CHETUMAL, MX.- Con la colaboración de 8 de los 10 alcaldes de Quintana Roo, el Gobierno de Robertó Borge firmó el jueves un pacto de “gobernabilidad” para resolver de forma “positiva” asuntos de interés público y conflictos sociales.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el documento suscrito lleva el nombre de “Acuerdo para la Gobernabilidad Democrática y Corresponsabilidad Gubernamental en Quintana Roo” y, tras la firma, compromete al Gobernador y a los Alcaldes participantes a “la planeación y ejecución de políticas públicas que tengan impacto y resultados positivos en la solución de problemas sociales”, es decir, en un decálogo de buenas intenciones que no tiene otro fin que el impacto mediático para que el Gobernador publicite el control político que tiene en Quintana Roo.
El acuerdo fue suscrito por el Gobernador Roberto Borge y los presidentes municipales de Benito Juárez (Cancún), Julián Ricalde Magaña; Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo; Solidaridad (Playa del Carmen), Filiberto Martínez Méndez; Cozumel, Aurelio Joaquín González; Tulum, Edith Mendoza Pino; Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam; y Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como el presidente del Concejo Municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano.
En la firma de este documento no asistieron los alcaldes panistas de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, y de José María Morelos, Domingo Flota Castillo.
Precisamente estos dos últimos alcaldes que no firmaron el documento son con los que el Gobernador ha tenido abiertos enfrentamientos por problemáticas sociales que se han desbordado y, coincidentemente, han provocado hechos de violencia.
En el caso de Trinidad García, apenas la semana pasada se generó un enfrentamiento cuando policías municipales detuvieron, presuntamente con droga, al presidente del Frente Juvenil Revolucionario en Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una amplia movilización de priistas que cercaron el Palacio Municipal para exigir su liberación y causaron daños menores a la infraestructura.
Al sentirse atacada directamente por la estructura del PRI y del propio Gobierno, la Alcaldesa convocó a una marcha de ciudadanos, en la que participaron los otros dos Alcaldes de la Zona Maya, así como el líder del PAN, para demandar al Gobernador Roberto Borge respetar la autonomía municipal.
En el caso del Alcalde de Domingo Flota, éste también tuvo un fuerte enfrentamiento del Gobierno del Estado, al entregar concesiones municipales para la operación de mototaxis en la cabecera municipal de José María Morelos.
La decisión del Alcalde no gustó al Gobierno de Quintana Roo, el cual, a través de Sintra, ordenó un operativo para detener a los mototaxistas, pero debido a la arbitrarierad con la que actuaron los inspectores de la depencia, que acudieron con respaldo de policías armados al mando del mismísimo General Bibiano Villa, el operativo devino en un enfrentamiento a pedradas que dejó varios funcionarios levemente heridos, así como unidades destrozadas por pedradas.
Én la firma de este acuerdo llamó la atención la participación de la Alcaldesa priista de Tulum, Edith Mendoza Pino, quien tiene en el Congreso un proceso abierto de juicio político por supuestos desvíos de recursos en su primer año de Gobierno, el cual se inició, no sin razones, sólo después de enfrentarse abiertamente a decisiones del Gobernador Roberto Borge.
Hoy, tras suscribir el Acuerdo, el Gobierno de Borge distribuyó un comunicado en el que señala que, para satisfacer las necesidades sociales, “los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, con racionalidad y objetividad del gasto para incentivar haciendas públicas sanas destinadas invariablemente para fines comunitarios, de tal suerte que, posibiliten visualizar en forma permanente horizontes de bienestar y prosperidad”.
Además, los Alcaldes y Gobernador se comprometen a impulsar la evolución de las instituciones públicas y de sus procesos y “que el ejercicio de las competencias que se ejercen en la vida pública tendrá, como guía y límite, la observancia plena y absoluta de la ley, de modo que todo acto público quedará, invariablemente, sujeto al imperio de la normatividad que el pueblo, a través de sus legítimos representantes, genere”.
En la firma del Acuerdo también estuvo presente el secretario de Gobierno, Luis González Flores. (Noticaribe)
