CANCÚN, MX.- Unos 80 millones de pesos por ocho procesos civiles considerados de alto riesgo de pago, tiene en puerta el ayuntamiento, en donde son por servicios que al parecer el ayuntamiento no recibió, pero que se aceptó por el cabildo esto pese a que hay la sospecha que se coludieron empresas y funcionarios, pero no hay manera de probarlo.
La síndico municipal, Guadalupe Leal indicó que esto terminará de poner en jaque a esta administración que ya desde la pasada administración estaba en esas condiciones, “por lo que de esta ubre ya no sale más leche”, indicó.
Dijo que a solicitud del cabildo al área jurídica le han pedido un informe sobre los expedientes que representan un riesgo económico, esto luego del caso de Publicidad Rentable y por lo que se tuvieron que pagar 13 millones de pesos.
Y salen ocho expedientes que significan un alto riesgo de pago para el ayuntamiento porque no se tiene la certeza de la razón jurisdiccional, si no que se nos condene a pagar.
Cada expediente tiene una cuestión diferente de integración y la mayoría son por servicios que se recibieron “al parecer” y que no se pagaron.
“Y digo que al parecer se recibieron, porque se habla de cuestiones que hoy por hoy, tú no puedes ver que no los tienes, pero hubo un funcionario público que las aceptó como ciertos y el cabildo los aceptó como ciertos de obras y servicios”.
Dijo que esta administración le ha tocado pagar y “vamos a continuar pagando y ya empezamos pagando los mil 400 millones de pesos de la deuda y debemos tratar de programar esos riesgos para evitar que se vuelven onerosos y en su caso hay que sentarse a negociar con las empresas que han estado demandando y ver qué posibilidades se tiene de resarcir el daño que demandan”.
Externó que hay la sospecha fundada que se coludieron funcionarios con las empresas para tener un beneficio más allá; sin embargo es un tema que no lo pueden comprobar y son “sospechosismos” y en materia legal es muy complicado y nos tenemos que dar a la tarea de enfrentar ese riesgo económico que representa y dañar lo menos las arcas municipales.
Estos procesos datan desde la administración de Mario Villanueva, Francisco Alor, Gregorio Sánchez y son juicios que se le dan continuidad y con el tiempo se han incrementado su monto.
“Estamos tratando de hacer lo que está en nuestro alcance y para poder solventarlos legalmente, promoviendo recursos, amparos o lo que esté a nuestro alcance aunque sabemos que la oportunidad de ganarlos no nos asiste en su totalidad y la intención es salvar lo más que se pueda”.
Finalmente son expedientes muy delicados por los montos y por ello el cabildo pide que se conforme una comisión revisora y vean en dónde estuvo la falla y a quién se le puede atribuir esa responsabilidad de que paguen.
Si bien es cierto estos pagos ponen en jaque al ayuntamiento, la síndico dijo: “Yo creo que en jaque estamos desde el año pasado y desde la administración pasada y debemos pagar el tema de Banobras, Fonhapo y las tensiones laborales, amparos civiles y la nómina del ayuntamiento que finalmente el sindicato sigue pidiendo bonos y prestaciones y prestaciones y creo que esta ubre ya no sale más leche lamentablemente”.
Y dijo que se le están acabando al ayuntamiento las opciones y “el ayuntamiento ya no da para más y debemos ser certeros en las decisiones”.
Y hablar de pedir un subsidio o préstamo no cabe, “porque no calificamos y no tenemos dinero para pagar y entonces lo que nos queda es hacer lo que podamos dentro de nuestra posibilidades y hay que tratar de promover juicios de lecividad y aunque sea poco lo que se rescate, esto en tanto que se aplican acciones contra los funcionarios que se excedieron en sus funciones”.
Cabe señalar que hay juicios laborales por unos 32 millones 800 mil pesos, por los juicios civiles considerados de alto riesgo son unos 80 millones de pesos, por los procesos mercantiles unos 470 mil pesos; por los juicios contenciosos administrativos que son los que se emitieron mal suman unos 16 millones 372 mil pesos, por el reclamo del ISAVI antes ISAI reclaman unos 56 millones de pesos, son recursos que se deberán devolver por parte de las autoridades, ya que son empresarios que se han manifestado en contra de su cobro.
También hay que devolver un millón 180 mil pesos por el DAP, y es que un particular reclama que se le devuelva, ya que no hay una tabla de tarifa específica.
Y el ayuntamiento ha emprendido un juicio de lecividad por 779 mil pesos, contra un particular al que se le condonó este pago por una sanción de Desarrollo Urbano. (Fuente: El Periódico)
