CANCÚN, MX.- La impunidad en el asunto de los seis “narco-juniors” detenidos el pasado sábado en un domicilio de la Supermanzana 525 con un arma de fuego, varios cartuchos útiles y diversas dosis de drogas, quedó consumada este martes y la Procuraduría General de la República (PGR) le puso su “granito de arena”, pues sólo consignó a un juez federal a dos de los tres sujetos que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública les había puesto a disposición.
Abierta impunidad, tráfico de influencias, encubrimiento y proteccionismo prevalece y campea, con la cadena de delitos y actos criminales que laceran una y otra vez a los quintanarroenses y que no son sancionados, porque ya se han acumulado desde el asesinato de un velador a manos de policías federales, el triple homicidio en la cárcel de la ciudad y recientemente la detención de 6 narcojuniors y la inmediata liberación de tres de jovencitas entre ellas, Fernanda García Altolaguirre, hija del magistrado Francisco Javier García Rosado.
En el primer hecho sangriento la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) encubrió a los dos agentes federales que dispararon y mataron a un velador en Puerto Morelos. En el segundo hecho fueron asesinados tres de cuatro presos y el director de la cárcel no dio la cara y a los pocos días fue trasladado a la ciudad de México por una enfermedad de urgente atención. Y el caso más reciente afloró la impunidad cuando el secretario de Seguridad Pública Municipal evitó que la hija del magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) fuera encarcelada tras ser detenida con otros cinco jóvenes con cocaína, marihuana.
Fue durante la primera semana de mayo cuando elementos de la Policía Federal a bordo de una patrulla dispararon y mataron a Isidro Zambrano Mulato en un vivero cerca de Puerto Morelos.
Poco después los dos policías federales que participaron en la supuesta balacera en donde mataron al velador Isidro Zambrano Mulato, serían citados a declarar ante el Ministerio Público del Fuero Común, quien a la par del Ministerio Público Federal lleva esta investigación no aclarada hasta el momento.
Lo curioso es que los dos agentes federales no han sido declarados hasta la fecha.
Lo grave de todo ello es que durante los hechos y a pesar de que la policía federal intentó a toda costa evitar la intervención de la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte en los hechos ocurridos el domingo primero de mayo, la dependencia estatal tuvo que intervenir cuando Isidro Zambrano Mulato perdió la vida en el Hospital General a consecuencia de los cinco impactos de bala que recibió a manos de los federales que tripulaban la patrulla 12121.
Cabe recordar que el día de los hechos, los federales reportaron “un enfrentamiento” a balazos con supuestos sicarios que iban a bordo de una camioneta tipo Ranger color rojo, con placas de circulación SZ-81537.
Sólo que fuera del vivero “Coplansur” ubicado a la altura del kilómetro 330 de la carretera Puerto Morelos-Cancún, donde quedó la camioneta en mención con varios impactos de bala, se detectó que los balazos fueron de la patrulla a la camioneta. Y los policías federales que iban en la patrulla 12121, presentaba al menos unos 30 impactos que fueron hechos desde el interior de la patrulla.
Fue desde ese momento que las interrogantes surgieron ese mismo día cuando peritos de la Subprocuraduría de Justicia en la zona Norte y policías judiciales intentaron intervenir para iniciar con las investigaciones. Sólo que la respuesta de los federales fue rotunda: nadie podía intervenir porque la investigación la llevaría la Procuraduría General de la República (PGR)..!
Mientras tanto en cuanto al triple homicidio ocurrido en la cárcel de esta ciudad, la investigación se mantienen con pocos y escasos resultados.
La investigación de tres de los cuatro presos que fueron atacados no se ha aclarado, aunado a que el director de la cárcel, Higinio Sánchez Baltasar, fue trasladado de urgencia a la ciudad de México por una enfermedad, aunque no se precisó lo que padecía.
Ya ha pasado una semana desde el motín al interior de la cárcel, en donde uno de los internos resultó muerto durante la revuelta y 28 más resultaron lesionados.
Esto derivó en el traslado de reos ligados a “Los Zetas”, entre ellos Alberto Gabriel Morante Villanueva (a) “El Beto”, quien mantenía el control del autogobierno.
Esto según comentan familiares de internos, mantiene una tensa calma al interior, pues aseguran que aunque “El Beto” haya sido trasladado a otro penal, existen muchos más integrantes de la organización delictiva que mantendrán el liderazgo al interior.
Diez días han pasado ya del asesinato de tres internos, a manos de otros reclusos y hasta el momento ni esta, ni la investigación por el muerto durante el motín, han avanzado significativamente.
Asimismo el tercer caso que se detalla en nota parte señala a la corporación de Seguridad Pública Municipal, en donde el mismo personal aseguró que las tres jovencitas entre las que se encuentra Fernanda García Altolaguirre, habían sido liberadas ante la presión ejercida por el padre de ésta, el magistrado Francisco Javier García Rosado.
Incluso, señalaron que fue el propio secretario de Seguridad Pública Armando Alvarez Morales, quien rescató a García Altolaguirre a petición del padre.
