PLAYA DEL CARMEN, MX.- Los dos italianos y el abogado mexicano, involucrados en la presunta extorsión por un millón de pesos a un empresario de ese país europeo, recibieron el auto de formal libertad del Juez Primero de lo Penal la noche de este sábado, debido a que la defensa de los acusados demostró que el trasfondo del asunto es un problema entre socios y no un acto del crimen organizado, por lo que abandonaron la Cárcel Municipal donde estuvieron internados en los últimos seis días.
Alrededor de las ocho de la noche de este sábado, el Juez Primero de lo Penal resolvió la situación jurídica de los italianos Visco Gaitán, de 56 años de edad, principal involucrado; Estefano Vergamasani, de 40 años, quien fungió como traductor en la presunta extorsión, y el abogado mexicano, Max Julio Almonte Flores, de 42 años, encargado de operar el cobro, con el auto de formal prisión, porque el supuesto infractor de la Ley y el presunto agraviado fueron socios en la empresa Pedramex y el cobro del millón de pesos es por concepto de un adeudo.
Como se recordará la tarde del viernes 23 de septiembre, en atención a una denuncia ciudadana por el delito de extorsión, los militares desplegaron un operativo en la calle 90 entre las avenidas 10 y 15 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, deteniendo a 14 personas, entre éstas los dos sujetos considerados como presuntos cabecillas de esta célula del Crimen Organizado, el italiano Visco Gaetano, de 56 años de edad, y el abogado mexicano Max Julio Almonte Flores, de 42 años de edad, cuando recibían de su víctima un cheque por 100 mil pesos y 15 mil pesos en efectivo como anticipo del millón de pesos que tenía que cubrir por “derecho de piso”.
Los 14 detenidos fueron puestos por los militares a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC). Dicha autoridad, la noche del domingo 25 de septiembre, resolvió la situación jurídica de los acusados con su consignación al Juzgado Penal de Primera Instancia por el delito de extorsión, y los días lunes y martes de la semana rindieron su declaración preparatoria; once de ellos no pidieron la ampliación del término constitucional y por esa razón, el miércoles 28 se les dictó auto de formal libertad, debido a que tres son volqueteros, y los restantes ocho cargadores, quienes únicamente brindaban un servicio solicitado.
Durante los seis días que duró la diligencia en el Juzgado Primero de lo Penal se pudo establecer que el millón de pesos que se exigía al empresario italiano, así como la maquinaria pesada y material para construcción, no era propiamente una extorsión, sino el cobro de mala forma de un adeudo entre ex socios de la empresa Pedramex. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
