CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado aprobó este martes una nueva ley; se trata de la “Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo”; y estableció además un nuevo delito denominado “contra el desarrollo urbano” con el cual se pretende combatir a los desarrolladores que impulsan asentamientos humanos irregulares en la entidad.
Además, los diputados realizaron una serie de reformas y adecuaciones a 29 delitos del Código Penal del Estado con perspectivas en materia de equidad y género, actualizándolos para impedir que los victimarios se sustraigan a la acción de la justicia, pues entre las reformas se establece que ya no procederá el perdón ni la conciliación cuando el delito se relacione con hechos de violencia intrafamiliar.
Durante la sesión ordinaria realizada este martes por la noche, los legisladores aprobaron la creación del nuevo delito denominado “contra el desarrollo urbano” mediante la adición del título décimo primero del Código Penal que estará comprendido entre los artículos 268 y 272, en el que se establece básicamente que cometen ese delito: El que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos”.
Quien cometa ese nuevo delito podría alcanzar hasta diez años como pena de prisión y el pago de una multa de hasta tres mil días de salario mínimo.
Se trata de una iniciativa promovida por el titular del Ejecutivo del Estado para combatir a los desarrolladores que impulsan los asentamientos irregulares y que con su accionar provocan una serie de conflictos e incertidumbre jurídica entre las personas embaucadas, además de los problemas que generan a ubicar en zonas de alto riesgo a personas que difícilmente podrán acceder por consiguiente con las obras mínimas de urbanización.
Sin embargo, no se considerará un delito la división de lotes cuando ésta se derive de la adjudicación por herencia, prescripción o usucapión, o cuando se trate de donaciones o compraventas realizadas entre parientes.
Con relación a la nueva Ley y de acuerdo al documento legislativo, se pretende que incremente la certeza y seguridad jurídica en la entidad en donde los desarrollos condominales se han vuelto una constante.
De hecho, la nueva ley deroga una serie de artículos en la misma materia que se encontraban en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, de forma tal que ahora los condominios se encontrarán regidos por una ley en particular.
En otro orden de ideas, el Congreso del Estado emitió un exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que realice las investigaciones y los estudios necesarios que permitan reubicar al Estado de Quintana Roo en el área geográfica “A”, en lugar de la “C” en la que actualmente se encuentra clasificado, siendo ésta última la más baja en el salario mínimo que se aplica en perjuicio de los trabajadores, a pesar de que la entidad es preponderantemente una zona turística.
Por otra parte, la Legislatura dio entrada a tres iniciativas que plantean la eliminación de los trámites judiciales para la modificación de las actas del registro civil a fin de que éstas puedan ser rectificadas mediante un simple trámite administrativo.
Otra de ellas plantea la eliminación de los testigos para la elaboración de testamentos públicos abiertos, bastando la fe del notario público para dar validez y efectividad a la voluntad del testador con relación al fin que tendrán sus bienes al fallecer.
La siguiente iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para cortar los tiempos para que el Órgano de Fiscalización Superior entregue sus auditorías para su análisis y discusión del Congreso del Estado, a fin de dar mayor tiempo a los legisladores de la revisión de las cuentas públicas que plantea ese órgano fiscalizador. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
