Avala Comisión del Congreso refinanciar magna deuda de QR por hasta 13 mil mdp

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CHETUMAL, MX.- Como se esperaba, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo, aprobaron hoy los dictámenes de las iniciativas de decreto que presentó el Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría Estatal de Hacienda se concrete el refinanciamiento de la deuda pública, así como la emisión de certificados bursátiles, acuerdos que serán sometidos a consideración del pleno de la XIII Legislatura.

La Comisión está presidida por el diputado cozumeleño Fredy Marrufo Martín, quien se desempeñó como secretario de Hacienda durante durante casi toda la administración de Félix González Canto, y fue precisamente uno de los “arquitectos” de dejar el mayor endeudamiento en la historia de Quintana Roo.

Es decir, hoy en el Congreso Fredy Marrufo actuó como juez y parte.
Cuando Félix González asumió el gobierno en el 2005, la deuda estatal que le heredó Joaquín Hendricks era de mil 900 millones de pesos. Seis años después, González Canto le dejó a Borge una deuda pública reconocida de alrededor de 10 mil 500 millones de pesos.
Y ante la premura que existe porque se tienen que pagar en noviembre dos mil 600 millones pesos, el Congreso dio hoy, de la mano de Freddy Marrufo, el primer paso para lograr refinanciar la deuda que amenaza con estrangular las finanzas públicas del nuevo gobierno.
Entrevistado al final de la reunión privada -en la cual estuvo presente Mauricio Góngora Escalante, titular de la Secretaría Estatal de Hacienda-, Marrufo Martín aseguró que la propuesta que presentó el Ejecutivo “es la más viable para poder conseguir mayores plazos que permitan disminuir el monto de los pagos y con ello seguir cumpliendo con la amortización de la deuda, obteniendo también mejoras en las tasas de interés”.
Sin dar explicaciones solicitada previamente por la oposición sobre el destino que tuvo en su momento los dineros del magno endeudamiento, el diputado dijo que “el hecho de lograr la reestructuración de la deuda dará mayor flexibilidad a las finanzas del estado, de modo que se tendrían recursos para ser destinados a otros rubros importantes como la obra pública, lo que redundará en beneficio para las familias quintanarroenses”.
De acuerdo con la exposición presentada previamente por el Secretario Estatal de Hacienda, con este refinanciamiento se tendrá un plazo máximo de hasta 25 años con las instituciones bancarias para pagar la deuda.
Los dictámenes de las iniciativas de decreto, mismos que ya están listos para someter a consideración del pleno para su votación, quedaron de la siguiente manera:
“1.- Decreto por el por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, a contratar uno o más financiamientos hasta por un monto de 5 mil 434 millones 458 mil 407 pesos, para ser destinados a inversión pública productiva, mediante la realización de las operaciones financieras y la celebración de los actos jurídicos que determine este decreto para refinanciar o reestructurar la deuda pública actual a cargo del propio estado.
“2.- Decreto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, a contratar de manera independiente al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo, uno o varios créditos hasta por la cantidad de 5 mil 293 millones 532 mil 736 pesos, para inversión pública productiva destinados a refinanciar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda pública directa actual de cortos plazos del estado.
“3.- Decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, a emitir certificados bursátiles hasta por 2 mil 500 millones de pesos, destinados a inversión pública productiva, a través de una o varias emisiones en un periodo de hasta tres años; solicitar y obtener la inscripción preventiva de dichos certificados bursátiles en el Registro Nacional de Valores, que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo la modalidad de programa de colocación y la autorización para su oferta pública en México”. (Con información del Congreso)

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