En todo un “misterio” se convirtió la puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, de los seis jóvenes detenidos en la Supermanzana 525 la mañana del sábado.
Y es que el mismo día, trascendió el hecho de que Fernanda García Altolaguirre, Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn; habían sido liberadas en el área jurídica de Seguridad Pública y que sólo habían sido puestos a disposición de la PGR Mauricio Canto Miró y los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán.
Lo cual quedó confirmado este martes, con la consignación sólo de dos de los tres jóvenes identificados como Mauricio Canto Miró y Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo”.(Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
Se trata de Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo” y Mauricio Canto Miró, quienes alrededor de las 03:45 horas de este martes, fueron ingresados al penal de Cancún por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), mismos que quedaron a disposición del Juzgado Quinto de Distrito bajo la causa penal 43/2011 por el delito de portación de armas y cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, así como por posesión de marihuana y cocaína.
Con ello, una vez más la impunidad y el tráfico de influencias fue determinante para decidir en una acción sumamente grave, misma que inició el propio secretario municipal de Seguridad Pública, Armando Alvarez Morales quien arbitrariamente liberó por ordenes del presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, a las tres mujeres que también habían sido detenidas, entre ellas Fernanda García Altolaguirre de 25 años, hija del magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Francisco Javier García Rosado.
Las otras liberadas fueron Saraí Vargas López, de 18 años de edad, originaria del DF y Nicolette Osorio Bonn, de 19 años de edad, originaria de Jalisco, todas estudiantes de universidades de prestigio en este polo turístico, mismas que nunca pisaron los separos policíacos desde el momento en que fueron detenidas por elementos de las patrullas 5612 y 5603.
Ante esto, la policía municipal sólo procedió a la puesta a disposición de los tres varones que respondieron a los nombres de Miguel Sosa Barragán (a) “Mike”, Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo” y Mauricio Canto Miró, mismos que al vencerse el termino legal, la PGR que no se quiso quedar atrás en el manto de impunidad a la corrupción, decidió a través del Ministerio Público Federal sólo consignar a dos de los detenidos.
Silencio cómplice de la PGR
Para cerrar el círculo de impunidad, este martes la Procuraduría General de la República (PGR), consignó sólo a dos de los tres sujetos que Seguridad Pública les puso a disposición y por el hermetismo con el que ha actuado, se vuelve también cómplice de esta grave corrupción.
En reiteradas ocasiones, POR ESTO! de Quintana Roo solicitó información oficial al único enlace que supuestamente existe entre los medios y la PGR, que es Brenda Romina Martínez Sánchez, para conocer el estatus en el que fueron consignados los dos detenidos y los motivos por los cuales se dejó en libertad al otro, pero como siempre dicha funcionaria de membrete, dijo desconocerlos y además que no se encontraba en su oficina de donde como buena burócrata se retiró antes de las siete de la noche. Ni las llamadas ni mensajes a su celular quiso responder más tarde.
Ante ello, fue personal de la Cárcel de Cancún, quien confirmó que en el transcurso de la madrugada de este martes, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ingresaron a dos hombres al penal, mismos que responden a los nombres de Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo” y Mauricio Canto Miró y que quedaron a disposición del Juzgado Quinto de Distrito bajo la causa penal 43/2011.
Con ello, la imparcialidad del sistema de justicia quintanarroense queda una vez más en entredicho, y todo, por el asunto de los “narco-juniors”, iniciado luego de que la polémica hija del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Francisco García Rosado, fuera detenida el fin de semana junto con un grupo de “amigos” con droga y armas, e inmediatamente liberada gracias a la influencia política de su padre.
La detención se dio como colofón de una persecución policíaca que inició a las 6:30 de la mañana del sábado luego de que la policía recibió un reporte ciudadano que alertaba de presuntos disparos.
Al detectar la camioneta reportada, una Lincoln tipo Navigator, color blanco, con placas de circulación 944-UUA, los uniformados le marcaron el alto, empero los tripulantes se dieron a la fuga y se inició así la persecución que concluyó en el domicilio mencionado, cuando los ocupantes descendieron para refugiarse en el predio.
Ahí, los policías municipales cercaron el lugar, y con apoyo de las autoridades ministeriales y de la Armada de México, detuvieron a los seis sospechosos, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Los detenidos fueron turnados a la PGR, con excepción de Fernanda García, quien fue liberada de inmediato junto con sus amigas a petición de su padre y en donde intervino gente del gobierno del estado con el presidente municipal de Cancún, Julián Ricalde Magaña a través del secretario del ayuntamiento, Eduardo Galaviz Ibarra.
De hecho, fue el propio munícipe quien reconoció que se solicitó apoyo para liberar a Fernanda García Altolaguirre, pero dijo que esta petición vino de parte del gobierno del estado”.
Es importante señalar que fue el comandante Orlando Monzún, a cargo de la patrulla de Seguridad Pública 5407, en acudir al primer llamado que se hizo del número de emergencias 066 sobre personas armadas a bordo de una camioneta y fue él quien solicitó apoyo, incluso a otras corporaciones una vez que ubicó la unidad sospechosa. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
CANCÚN, MX.- El “apoyo de alto nivel” que permitió la liberación de Fernanda García Alto Aguirre, hija del presidente del Tribunal Electoral del estado, Francisco Javier Rosado, representa un mensaje “brutal de impunidad” que se envía a la sociedad y pone en entredicho la imagen de las instituciones, afirmó el líder del PAN en Cancún, Eduardo Martínez Arcila.
