CANCÚN, MX.- La impunidad y corrupción de las autoridades a diferentes niveles no permite hacer efectiva la amplia legislación que se tiene en Quintana Roo para combatir y erradicar la explotación y pornografía sexual infantil, sostuvo la coordinadora nacional de la Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ECPAT), Norma Negrete Aguayo quien presentó el diagnóstico donde muestran la intervención de la mafia cubana, rusa y de “Los Zetas” en el circuito de tráfico de drogas y trata de personas en el estado.
CANCÚN, MX.- Por lo menos tres millones de personas de los más de 600 millones que participan en viajes turísticos internacionales, confiesa tendencias pedófilas y un 20 por ciento reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, advirtió la senadora Ludivina Menchaca durante el foro “Detener la violencia sexual contra niños, niñas y mujeres”, donde además se ofrecieron una seria de ponencias diversos especialistas y participantes de ocho estados.
La también organizadora del evento, Marta Leticia Sosa explicó que este segundo foro forma parte de los cuatro eventos regionales que las van a conducir a un evento nacional en el mes de noviembre donde se darán a conocer las conclusiones y el diagnóstico.
Ante titulares de diferentes dependencias y alumnos de instituciones educativas, presentaron ponencias con temas como la explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes; explotación, abuso sexual y prostitución infantil; turismo sexual infantil; la problemática de explotación sexual y abuso sexual en niños migrantes; la problemática de explotación sexual y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.
Así como los delitos de pornografía y turismo sexual en Quintana Roo problemática y propuestas para que el juzgador sancione eficazmente la trata de menores y la explotación sexual infantil; la necesidad de tipificar en la legislación penal mexicana el grooming y de endurecer las penas de los delitos contra la libertad sexual de los niños, entre otros.
En su intervención la senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca Castellanos, lamentó que Quintana Roo sea una zona especialmente sensible a este tipo de delitos, y destacó que las cifras de esta actividad son alarmantes sobre todo cuando se calcula que en todo el mundo se obliga sexualmente a más de un millón de niños y niñas a prostituirse.
Además, puntualizó que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, de los que un 20 por ciento de los viajeros reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, y el tres por ciento confiesa tendencias pedófilas, lo que podría significar más de tres millones de personas.
Refirió que el turismo sexual de menores deja ganancias de 24 mil millones de dólares. “Lamentablemente México ocupa el quinto lugar mundial en este tipo de explotación sexual en el que a pesar de que no se tiene una cifra exacta, se calcula que hay por lo menos 20 mil menores de edad que son explotados”.
La legisladora se pronunció por la elaboración de un código de conducta. “Particularmente creo que debemos tomar muy en serio la iniciativa de crear un código de conducta para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sector de los viajes y turismo, para evitar la trata de personas y el abuso sexual en centros turísticos”.
“En países como Canadá y Estados Unidos hay cerca de 100 mil menores que se prostituyen, al menos otros 100 mil son víctimas de pornografía infantil. Se calcula que la red de prostitución infantil en el mundo tiene presos a aproximadamente 100 millones de niñas y niños. Si pensamos que en el mundo, en este momento 170 mil pederastas están conectados de manera permanente en la red”, aseveró.
Mientras que Marta Leticia Sosa recordó que durante el primero foro que se llevó a cabo en Hermosillo hubo importantes propuestas, entre las que destacan el incremento de penas, no solo contra pedófilos, sino también contra quienes estén enterados sobre el abuso sexual y no lo denuncien.
Destacó que también se pidió el establecimiento de la reparación económica del menor, esto con el fin de que el menor pueda acceder a los tratamientos médicos y psicológicos que requiera, además se debe impulsar la homologación de penas en todo el país, a través de un marco jurídico que también prevenga el abuso sexual, y pidieron la creación de fiscalías especializadas, así como ofrecer atención integral a la familia del menor.
El evento fue inaugurado por el secretario de Medio Ambiente, Francisco Elizondo, además estuvieron la presidenta del DIF en Benito Juárez, Alicia Ricalde; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Hortensia Castellanos Chávez; el director del DIF Quintana Roo, Jesús Rodríguez Herrera; el director del DIF Yucatán, David López Martínez; la delegada del IQM en Benito Juárez, Mildred Ávila; la delegada del IQM de Solidaridad, María Mandret, entre otros. (Fuente: El Periódico)
Durante su ponencia en el foro “Detener la violencia sexual contra niños, niñas y mujeres”, expuso el último estudio realizado denominado la trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la frontera de México con Belice.
Ante un público integrado por titulares de diferentes dependencias gubernamentales de Veracruz, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, destacó que en Quintana Roo existen dos circuitos de tráfico de drogas y trata de personas.
Este se da dijo de la siguiente manera; al norte, a través de la vía marítima, entran por Isla Mujeres y Cozumel con destino a Tulum y Cancún, donde las principales víctimas son de origen cubano. Mientras que por vía aérea se identifica la llegada de víctimas de origen europeo, además de orientales y sudamericanos.
Explica que en el segundo circuito, al sur comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, desde donde por vía marítima utilizan dos playas de entrada en Mahahual y Othon P. Blanco.
