No sé si es parte de la infelicidad que en el ambiente se respira, pero es notorio que la ilusión por la democracia está a la baja. El título del libro más reciente del investigador y analista Mauricio Merino sintetiza el tamaño de la desazón que ronda en el ánimo de muchas almas: “El futuro que no tuvimos: crónica del desencanto democrático”. Da cuenta del rápido deterioro de una esperanza.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, -Consejero Presidente del IFE durante la desastrosa elección federal de 2006- ha dado su versión desde 2008 en “Así lo viví, testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México”, en cuyas reseñas se advertía: “es la historia del descalabro político y electoral más importante de la joven democracia mexicana. Es la historia, se ha dicho con agudeza, de una democracia sin demócratas”. Hace unas semanas, Ugalde ha presentado su nuevo libro “Por una democracia eficaz, radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012”, ocasión en la que arremetió en contra de lo que, dice, son los principales obstáculos para la democracia y, por tanto, para el IFE: los partidos políticos. Cada quien se descorazona a su manera.
Pero hay otros actores principalísimos de la aventura nacional llamada “transición democrática” que bordan con aguja parecida. Caso de José Woldenberg, algo así como el padre del IFE, quien junto con Pedro Salazar y Ricardo Becerra en el prólogo a la cuarta edición de su obra colectiva “La mecánica del cambio político en México” ya daban cuenta de su desencanto por la transición frustrada: vieron con preocupación “el surgimiento de enclaves autoritarios en el ámbito local y municipal” con “derivaciones no previstas y no deseadas”: limitación de los poderes del Estado y el predominio de los poderes “fácticos y salvajes” tanto de grandes grupos empresariales como del crimen organizado; con el obstáculo más profundo para cualquier democracia: la escandalosa desigualdad social. “Sin cohesión social no hay democracia que se mantenga”. Era marzo de 2011 y ya les resultaba obvio que “…no es posible ser optimistas cuando se trata de imaginar el destino de la democratización que narramos en este libro.” Palabras premonitorias: en 2012 los poderes fácticos arrebataron a su antojo los gajos de una democracia que no había logrado amalgamarse.
La luminosa transición a la democracia, tan prometida y tan poco cumplida. Envilecida. ¿Qué tenemos, entonces? ¿En qué definición politológica nos hemos colocado a punta de engañarnos con el supuesto de que hemos aterrizado en una normalidad democrática estable?
Ya no estamos ante el presidencialismo paternalista-autoritario de la vieja era priista, a pesar del regreso del PRI. La coexistencia de gobiernos con influencia de partidos políticos distintos ha generado los llamados “gobiernos compartidos” que son una especie de equilibrios políticos muy inestables y extraordinariamente reversibles debido a la alta concentración y manipulación de los presupuestos desde los niveles superiores: en los estados y municipios se dio pie al resurgimiento de los cacicazgos y los clanes como factores hegemónicos de poder. Por su parte, el parlamentarismo se quedó muy lejos, en el horizonte, como sistema político deseable: el poder legislativo es el crisol en el que se maceran y se hierven los temas pero los acuerdos se cristalizan en la mesa chiquita, en otro lugar y no pocas veces al margen de los legisladores. Por eso tampoco podemos afirmar que tengamos un semi parlamentarismo que permita contrapesos reales.
Me parece que estamos más cerca del llamado semi presidencialismo y aventuro la propuesta de llamarlo presidencialismo compartido… con los partidos políticos.
“El poder no se comparte” se dirá y nadie lo pone en duda; menos tratándose de los poderes reales. Pero si le damos una hojeada al ejercicio del poder institucional en México (no a los discursos o a las propuestas de reformas políticas y electorales), una vez que la pluralidad electoral adquirió derecho piso después de los cuestionados comicios de 1988, nos vamos a encontrar con ese fenómeno:
Primero, el PRI necesitó de la legitimación que el PAN le brindó a cambio de las que se conocieron como “concertacesiones”. Cogobierno con derecho de picaporte.
Después, fue el PAN quien requirió de los favores legitimantes del PRI durante 12 años de gobiernos desastrosos: a cambio, el PRI mantuvo su estructura corporativa, sus espacios territoriales y el refaccionamiento económico que han hecho posible su regreso. Cogobierno con derecho de picaporte.
Ahora, el PRD es el factor necesario para dar legitimidad –en el contorno del Pacto por México- al cuestionado regreso del PRI y, eventualmente (mientras sea útil), a la operatividad del gobierno que inicia. Cogobierno con derecho de picaporte.
Todo indica que mientras más débil es un gobierno, pero, sobre todo, mientras más cuestionado –y por lo tanto ilegítimo- es su arribo al poder, más requiere de este procedimiento para transitar.
Dato notable: en ese período de tiempo todas las veces que los gobiernos han necesitado lavarse la cara frente a la sociedad y ante al mundo por una ilegitimidad de origen, después de elecciones cuestionadas por fraudulentas, han sido en competencia contra candidatos de las izquierdas. Ni casualidad ni ironía de la vida.
Se puede aducir que, a pesar de eso, la pluralidad en la democracia se trata de crear los contrapesos y los equilibrios; de la política como diálogo y de la búsqueda de los puntos en común y los acuerdos. Como definición universal, desde luego que así es.
El problema primero es que esos acuerdos nunca van en el sentido de la resolución institucional del problema de origen: la inequidad y la validación del fraude (por muy novedoso y sofisticado que sea). Además, lo que aquí quiero destacar, esos acuerdos se establecen mediante mecanismos y en lugares al margen de los tradicionales y plurales en las democracias modernas: los parlamentos. Es el ejecutivo acordando con los partidos políticos (sean sus cúpulas, burocracias, camarillas, jefes políticos o “dueños”). Distorsión de la democracia formal que en vez de asentar una nueva normalidad la pervierte. Las instituciones como el IFE empiezan a perder valor, a quedar al margen y, lo que es peor, a ser involucradas en el desaseo de negociar la representatividad plural. Cada quien su parte.
Es lo que llamo Presidencialismo Compartido. Cogobernar con derecho de picaporte. Presidencialismo con partidos. En esas estamos.
Procedimiento que, por cierto, no es exclusividad del nivel federal. El principio es válido para los otros órdenes de gobierno. Siguiendo esta línea de interpretación se podrán explicar los desarreglos y posteriores arreglos que se presentarán en las elecciones y cambio de poderes locales de este año. Lo veremos.
