CHETUMAL, MX.- Denominados representantes del pueblo, habituados a exigir cuentas y críticos por sistema amparados en su fuero, los diputados locales se envolvieron en un manto de nauseabundo cinismo al esconder en sus entrañas una información pública que pertenece a todos, como es la nómina del Congreso del Estado.
Con un presupuesto multimillonario que se ejerce de manera discrecional, administrado principalmente por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Espinosa Abuxapqui, el Congreso mantiene una abultada nómina de la cual, escudándose en el manto de la “confidencialidad”, no dan datos fidedignos ante las solicitudes ciudadanas de información.
Contraviniendo las leyes de transparencia que los diputados mismos avalaron en letra, en la práctica el Poder Legislativo y su Unidad de Vinculación son los primeros en ocultar la basura debajo de la alfombra, lejos del alcance de la vista de la sociedad.
Y es que, como es de dominio público, el Poder Legislativo está plagado de un sinfín de supuestos burócratas y auxiliares que, sin dar golpe, viven colgados de la ubre presupuestal mamando recursos que se niegan en otras áreas de prioridad innegable, como la salud, la educación y el campo. Sin embargo, los diputados se sienten intocables y creen que pueden disponer del jugoso presupuesto a placer, cerrando la llave en apoyos para la población pero enriqueciéndose la mayoría de ellos notoriamente.
Ante la solicitud de información realizada por una ciudadana chetumaleña, en la que se solicitó la nómina completa del Poder Legislativo, incluyendo puestos, salarios, compensaciones, prestaciones, bonos y demás complementos, la respuesta -ya de costumbre- fue negativa, aduciendo que dicha información es “confidencial”.
“Debemos señalar que la nómina del Poder Legislativo es un Sistema de Datos Personales, la cual contiene precisamente información personal de cada uno de los empleados de este Poder, por lo que se encuentra protegida bajo el rubro de información confidencial, por lo que no se considera información pública que pueda ser objeto de solicitudes de información”, contestaron en el oficio de respuesta.
La negativa se ampara, como todas las demás, en el restrictivo artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, el cual esgrime 21 fracciones para negar la información. Sin embargo, en ninguna de ellas se especifica que la nómina, y por ende los nombres de los trabajadores al servicio del Congreso local, pagados con impuestos ciudadanos, sea información “clasificada”. (Fuente: Periodistas Quintana Roo)
