CHETUMAL, MX.- Luego del rechazo social ocasionado por la aprobación de la Ley de Ordenamiento Social (Antimarchas) por parte de los diputados del PRI y el Verde Ecologista el pasado mes de marzo, la cual regulaba y sancionaba las manifestaciones públicas que afectaran los intereses de terceros, el diputado impulsor de esta fallida iniciativa, el priista Juan Carrillo Soberanis, volvió a la carga ahora con un iniciativa quizás un poco ‘light’, pero en el sentido sancionar los bloqueos a espacios y edificios públicos.
Y es que luego de ser la persona menos indicada para presentar esta fallida iniciativa de “Ley antimarchas”, debido a la nula calidad moral producto de los antecedentes vandálicos de Juan Carrillo en el Palacio municipal de Lázaro Cárdenas, contra su ahora compañera legisladora Trinidad García Argüelles, el diputado priista no se da por vencido y presentó una nueva versión de esta iniciativa, ahora un poco mas mesurada en su contenido pero que sigue teniendo el mismo propósito.
Este jueves fue presentada al pleno del Congreso la Ley de Ordenamiento Cívico (Ley antibloqueos) que por palabras Juan Carrillo, esta iniciativa es impulsada también por los coordinadores de la bancada del PRI, Pedro Flota Alcocer, del PAN, Sergio Bolio Rosado, del PANAL, Emilio Jiménez Ancona y del Verde, Remberto Estrada Barba.
“Esta nueva iniciativa va respaldada por cuatro diferentes fracciones parlamentarias, esta nueva iniciativa es aun más clara que la anterior”, dijo.
De los 35 artículos que constaba la Ley antimarchas, cerca de la mitad de estos tuvieron que ser eliminados o corregidos ya que claramente transgredía los derechos humanos y el derecho a la libre manifestación, estipulada en la Constitución Mexicana.
Con respecto al punto que causaba más polémica era la de “disolución de manifestación por medio de la fuerza pública”, el priista señaló esta nueva versión seguirá presente pero ahora “con pleno respeto a los derechos humanos”.
“Si hay un bloqueo la autoridad queda facultada para llevar a cabo las medidas necesarias para restablecer el orden público y la paz social, pero esta vez con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales”.
De la notificación con 48 horas de anticipación a la autoridad gubernamental por parte de los manifestantes, este aviso se mantiene pero ahora de manera voluntaria.
De los tiempos de aprobación y posible publicación por parte del ejecutivo de esta nueva iniciativa, Carrillo Soberanis dijo desconocer, ya que según él los diputados se tomaran el tiempo necesario para evaluar esta propuesta (cosa que no hicieron con la primera versión) para enviarla a aprobación y publicación el Periódico Oficial.
Cabe destacar que esta nueva versión de la Ley de Ordenamiento Social estaría de más, ya que en el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno se estipulan los fines que persiguen dicha iniciativa, es decir, es algo que ya está estipulado en los artículos 159 y 160 de dicho reglamento en donde habla de las sanciones o faltas a la legislación municipal debido a realizar acciones que alteren el orden público como:
Artículo 160 Fracción XIX: “Organizar o participar en grupos que causen molestias a los transeúntes en la vía pública así como en espectáculos públicos o en domicilios particulares”
Por lo cual dicha iniciativa es reiterativa y simplemente viene a estar demás demostrando que el diputado busca curarse en salud y no quedar evidenciado el hecho de que la opinión popular y presión social echaron para abajo esta iniciativa. (Fuente: Periodistas Quintana Roo)
LA NUEVA INICIATIVA DE LEY PARA SUSTITUIR LA FALLIDA ‘LEY ANTIMARCHAS’
CHETUMAL, MX.- A un mes de haber sido aprobada por la mayoría que ostentan el PRI y el PVEM, la Ley de Desarrollo Social será sustituida sin haberse promulgado, dado que el Congreso del Estado inició hoy el análisis formal de las observaciones y modificaciones que propuso el titular del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, para esta norma que pretende regular las manifestaciones, marchas y plantones, y que recibió el rechazo social debido a su carácter restrictivo.
Para cumplir con el trámite, en lugar de hacer las modificaciones sobre el decreto aprobado el pasado 24 de marzo, las propuestas del Gobernador fueron presentadas como una nueva iniciativa de ley en la sesión de este jueves en la tarde, que hicieron suya y firmaron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, el PVEM, el PANAL, Movimiento Ciudadano y también con el apoyo del PAN, para dar origen a la que se llamará Ley de Ordenamiento Cívico.
Entre las modificaciones que propuso el Gobernador del Estado y que se contienen en la nueva iniciativa, está el de que no se contemple en la ley el señalamiento de lugares prohibidos para la realización de manifestaciones, marchas y plantones, y el aviso a las autoridades no será obligatorio ni tendrá plazo para realizarse, dándole solo el carácter de garantía accesoria para que se puedan tomar previsiones para el ejercicio de los derechos de terceros, según la propuesta que fue turnada a comisiones en sesión de pleno realizada esta tarde.
