta actitud de los funcionarios en cuestión, dijo, se está notificando a cada uno de ellos. Tienen a más tardar el 10 de diciembre de este año para acreditar en su totalidad el cumplimiento. En caso de que no lo acrediten en esa fecha, para la comisión será no cumplida y por lo tanto así constará en el informe que se rinda al congreso en enero del próximo año.
“Si un presidente municipal o el procurador no sanciona a quien violentó un derecho humano fundamental se convierte automáticamente en cómplice”, concluyó. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)

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