CHETUMAL, MX.- Por la vía del ‘fast track’ y por mayoría de votos del PRI y sus aliados, el Congreso de Quintana Roo aprobó esta tarde la “Ley de Ordenamiento Social” que, por primera vez, prohibe y restringe las manifestaciones sociales en todo el estado y avala el uso de la fuerza pública para desbaratar protestas no autorizadas o bloqueos en sitios públicos o en carreteras con el argumento de que se perturba la tranquilidad de los ciudadanos, se afectan los intereses de terceros y se atenta contra contra la afluencia de turistas al estado.
Por la mañana, la iniciativa presentada apenas el pasado jueves por el diputado priista Juan Carrillo Soberanis, fue aprobada por mayoría en comisiones, con el único voto en contra del diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio, y, sin mayor revisión, fue turnada al pleno del Congreso del Estado que la aprobó también por mayoría, no sin un fuerte debate entre legisladores priistas, que la defendieron a capa y espada con los argumentos más absurdos, y diputados del PAN, PRD y PT que la rechazaron por violentar garantías constitucionales.
En el Pleno, a favor de la ley votaron todos los diputados del PRI, PVEM y Panal (mayoría), mientras que en contra votaron los diputados del PAN, PRD y PT (minoría). Ausente en esta sesión estuvo el diputado Luis Roldán, del Movimiento Ciudadano.
EL DEBATE EL CONGRESO
La polémica iniciativa, como era de esperarse, generó un fuerte debate en el Congreso, principalmente entre diputados del PRD, PAN, y PT que refutaron la argumentación priista a favor de restringir libertades con el pretexto de que no es válido atentar contra el turismo, ni contra la libre circulación de ciudadanos.
La iniciativa de “Ley de Ordenamiento Social de Quintana Roo” fue presentada y defendida en tribuna por el diputado priista Juan Carrillo Soberanis, quien, citando la frase célebre de Benito Juárez sobre que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo que lo que se buscaba era regular las manifestaciones para no afectar a terceros.
Dijo que la ley busca garantizar el libre tránsito de los quintanarroenses y el “correcto” uso de los espacios publicos, al tiempo que rechazó se esté vulnerando el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
“Ley de Ordenamiento Social busca que los trabajadores quintanarroenses lleguen todos los días a su fuente de empleo sin que nadie lo impida”, trató de explicar.
Sin embargo, el diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse en los lugares públicos, haciendo un llamado a los legisladores a no aprobar la iniciativa que le parecía un despropósito porque estaba en la ruta de criminalizar las manifestaciones.
Prohibir las manifestaciones en un retroceso para el país y es un absurdo pedir permiso para marchar, acotó el legislador perredista.
Además, recordó la inutilidad de pretender regular las manifestaciones porque en el Distrito Federal, donde se intentó algo similar, la ley no ha servido para nada, al tiempo que dijo que esta ley está mal planteada, además de no tomar en cuenta la opinión de instituciones y organismos que tendrían algo que aportar al tema, como sería el caso de los derechos humanos.
Por su parte, la diputada panista Trinidad García también subió a tribuna para argumentar en contra de la iniciativa de ley por considerarla ajena a los intereses de los quintanarroenses y un atentado contra el derecho de manifestarse de los ciuddanos.
Sin embargo, el diputado Juan Carrillo, el mismo que encabezó una turba que cercó y causó destrozos en el Palacio Municipal de Lázaro Cárdenas cuando Trinidad Villegas era alcaldesa y el mismo que realizó una manifestación para afrentar a los jóvenes del Movimiento #YoSoy132 cuando marcharon en Cancún, trató de refutar los argumentos de la hoy legisladora y la amenazó veladamente con una revisión de sus cuentas públicas.
Juan Carrillo, quien no pudo sostener un argumento coherente sobre su participación en la manifestación violenta en Kantunilkín, se trató de justificar diciendo que aquella protesta “sí era una manifestación del pueblo”.
La diputada Trinidad Villegas, mediante un comunicado posterior, anotó que las amenazas del diputado Carrillo por posicionar su voto en contra “no detendrán mi trabajo como legisladora que se debe al pueblo y a valores de respeto a los derechos humanos.”
Durante el debate en el pleno, por momentos, los ánimos parecieron caldearse y los señalamientos recibidos no gustaron a la diputada priista Susana Hurtado que casi pareció pedir una ley para prohibir las críticas en el Congreso entre diputados cuando, airadamente, respondió a quienes habían expresado su rechazo a la iniciativa que mejor se “sumarán” en vez de cuestionar.
Además, la legisladora, quien también imitó a Juan Carrillo al usar la resobada frase de Benito Juárez, arremetió contra las pasadas manifestaciones de los maestros.
Para bajarle, volvió a subir a tribuna el diputado Aguilar Osorio, quien defendió el derecho a la crítica y el debate en el Congreso y a la diputada Susana Hurtado la dejó descolocada al mandarle… un beso.
El diputado del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, quen también subió a tribunar para argumentar su voto en contra, advirtió a los priistas sobre el abuso de las frases de Benito Juárez y, sobre todo, con dichos sacados de contexto porque si de eso se trataba, él podía revisar con otra frase del Benemérito: “Malditos aquellos que con sus palabras alaban al pueblo y que con sus acciones lo traicionan”.
Aunque el petista ha realizado un trabajo cuestionable en el Congreso al respaldar la mayoría de las iniciativas del PRI, aun las más polémicas, en esta ocasión le tocó recordar que la iniciativa de Juan Carrillo es reiterativa porque en la Constitución se protege el derecho a disentir y a manifestarse.
Además, dijo que detrás de esta iniciativa estaba el tema del Tianguis Turístico y el temor que se surjan manifestaciones en la Zona Hotelera.
Diputados priistas como Filiberto Martínez y Jesús Pool también subieron a tribuna para defender la iniciativa de Juan Carrillo y avalar la restricción de manifestaciones en Quintana Roo.
Eduardo Martínez Arcila, presidente del PAN en Quintana Roo, destacó que los diputados de su partido no sólo votaron en contra de la inicitiva para restringir las manifestaciones, sino que planeaban combatirla en los tribunales.
LAS NUEVAS RESTRICCIONES PARA MANIFESTARSE EN QUINTANA ROO
Según la iniciativa de Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de entrada se faculta a la autoridad para intervenir si en una protesta:
“Se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o profieren injurias, o sea hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
Pero también de manera tajante, prohíbe llevar a cabo bloqueos y advierte que éstos serán disueltos.
“Se realizarán las acciones necesarias para retirar el bloqueo de manera inmediata”, advierte.
Y además prohíbe marchas en “vías primarias”. Además, regula las marchas en las vías públicas.
“Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales”.
Y agrega:
“En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad, tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
De igual forma, restringe los espacios para la realización las marchas, incluidos los turísticos.
“En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo.
De igual manera, obliga a los participantes en manifestaciones, marchas y plantones a responder directamente cuando “causen daños a los bienes o derechos de terceros”, independientemente de la “responsabilidad administrativa, civil y penal que resultara”.
También obliga a los organizadores de marchas a dar aviso por escrito con 48 horas de anticipación la Secretaría de Gobierno del estado y a las secretarías de los ayuntamientos. (Noticaribe – Información Preliminar – Con datos de Proceso)
CONSULTA EL TEXTO COMPLETO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE QR