Lo que sí se mantiene es la prohibición expresa de los bloqueos de las vías públicas, y se matiza la regulación sobre las marchas, estableciendo la obligación de los manifestantes de no impedir el tránsito de vehículos y de respetar el acceso de las personas a sus centros de trabajo.
Otro cambio que se propone es el nombre, para que se llame Ley de Ordenamiento Cívico; y también se propone reducir sensiblemente las multas, pues en la ley anterior se fijaba una máxima de hasta 5 mil salarios mínimos, es decir, de alrededor de 320 mil pesos por una infracción grave a esa ley; pero en la nueva propuesta la multa máxima será de 100 salarios mínimos, es de decir, aproximadamente 6 mil 400 pesos.
Como se recordará, además de prohibir los bloqueos con motivo de protesta en Quintana Roo, la Ley de Desarrollo Social decretada por el Congreso del Estado el pasado 24 de marzo pretendía también prohibir las manifestaciones, marchas y plantones en sitios públicos turísticos y sus vías de acceso, así como en vías públicas primarias y calles de un solo carril.
La norma originalmente se iba a llamar Ley de Cultura Cívica, pues así se propuso en la iniciativa que presentó el diputado del PRI Juan Carrillo Soberanis, pero en el análisis de comisiones se le cambió el nombre, para quedar denominada como Ley de Ordenamiento Social, pero con la nueva revisión ahora se llamará Ley de Ordenamiento Cívico, con algunos contenidos tomados de la Ley de Cultura Cívica vigente en el Distrito Federal.
Ahora, para cumplir con la modificación, que finalmente será sustitución, el Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de la Ley de Ordenamiento Cívico, firmada por Pedro Flota Alcocer, coordinador de los diputados del PRI; Remberto Estrada Barda, coordinador de diputados del PVEM; Emilio Jiménez Ancona, diputado del PANAL; Luis Fernando Roldán Carrillo, de Movimiento Ciudadano; y Sergio Bolio Rosado, coordinador parlamentario del PAN, que cambió se postura, pues se había opuesto a la ley anterior.
Lo que cambia
En la propuesta de nueva ley se elimina el artículo que expresamente establecía que las autoridades quedan facultadas para disolver la manifestación si durante el ejercicio de este derecho “se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o se profieren injurias, o se hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
La disolución de la manifestación, según este artículo que se propone eliminar, era para “garantizar el libre acceso de los servidores a las instalaciones públicas, así como garantizar la normalidad de las actividades y ejercicio de derechos de los habitantes de Quintana Roo”.
Otro artículo que se propuso eliminar es el que restringía los espacios para la realización de las marchas y plantones, prohibiendo que se realicen en sitios turísticos.
El articulado original que fue eliminado decía que: “En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del Estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo”.
En lugar de lo mencionado anteriormente, la propuesta de Ley de Ordenamiento Cívico establece que: “Si durante las manifestaciones, marchas o plantones se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público, o se produjera actos de violencia, la Administración Pública, según su competencia, tomará las medidas necesarias para garantizar el orden, la paz y la prestación de servicios públicos”.
Otras disposiciones que son matizadas en la propuesta del Ejecutivo son las que se referían a las restricciones para lar marchas en vías públicas.
La ley original prohibía las manifestaciones en vías públicas de un solo carril, estableciendo, además, que cuando se realizara una marcha en vías públicas, el paso de los manifestantes no deberá obstruir más de la mitad de los carriles, y cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales.
También prohibía las marchas en vías públicas primarias, “las cuales sólo podrán utilizarse para que las manifestaciones o marchas puedan cruzar de una vía a otra, puedan conectarse entre vías públicas secundarias, o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración o del plantón, siempre y cuando sea de manera pronta y momentánea”.
En caso de que los manifestantes invadieran áreas prohibidas, “la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas, haciéndose efectivas las sanciones previstas en esta ley”.
Sin embargo, estas disposiciones son eliminadas y ahora la propuesta de nueva ley dice simplemente: “Las personas que realicen manifestaciones o marchas, podrán hacer uso de las vías públicas”.
Según la nueva redacción propuesta, “cuando las manifestaciones tengan lugar en calles o avenidas, el paso de los participantes permitirá el uso de la mitad de los carriles y, cuando la infraestructura lo haga posible, se deberá privilegiar el uso de los carriles laterales”.
“Además de lo señalado en esta y en otras leyes, y con el fin de no dañar los derechos de terceros, los manifestantes respetarán el acceso de las personas a sus centros de trabajo”.
Pero si queda claro en la ley que no deben bloquear el tránsito en las calles o carreteras, pues se propone establecer que “tienen derecho de utilizar las vías públicas quienes habitan o transitan en el Estado, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en la presente ley y demás ordenamientos”.
Se mantiene prohibición
de bloqueos
La propuesta del Ejecutivo mantiene la prohibición de los bloqueos en Quintana Roo, aunque modifica la redacción del artículo en la propuesta de nueva ley para matizarla.
“Queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública. La Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintana Roo”, dice ahora el artículo.
