MÉXICO.- Empresa aeronáutica del gobernador de Puebla, Mario Marín, captó millones de pesos gracias al erario de nueve administraciones estatales emanadas del PRI, según una investigación de la periodista Lydia Cacho.
Las administraciones priístas de los estados de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México favorecieron con millones de dólares del erario a la empresa aeronáutica de Mario Marín Torres, gobernador de Puebla.
Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V. nació en 1999 en Puebla, sin tener helicópteros ni aviones, como una modesta empresa denominada Taxi Aéreo. Fue en ese año que el empresario y ahora diputado local electo del PRI Ricardo Urzúa Rivera confesó que el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, pagó 300 mil dólares por adelantado a Taxi Aéreo por horas de vuelo que utilizaría, sin que existieran aeronaves para volar. Fue así como esta empresa adquirió el primer avión jet Sabreliner 60 matrícula XA-TPU con recursos aportados por el priísta Hendricks.
Desde esa fecha funcionarios emanados del PRI tejieron una red de irregularidades y complicidades para desviar recursos del erario que permitieron constituir y consolidar esa empresa.
En el año 2001, el diputado Urzúa Rivera mandó traer de la fábrica de Dallas, Texas, un helicóptero Bell 407 matrícula XALUR, con un costo de 3 millones de dólares. El propio Urzúa Rivera admitió que obtuvo esos recursos de la administración del entonces gobernador priísta Melquiades Morales (1999-2005).
Un año después, la empresa pagó 3 millones de dólares a la misma fábrica, por otro helicóptero Bell 407 matrícula XA-RUR, con las iniciales de los hermanos Luis y Ricardo Urzúa Rivera, quienes presumieron que el dinero había salido de las arcas del Gobierno de Puebla.
Crecimiento “precioso”
Pero, sin duda, el boom de Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V. llegó con la inyección de recursos del llamado “Góber Precioso”, Mario Marín (2005-2011), quien compró la empresa a través de su hijo Mario Marín García. Así, Ricardo Urzúa Rivera se convirtió en socio o prestanombres de Marín García, hijo del Mandatario poblano. Este último fue quien aportó la totalidad del capital para el crecimiento y desarrollo de la empresa.
La aportación de Marín García asciende a más de 66.4 millones de dólares, para la compra-venta de helicópteros y aviones ejecutivos Lear Jet 45.
Desde la administración estatal el “Góber Precioso” destinó recursos para adquirir y dar mantenimiento a los helicópteros Bell-407 con matrículas XA-TUR, XA-YUR, XA-VGT, XA-RIC, XA-LUR, XA-RUR, XA-LUI, cuyo costo rebasó los 21 millones de dólares.
Además, compró en 16 millones de dólares dos helicópteros Agusta para el uso exclusivo de los viajes de Gobierno y en 3 millones de dólares, dos helicópteros Bell-206.
También adquirió en 600 mil dólares dos aeronaves Cessna 2008 XA-TWT. Una sufrió un accidente en Quintana Roo, en el que murieron nueve integrantes del equipo de campaña del entonces candidato y ahora gobernador electo del PRI Roberto Borge Angulo, en julio pasado.
Otras aeronaves adquiridas desde la llegada del capital de Marín a esa empresa son una Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR, de 300 mil dólares; un Falcon 20 de 35 millones de dólares, además de 4 Lear Jet 45 con un costo unitario de 9 a 10 millones de dólares.
Todas estas aeronaves son arrendadas a los gobiernos priístas de Durango, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco.
Cabe señalar que el principal cliente es el Gobierno de Puebla, que le ha permitido a esa empresa inflar los precios de renta de aeronaves. Por ejemplo, cobra 5 mil dólares por hora vuelo de helicópteros Bell 407, por encima del costo normal que oscila en 2 mil 200 dólares. Además factura en 8 mil dólares la hora vuelo de los helicópteros Agusta, que mantiene reservados para uso exclusivo del llamado “Góber Precioso”, cuando en el mercado el costo normal es de 3 mil 700 dólares.
En la mira de la DEA
En ese contexto, la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) pidió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), información sobre aeronaves que utilizó para sus desplazamientos el empresario poblano Darío López Fernández, detenido en el aeropuerto de Miami, Florida, en julio pasado.
De acuerdo con un informe enviado por la DEA a las oficinas de la SIEDO, empresarios de Puebla han realizado un sinnúmero de transacciones de dinero en efectivo para adquirir inmuebles y aeronaves en los estados de Texas y Florida. Además, han utilizado aviones particulares y helicópteros para el traslado de dinero en efectivo a territorio estadounidense.
A partir de esa petición, la SIEDO empezó a seguir la pista a las matrículas de aeronaves relacionadas con la empresa Servicios Aéreos Milenio.
De acuerdo con las investigaciones de la dependencia mexicana, el empresario López Fernández adquirió un helicóptero Bell matrícula XA-IMS a Maclovio Hernández, ligado a operaciones del narcotráfico. López Fernández y Maclovio Hernández tenían una sociedad empresarial que utilizaba las aeronaves King Air matrícula XB-DLS y un Cessna 182 matrícula XB-KWE.
La Procuraduría General de la República informó que la aeronave fue utilizada por el extinto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva para escapar de un cerco policiaco en Puebla. Correspondía a la matrícula XA-IMS, que es la misma unidad aérea que transportó, durante sus actos de campaña, al ex candidato del PRI-PVEM a la gubernatura poblana, Javier López Zavala.
Las indagaciones de la PGR corroboraron, mediante pruebas periciales de diversas imágenes, que la aeronave utilizada por Beltrán Leyva para evadir el cerco policiaco tenía impresa la matrícula XA-IMS y partió del helipuerto del complejo de Marín Torres denominado JV, propiedad de Julián Ventosa, empresario acusado de presunto “lavado” de dinero.
Las investigaciones de la Procuraduría corroboraron además que la aeronave se elevó del complejo JV y no del hotel Florida, como falsamente informaron las autoridades estatales. (Fuente: Vanguardia)
