CANCÚN, MX.- Socios del Dragon Mart Cancún se reunieron la tarde del martes con la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Alicia Ricalde Magaña, para explicarle los alcances del proyecto y aclarar las dudas acerca de los trámites requeridos, las autorizaciones obtenidas y aquellas que se encuentran pendientes.
En estos días, presentarán el planteamiento actual al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y al presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, de acuerdo con lo que se informó a la legisladora, entrevistada por EL PERIÓDICO, luego de ocurrida la reunión.
El encuentro con ella se realizó ayer en Cancún y acudieron dos de los socios de la empresa “Real Estate Dragon Mart Cancún”, José Luis Salas Cacho y Juan Carlos López.
Ambos, reiteraron los beneficios que supondrá la construcción y operación del mega centro de exhibiciones y venta de productos extranjeros y nacionales, instalado en el terreno de 561 hectáreas ubicado en Puerto Morelos y conocido como “El Tucán”.
“Afirman que es una inversión viable, que dejará una buena derrama económica porque no es un all inclusive (todo incluido) y que permitirá la llegada de un millón de compradores y turistas al año”, comentó la diputada.
La normatividad
Salas Cacho –quien se presentó como socio del Dragon Mart Cancún, pero también como operador de las campañas presidenciales de los panistas Manuel Clouthier en 1988, de Diego Fernández de Cevallos en 1994 y Vicente Fox en 2000- llevó la voz cantante, a decir de la legisladora.
Junto con López Rodríguez, Salas Cacho explicó a la diputada que no existe ninguna violación al marco legal ambiental, contrario a lo planteado por organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el propio ayuntamiento de Benito Juárez.
Tampoco –le insistió- existe contraposición con las normativas en materia de comercio.
Argumentó que los reajustes que ha sufrido el proyecto se realizaron para cumplir con la legislación, por ejemplo, con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) de Benito Juárez, en lo concerciente al número de viviendas que incluye el complejo comercial, que pasó de mil 956 a 722.
“Les comenté que no era lógico que hubiera sólo 722 viviendas, si habrá tres mil 040 locales comerciales como ellos aseguran, los cuales dicen que serán rentados por las personas que habitarán las casas; también negaron que vengan 10 mil chinos como se ha dicho.
“Ellos manifiestan que el proyecto ha cambiado porque se está adaptando y se comprometieron a corregir lo que esté mal. Niegan que esté involucrado algún funcionario o ex funcionario público”, expresó la legisladora.
El POEL
Ricalde Magaña citó a los socios, quienes aseguraron que el consultor contratado por el gobierno municipal, Arturo Mosso, para conducir la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) y el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Eduardo Ortiz Jasso –por separado- les aseguraron que el proyecto no violentaba dicho instrumento de política ambiental.
López Rodríguez, entrevistado aparte, precisó que el dato fue aportado por el consultor y el funcionario, durante acercamientos informales, sin que fuese una posición oficial o institucional.
“Hemos tenido diversas reuniones con mucha gente y, no me atrevería a decir que ellos, asumieron una posición oficial; fue una información que nos dieron de manera informal.
“Nosotros contratamos a un despacho especializado en materia ambiental para realizar el análisis y asegurarnos que cumplíamos con lo establecido por el Poel y, en general, con lo que tiene que ver con el tema ambiental”, dijo el también director del proyecto.
La factibilidad de Conagua
La diputada manifestó que los socios objetaron la versión emitida por la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, el fin de semana pasada, rechazó en conferencia de prensa haber emitido la factibilidad solicitada por la empresa.
El delegado de la Conagua, Salvador Arizmendi, habría mostrado un oficio fechado el 24 de abril del 2012, en donde respondió a Juan Carlos López que no era posible acceder a su solicitud de conocer si el predio “El Tucán” cuenta con la disponibilidad de agua suficiente para el uso y volúmen que requiere el proyecto.
En ese tenor, Arizmendi le habría informado que requería de una concesión de aguas nacionales, porque la Conagua no emite factibilidades.
“No hay ninguna autorización. No hay factibilidad, ni concesión, ni nada, por parte de la Conagua”, habría declarado el funcionario.
Al respecto, los socios dijeron a Ricalde Magaña que el documento existe, según lo informado por la legisladora.
En ese punto López Rodríguez detalló que lo que existe es un segundo documento emitido por la delegación de la Conagua, fechado en julio de ese mismo año, en que se marca una diferencia entre los términos “factibilidad” y “disponibilidad”, pero que, en resumen, les confirman que existe suficiente agua para abastecer al desarrollo inmobiliario-comercial-turístico.
“Lo que nos dicen, en pocas palabras, es que sí hay disponibilidad de agua, porque el predio se encuentra en el segundo acuífero más grande del país, con un promedio de cinco mil millones de metros cúbicos de agua”, indicó.
Lo que viene
Además de la reunión informativa que los socios, sostendrán en esta semana con el gobernador y el alcalde –encuentro por separado- la solicitud de licencia de construcción será ingresada a la Dirección de Desarrollo Urbano la siguiente semana.
“A más tardar en dos semanas, pero no pasa de enero”, mencionó Juan Carlos López.
Las escrituras sobre la propiedad del predio “El Tucán”, aún no se han firmado, pues se está en el proceso de gravámenes, pero no existe preocupación por ello ya que el representante legal de la dueña, Carlos Medrano, es también socio con un 45 por ciento. “Ya hizo suyo el proyecto”.
La prospección arqueológica
En cuanto a la prospección arqueológica que deben presentar, como lo adelantó en exclusiva EL PERIÓDICO, el 8 de enero pasado, el directivo declaró que no han sido notificados aún por la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero indicó que existe total disposición para la realización de los trabajos, pues además “es evidente que no hay vestigios en la zona de predio a desarrollar, sólo piedras”. (Fuente: El Periódico)
