CANCÚN, MX.- La Procuraduría General de la República, PGR, responsabilizó a los gobiernos estatales del incremento de la violencia en distintas partes del país, y al mismo tiempo reconoció que entidades como Quintana Roo y Nuevo León acusan un aumento en delitos como secuestros y extorsiones desde el 2009.
La dependencia federal “señaló” que las procuradurías de justicia estatales son los entes que retrasan todos los procesos al no turnar los casos relacionados con la delincuencia organizada en tiempo y forma, así como bien sustentados, por lo cual en su mayoría todos se caen y no reciben el seguimiento legal correspondiente.
Para la Procuraduría General de la República, PGR, los estados muestran un atraso en el envío de información sobre homicidios derivados por enfrentamientos del crimen organizado.
De acuerdo con el reporte dado a conocer por la dependencia federal con respecto a los asesinatos ocurridos en 2010, se tiene un avance del 24 por ciento, mientras que de este año es del 40 por ciento. De 2011, un total de 16 entidades enviaron información correspondiente a la averiguación previa de cada uno de los eventos.
Con respecto a 2010, fueron cinco entidades las que enviaron datos sobre las averiguaciones previas de los homicidios por rivalidad delincuencial; siete añadieron también información sobre el estado ministerial; dos, sumaron al expediente el estado procesal y 18 no colaboraron.
La postura de la PGR es que los gobiernos de las entidades federativas colaboren para que se “agilice” el envío de la información ministerial y procesal de los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial a fin de cumplir con las fechas comprometidas en el convenio.
Sin embargo, la dependencia federal no establece cuáles serán los mecanismos para disminuir y erradicar los altos índices de corrupción e impunidad que se manejan al interior de las delegaciones estatales de la PGR.
El mejor ejemplo de lo anterior se da en el Sureste del país. Las delegaciones de Quintana Roo, Campeche y Tabasco son las más señaladas en cuanto a la corrupción que priva entre funcionarios federales.
En esta localidad, las oficinas de la PGR ubicadas en Cancún y Chetumal son consideradas como los “despachos legales del crimen organizado”, ya que muchos criminales relacionados directamente con las células delictivas son liberados a pesar de la presencia de pruebas de culpabilidad manejadas por las propias autoridades.
Además, el dato que más pesa sobre la PGR en Quintana Roo es la corrupción. En la actualidad se relaciona a los agentes del Ministerio Público Federal y al personal de la dependencia con el crimen organizado.
Por ello es que la propia institución, a cargo de Marisela Morales, puso a todo el personal de la delegación estatal de la PGR bajo investigación, ya que muchos no cumplen con el perfil para ser funcionarios públicos.
Cabe señalar que a nivel nacional, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó que para un mejor esclarecimiento de este delito no sólo se incluyan en la base de datos los homicidios relacionados con el crimen, sino la totalidad de los mismos. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