“Por vía aérea el aeropuerto internacional de Chetumal y en tierra a través del cruce de la frontera con Belice por Subteniente López, donde las principales víctimas son de origen centroamericano y sudamericano”, destaca.
Y hace referencia a la participación de la mafia cubana, en menos medida de la mafia rusa y de “Los Zetas” en las redes de tráfico y trata de personas.
Esto aunado a las redes de tráfico y trata de personas en la frontera de México con Belice que específicamente vende niñas beliceñas y guatemaltecas para trabajo doméstico en México.
Estado vulnerable
Afirmó que México no cuenta con su sistema garante que permita el cumplimiento de los derechos de los niños y expuso que el enfoque de este estudio en el estado de Quintana Roo es porque hay dos regiones que lo hacen vulnerable; el ser un destino turístico y un estado fronterizo.
Negrete Aguayo, dijo que la implicación de las autoridades cobra tal dimensión que a pesar de los avances importantes en el marco de protección que quizás es uno de los más completos y que incluso no se tiene esta legislación a nivel federal, hace que exista la impunidad.
Puntualizó que estos avances no se traducen en un sistema de protección eficaz, eficiente que realmente esté a la altura y donde la mayoría no tiene acceso a una herramienta de protección.
“Lastimosamente en Quintana Roo encontramos el problema de la impunidad y corrupción de las autoridades a diferentes niveles que no hace efectiva las leyes”, aseguró.
Una de las situaciones que aseguró les llamó la atención es el uso de medios en relación a los teléfonos móviles en el centro-sur de Quintana Roo, debido a las prácticas que se tienen de filmarse sosteniendo relaciones sexuales.
La coordinadora nacional de ECPAT que es una red mundial de organizaciones que busca que todos los niños y adolescentes gocen de sus derechos libres de la explotación sexual, explicó que detectaron que en Chetumal en el muelle se concentran en este lugar donde se graban y estos videos los subían a la red.
Y encontraron también una zona de explotación en la industria de la caña de azúcar, donde se encontraron niños entre 7 y 8 años trabajando en la labor del corte de caña, con un pago menor.
Advirtió que otra situación de riesgo son los concursos de belleza, que inician desde preescolar en las instituciones educativas hasta el nivel media superior y que involucra la mercantilización y utilización de las niñas.
Dentro de las conclusiones y recomendaciones, aseguró que esta investigación es un primer acercamiento, a la que le hace falta una mayor inversión de recursos para tener un panorama nacional como en la frontera con Belice.
Señaló es necesario contar con programas de capacitación dirigido a ministerios públicos, jueces y policías a fin de que conozcan las leyes que protejan a los niños y niñas.
“Hacemos un llamado porque el estado tome en cuenta a su población indígena para que se puedan hacer programas que tengan el interés de atender en la prevención selectiva”, aseveró.
Capacitar a jóvenes: Fiscal
Alfonso Méndez Rojas, fiscal especializado en delitos cometidos en contra de inmigrantes en Chiapas, expuso el tema “La problemática de explotación sexual y abuso sexual en niños migrantes”, y desde aquí dijo que para prevenir este flagelo no hay de otra más que capacitar a los jóvenes.
Destacó cifras de los operativos realizados desde el 2009 al año 2011 al lograrse rescatar a 26 niñas que eran explotadas sexualmente, y que inclusive las obligaban a sostener relaciones sexuales de 15 a 20 veces al día.
Hizo hincapié en que son pocos los casos atendidos, sobre todo por la falta de denuncia ciudadana.
No funciona tipificar el turismo sexual
Por su parte, Bibian Melbilui Castillo Dzul, fiscal especial para la atención de delitos que atentan contra la libertad sexual, su normal desarrollo y contra la moral pública, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, aseguró que Benito Juárez es quien más denuncias registra por violación, estupro y abuso sexual; sin embargo, por los delitos de pornografía infantil solo se atiende un caso y en turismo sexual no se tiene ninguna averiguación.
Destacó que si bien existe una ley completa en el ámbito y que se ha podido utilizar con resultados positivos, aunque explicó que en el caso del artículo 192-QUÁTER del Código Penal del estado y que se refiere al turismo sexual infantil es muy difícil poder comprobar cuando una persona tiene la finalidad de tener un encuentro sexual, por lo que no es útil en el tema de la investigación.
El artículo refiere “Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del territorio del estado de Quintana Roo con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho”.
Afirmó que este artículo tiene que tener ciertas modificaciones, sobre todo porque no se puede comprobar que una persona que llega al estado, viene con intenciones de realizar actos de tipo sexual con menores.
Asimismo, Araceli Borja Pérez, de Save the Children, dijo que se necesita de un plan nacional que tiene que desarrollarse más de una forma integral con un enfoque de género intercultural tomando en cuenta las diferentes etapas.
“Tenemos que realzar más diagnósticos, mejores investigaciones para elaborar estos planes y sobre todo con la participación de los niños, proponemos que esta coordinación de sistemas nacionales debe tener enfoque multidisciplinario”, aseveró. (Fuente: El Periódico)
