Reclaman regidores al Alcalde de OPB presuntos desvíos por 3 mdp

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CHETUMAL, MX.- El ayuntamiento de Othón P. Blanco, presidido por Carlos Mario Villanueva Tenorio, está envuelto de nueva cuenta en fuertes señalamientos de desvío de recursos públicos por un monto de unos 3 millones de pesos, sólo durante las primeras revisiones de la Auditoría Superior del Estado al municipio capitalino y de la revisión de los Programas Operativos Anuales 2012 y 2013.

A espaldas de su cabildo, la administración municipal pagó más de 2 millones 200 mil pesos por reglamentos que no están fundamentados, pues no cuentan con aprobación del cabildo, por lo que se prevé que serán gastos rechazados en la auditoría.

Además que tan sólo en el rubro de gastos indirectos, existen diversas observaciones por unos 700 mil pesos, donde destacan la reparación de un vehículo no identificado por 17 mil pesos, la reparación de una puerta corrediza por 666 pesos, y la manija de un baño de mujeres por más de 200 pesos, entre otras.

Lo anterior fue expuesto por los concejales en el marco de una sesión de cabildo, donde fueron aprobadas las modificaciones y el cierre del Programa Operativo Anual 2012, así como del POA 2013.

Aunque fueron severas las críticas a un alcalde, quien no respondió a los cuestionamientos en contra de gastos realizados a espaldas del cabildo, 11 de los 13 regidores presentes en la sesión de esta tarde, aprobaron el cierre del Programa Operativo Anual 2012, señalando que se ven forzados a aprobarlo para que pueda ser cotejado con la cuenta pública de ese año fiscal y sean anexadas las anomalías detectadas por los concejales para la revisión de la Auditoría Superior del Estado.

Sólo votaron en contra Christian Alvarado Alcocer, del Panal, y Juan Carlos Pallares, del PAN, mientras que a esta sesión iniciada a las 6 de la tarde sólo faltaron extrañamente los concejales Alejandro Castillo Aguilar y Ariel Novelo Morales, del PRD.

Y es que mientras el ayuntamiento de Othón P. Blanco señaló carencia de recursos en 2012 por sus problemas financieros, por otra parte contrató los servicios de empresas y el Colegio de Contadores para hacer documentos que no estaban autorizados por el cabildo, en gastos que superan los 2 millones de pesos.

En este sentido, los regidores criticaron que en 2012 el ayuntamiento facturó a la empresa Consultoras de Quintana Roo recursos por un millón y medio de pesos, como pago de la elaboración de un reglamento interior, el cual nunca fue notificado a la Comisión de Reglamentos ni aprobado por el cabildo.

Además, un simple documento de cinco hojas, que es un Código de Etica de la administración, fue pagado al Colegio de Contadores de Quintana Roo por un monto de alrededor de 250 mil pesos.
De igual manera, la comuna erogó unos 700 mil pesos por un proyecto para realizar una remodelación del rastro.

La primera en manifestar su desacuerdo con la información contenida en el POA 2012, fue Irazú Sarabia May, quien cuestionó que en el rubro de manuales organizacionales el ayuntamiento realizó un gasto de 1.5 millones de pesos, por un reglamento interior, cuando el que se emplea actualmente data de la administración de Cora Amalia Castilla Madrid.

Agregó que como presidenta de la Comisión de Reglamentos nunca recibió información, ni fue sometido a aprobación del cabildo, pero sí fue pagado con recursos que equivalen 10 veces a lo que necesita hoy la comuna para pagar la publicación de los reglamentos que de diversas comisiones ya fueron aprobados por el cabildo.

Además, señaló que el supuesto reglamento interior elaborado no presenta mayor modificación del que data de la administración de la exalcaldesa Cora Amalia Castilla, situación muy lamentable.

Por su parte, Miriam Osnaya criticó la falta de responsabilidad del alcalde y su equipo encargado de integrar el POA, quienes obligados por el tiempo- límite de entrega al Congreso del Estado, pretendieron una aprobación a ciegas por el cabildo, motivo por el cual fue cancelada la sesión del pasado lunes.

La primera regidora lamentó que en lo oscurito se tomaron decisiones para la realización de documentos que no están avalados por el cabildo, y que el Colegio de Contadores Públicos esté involucrado en este asunto.

Reveló que resulta absurdo que se eroguen más de 200 mil pesos en la elaboración de un Código de Etica del ayuntamiento, cuando eso fue de lo que más padecieron los miembros del equipo de trabajo de Carlos Mario Villanueva Tenorio, de los cuales muchos salieron por corrupción, pero “protegidos” al darles una salida con la justificación de tener problemas de salud.

Manifestó que la administración está muy lejos de haber trabajado con transparencia, responsabilidad, honestidad, competitividad y otros valores que forman parte de este Código de Etica.

De hecho, Miriam Osnaya pidió a Carlos Mario Villanueva le comentara cobre este documento y su contenido, pero el alcalde simplemente no hizo uso de la voz.

La regidora agregó que estas graves anomalías tuvieron como uno de sus autores intelectuales principales a Luis Ortiz Cardín, en su etapa de director del extinto Instituto Municipal de Planeación, así como en su momento cuando se ostentó como oficial mayor.

A su vez, la regidora Gabriela Santana dijo que simplemente es necesario aprobar el POA para que la Auditoría tenga elementos para cotejar esta información con la de la cuenta pública.

Lamentó que el ayuntamiento hasta el momento esté aprobando el POA 2012, pues eso debió ocurrir desde principios del año, al momento de aclarar que esta situación no es producto de indisposición de los regidores, sino por una irresponsabilidad de las áreas encargadas, que simplemente no habían entregado la información.

Por ello, solicitó que todas las anomalías vertidas durante la sesión sean anexadas al documento, al momento de reiterar la falta de transparencia que ha existido durante toda la administración de Villanueva Tenorio.

Por su parte, Christian Alvarado Alcocer calificó como desgastante que sigan surgiendo irregularidades, pues dentro de la revisión del POA se encontró la existencia de un proyecto de un nuevo rastro, sólo en papel, por un costo de 700 mil pesos.

Finalmente, el regidor, Juan Carlos Pallares Bueno sorprendió a sus propios compañeros con información de los avances en la revisión que la Auditoría Superior que realiza a la cuenta pública 2012 del ayuntamiento, donde destacan observaciones de 700 mil pesos en gastos administrativos, así como 2 millones 200 mil pesos de supuestos reglamentos que no fueron justificados y no cuentan con la aprobación de cabildo, por lo que para esa instancia revisora no son gastos válidos.

Durante toda la sesión, fue evidenciado el trabajo unilateral del alcalde, quien simplemente se mostró incómodo con tantas críticas, pero que no se defendió en el pleno del cabildo. (Fuente: Por Esto! De Quintana Roo)

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