CANCÚN, MX.- La Secretaría Estatal de Seguridad Pública se ha convertido en la principal cómplice de las células criminales que dominan, con control total, las cárceles de Quintana Roo.
En los últimos tres años, (2011, 2012 y 2013) el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario (DNSP), ha señalado de forma particular una serie de anomalías que se presentan principalmente en la cárcel de Cancún y en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Cereso.
El diagnóstico ha sostenido lo siguiente:
1. La capacidad instalada es rebasada por el número de internos (sobrepoblación y hacinamiento).
2. Deficiente separación entre hombres y mujeres en el área de ingreso, centro de observación y clasificación, dormitorios y patio.
3. Insuficientes medicamentos y deficiente atención psicológica.
4. No existe registro de supervisión por parte del titular.
5. No existen acciones para prevención y atención a incidentes violentos.
6, no existen condiciones de gobernabilidad.
7 No existe un manual de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia con autoridades, presentar quejas, revisión de visitantes y consejo técnico interdisciplinario.
8. Insuficiente personal de seguridad y custodia.
9. No se respeta el derecho a audiencia, no se emite resolución de sanciones, se suspende la visita familiar e íntima.
Además de estos nueve puntos, el más llamativo y considerado como peligroso es el punto 10, el cual sostiene abiertamente que: Internos controlan la seguridad, las actividades, los servicios, visitas y hasta la operatividad diaria de las cárceles en Quintana Roo.
A pesar de estos señalamientos, que a lo largo de tres años se han presentado y que han sido reiterados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha simulado e inventado “soluciones” para evadir su responsabilidad.
Por eso, el sistema penitenciario en Quintana Roo se cae a pedazos, pues el diagnóstico es del conocimiento de la policía estatal y aún con eso, se ha preferido hacer caso omiso a mejorar la situación en los penales.
El diagnóstico
El diagnóstico nacional es un instrumento de evaluación que permite analizar la situación que impera en el sistema penitenciario. El ejercicio consiste en calificar en escala del 0 al 10 una gama de indicadores y subindicadores que representan las condiciones mínimas que deben existir en una prisión de acuerdo a normas nacionales e internacionales, contienen referencias sobre el tratamiento de personas privadas de su libertad y sus condiciones de internamiento, a efecto de procurar una estancia digna y segura y tratar de lograr su reinserción, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los indicadores y subindicadores se agrupan en 5 rubros que tienen que ver con aspectos que garantizan: La integridad física y moral del interno. Una estancia digna. Condiciones de gobernabilidad de los centros. Reinserción social del interno (respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte). Atención a grupos vulnerables.
En el caso de Quintana Roo, la evaluación dejó mal paradas a las autoridades carcelarias, pues se encontraron serias deficiencias como las siguientes:
1.- Hacinamiento en la mayoría de los centros visitados.
2.- No hay una separación de hombres y mujeres en la atención medica.
3.- Carece de personal médico, psicólogos, enfermeras, odontólogos y psiquiatras.
4.- Deficiente atención psicológica. 65.
5.- Las autoridades no tienen un registro de control de supervisión para verificar el funcionamiento de los centros a su cargo.
6.- No hay procedimientos para la prevención y atención de incidentes violentas y riñas, fugas, homicidios y motines.
7.- No se cuenta con un registro de los casos suscitados de tortura y/o maltrato y no cuentan con un procedimiento establecido para la atención de estos casos.
8.- Falta de procedimientos para la remisión de quejas de violación de los derechos humanos por parte de los internos ante la instancia competente.
9.- Los teléfonos públicos no cuentan con acceso a números gratuitos como el 01 800, lo que limita la adecuada comunicación de los internos con los Organos Locales de Protección de los Derechos Humanos para presentar quejas.
10.- Deficiente atención por parte de las áreas médicas y técnica para los internos en condiciones de aislamiento (sancionado o sujeto a protección).
11.- En algunos centros no existe el área destinada al Centro de Observación y
Clasificación (COC) y además, carecen de espacio suficiente para alojar a los internos y las condiciones materiales y de higiene son precarias.
12.- Las condiciones materiales y de higiene en áreas de dormitorio, cocina y comedor son deficientes.
13.- El consumo, calidad y elaboración de alimentos, así como la elaboración de dietas especiales para internos que así lo requieren es insuficiente.
14.- Falta de manuales para procedimientos de ingreso, traslado, emergencia en caso de motín, para el uso de la fuerza, para solicitar audiencia con las autoridades, para presentar quejas, para visita familiar, para visita íntima, revisión de visitantes y para el funcionamiento del consejo técnico interdisciplinario, asimismo, existe una escasa o nula difusión de la normatividad al interior.
15.- Insuficiente personal de seguridad y custodia, profesionales técnicos y de trabajo social.
16.- Al emitirse las resoluciones relacionadas con las sanciones para los internos, estas carecen de fundamentación y motivación y en algunos casos los internos no son notificados por escrito, no son ubicados en las áreas de sancionados y les suspenden la visita familiar e íntima, así como la comunicación telefónica.
17.- Escaso control por parte de las autoridades de algunos centros, respecto a la seguridad y de las diversas actividades que se realizan al interior de los mismos (deportivos y culturales, entre otras), de los servicios (luz, agua, alimentación), lo que genera un autogobierno y/o cogobierno.
18.- Presencia de objetos y sustancias prohibidas en la mayoría de los centros visitados.
19.- Deficiente clasificación criminológica de los internos.
20.- Nula separación de procesados y sentenciados en dormitorios y áreas comunes.
21.- Insuficientes actividades laborales y de capacitación.
22.- Deficiente apoyo en la dotación de material didáctico en las actividades educativas.
23.- Escaso apoyo en el otorgamiento del equipo deportivo y en el registro de internos inscritos en las actividades deportivas (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