En la ley que será sustituida, dicha prohibición se expresaba de esta forma: “Queda prohibido en el Estado de Quintana Roo, llevar a cabo bloqueos, en consecuencia, éstos podrán ser disueltos por la Administración Pública dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Por lo anterior, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas que participen en él, se realizarán las acciones necesarias para retirar el bloqueo de manera inmediata, a fin de restablecer el normal desarrollo de las actividades y derechos los habitantes de Quintana Roo”.
Otro punto polémico que fue matizado es el del aviso previo a las autoridades que se mantiene en la propuesta de nueva ley elaborada con base en las observaciones del Ejecutivo, pero sin plazo para hacerlo ni obligación de realizarlo.
La ley original obligaba a los organizadores de manifestaciones, marchas o plantones, a presentar un aviso por escrito a la Secretaría de Gobierno o a la Secretaría General del ayuntamiento correspondiente, por lo menos con dos días de anticipación, para que las autoridades puedan avisar a la ciudadanía de las manifestaciones que alteren la vialidad y se les ofrezcan alternativas de tránsito.
Ahora se propone establecer que “La Administración Pública, en el ámbito de su competencia y con el propósito de armonizar al máximo posible el goce de los derechos, deberá informar a la población sobre el desarrollo de manifestaciones que alteren la vialidad. Asimismo, podrá proponer alternativas para el tránsito de las personas o vehículos”.
“Quienes participen en una manifestación tienen derecho a dar aviso a la autoridad por escrito, para efecto de la adopción de protocolos de prevención y protección de sus derechos, incluyendo en estos la movilización de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad y la participación de visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos, dentro de las cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la misma.
“El aviso anterior se presentará por escrito a la Secretaría de Gobierno del Estado y/o a la Secretaría General del Ayuntamiento, lo cual facilitará proteger de forma preventiva los derechos de terceros y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25. En caso de que el aviso a que se refiere el párrafo anterior fuera realizado ante la Secretaría General de alguno de los Ayuntamientos del Estado, la misma deberá comunicarlo de inmediato A la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
Otras prohibiciones
La nueva ley mantendrá, con leves modificaciones, prohibiciones que ya tenía la Ley de Ordenamiento Social, y que tienen como modelo de referencia la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Entre las que se refieren a las manifestaciones, estará prohibido:
– Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas, así como en manifestaciones, marchas o plantones;
– Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes;
– Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y espacios públicos;
– Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello;
– Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales;
– Hacer disparos al aire con arma de fuego;
– Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad pública cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones, marchas, plantones u otro tipo de protestas;
– Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos;
– Llevar a cabo bloqueos, así como entorpecer de cualquier forma el uso de las vías públicas del Estado; y
– Realizar actos que de manera ilícita, afecte el normal funcionamiento de las acciones del estado, los municipios, la actividad económica, turística, social política del Estado de Quintana Roo; e
– Interrumpir, perturbar o en alguna forma pretender impedir u obstaculizar ilegalmente la celebración de manifestaciones, marchas o plantones.
Sin embargo, de estas prohibiciones fue eliminada la que se refería a alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación de la persona, que si estaba en la ley anterior.
En la propuesta, además, se establece la obligación de que el Gobernador del Estado y los ayuntamientos expidan reglamentos que rijan las materias de ordenamiento y cultura cívica contenidas en la ley, dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigor.
Además, se propone dejar sin efectos el decreto 99 expedido el 24 de marzo pasado, que contiene la Ley de Ordenamiento Social.
Se considera que la ley, ya con su nuevo nombre y contenido, será aprobada en sesión la próxima semana.
Otros temas
Cabe mencionar que este jueves el Congreso del Estado realizó dos sesiones, una de las cuales fue para reponer una sesión de la semana pasada que no se realizó por los días de asueto de la Semana Santa.
Fue en la segunda sesión del día cuando se dio entrada a la iniciativa de Ley de Ordenamiento Cívico, mientras que en la primera se dio entrada a una iniciativa de Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de Sangre y sus Componentes, presentada por la diputada Arlet Mólgora Glover, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, cuyo objetivo es fomentar en los ciudadanos quintanarroenses la cultura de la donación de sangre, para así contar con donaciones regulares que garanticen la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.
La iniciativa destaca la necesidad de que Quintana Roo cuente con un servicio de sangre bien coordinado que permita mantener un suministro suficiente de sangre segura a los pacientes que requieren una transfusión.
La iniciativa, que fue turnada a la comisión de Salud y Asistencia Social, propone entre otras cosas, que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) diseñe un Programa estatal de fomento de la cultura de la donación voluntaria de sangre, atendiendo los lineamientos sanitarios.
El Congreso de Quintana Roo se adhirió al acuerdo promovido por el Congreso del Estado de Tabasco, en el que respaldan y se suman a la cruzada nacional contra el hambre implementada por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República.
Los legisladores también se pronunciaron a favor del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas, legislaturas locales y gobiernos municipales, lleven a cabo una labor de concientización para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y adultos con autismo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