“El chistecito le va a salir caro a ‘papi'”, afirmó.
De hecho, ya hay quien pide la renuncia de Rosado, cuyo segundo período como presidente del Tribunal termina en febrero próximo.
Mientras crece el escándalo por pedir que liberen a su hija, quien fue detenida el sábado por la policía municipal, luego de que participó en una balacera junto con otras cinco personas a las que se les decomisó armas y drogas, el Ministerio Público Federal consignó ayer ante un juez de distrito a dos de las tres personas -todos varones-, que le consignó la policía municipal que, junto con la hija del magistrado, liberó también a otras dos mujeres, sin que cumplieran con todo el proceso que establece la ley para ello.
Mauricio Miro y Cristian Sosa Barragán son quienes fueron puestos a disposición de un juzgado de distrito y trasladados a la cárcel de Cancún. Miguel Sosa Barragán, la tercera persona que recibió el MPF, fue liberado.
En conferencia de prensa, Martínez Arcila sostuvo que el magistrado Javier García Rosado debe renunciar o pedir licencia hasta que se investigue su participación en el incidente, sobre todo si tuvo algo que ver con la liberación de su hija y sus amigas en condiciones “muy extrañas”.
“Ya no se trata de una travesura. Es un insulto a las instituciones, tanto a la que representa el magistrado como a la policía de Cancún y las encargadas de la procuración de la justicia”, afirmó.
El dirigente del PAN en Cancún sostuvo que no se le pueden permitir ese tipo de “privilegios” a un funcionario encargado precisamente de buscar que se cumpla la ley.
“¿Con qué cara pedirá que se respete la ley?, cuestionó Martínez Arcila.
“Estamos hablando de trafico y consumo de drogas, de jóvenes que andan armados”, agregó.
El dirigente panista comentó que la liberación de la joven “desnudó” un “grosero tráfico de influencias, que se debe investigar”. (Fuente: Diario de Yucatán)</divCHETUMAL, MX.- El Partido Acción Nacional (PAN) pidió la renuncia inmediata del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Francisco Javier García Rosado, para que no utilice su posición a favor de su hija Fernanda García Altolaguirre y el proceso penal se lleve a cabo conforme a derecho y sin privilegios.
El pasado 14 de mayo de 2011 en la ciudad de Cancún, fueron detenidos seis jóvenes en posesión de drogas y un arma de fuego, uno de ellos identificada como Fernanda García Altolaguirre, hija del magistrado del Tribunal Electoral en el estado.
En conferencia de prensa, el secretario general del PAN, Miguel Martínez Castillo, afirmó que resulta irresponsable el hecho que la joven de 25 años, Fernanda García Altolaguirre, portara al momento de su detención y exhibiera a las autoridades la credencial oficial que acredita como tal al Magistrado, toda vez que ésta debe ser y estar bajo el resguardo y responsabilidad única y exclusiva del titular.
“Utilizar estos medios de poder para evadir o estar por encima de la ley es algo que no debe tolerarse en este Estado”, acotó.
Asimismo, dijo que Acción Nacional lamenta y reprueba la forma misteriosa en cómo se está desarrollando el proceso legal, particularmente en contra de la joven Fernanda García Altolaguirre.
Asimismo, dijo que es preocupante que las demás personas detenidas tengan presuntas actividades vinculadas a la clonación de tarjetas, robos de vehículos y tráfico de droga, además que cuentan con antecedentes penales y hasta hoy no se haya hecho justicia.
“La ley no debe distinguir cargos ni clases sociales”, expresó.
Acción Nacional define su postura en tres puntos: La renuncia inmediata del magistrado del Tribunal Electoral, Francisco Javier García Rosado, para que no utilice su posición a favor de su hija y el proceso penal se lleve a cabo conforme a derecho y sin privilegios.
Que la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso penal, hable al respecto y proporcione información a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues se habla de una presunta liberación de la hija del magistrado, lo que allanaría sin medida la impartición de justicia.
Que el Gobierno se abstenga de hacer declaraciones a priori, ya que el caso apenas está en etapa de investigación y que se deje a las autoridades hacer su trabajo sin ningún tipo de presiones, ya que se ve claramente un tráfico de influencias para beneficiar a la hija del magistrado.
Por otra parte, señaló que paralelo a esta exigencia, la bancada del PAN en el congreso local subirá la propuesta de un punto de acuerdo para hacerle comparecer y explique las condiciones que rodean a este proceso.
En otro contexto, afirmó que el diputado Baltasar Tuyub Castillo renunció formalmente al Partido Nueva Alianza (Panal) y se adhirió al blanquiazul.
Y es que semanas antes el diputado había anunciado esto de manera informal por la simpatía y acuerdos con su homóloga Patricia Sánchez Carrillo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
