CHETUMAL, MX.- Con el voto en contra de sólo tres diputados y la ausencia de otros cuatro, este mediodía el Congreso de Quintana Roo aprobó la polémica Ley de Ordenamiento Cívico que no es otra que la versión ‘depilada’ y ‘light’ de la llamada Ley Antimarchas que impulsó el gobernador Roberto Borge para tratar de restringir las manifestaciones y criminalizar la protesta social en el estado.
A favor votaron 18 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM), del Panal, y, en solitario, el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso, Sergio Bolio Rosado, quien, sin embargo, no tuvo el respaldo de sus otras dos compañeras.
Y es que en contra votaron la diputada panista Perla Tun, así como Jorge Carlos Aguilar Osorio, el único legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Hernán Villatoro Barrios, del Partido del Trabajo (PT).
No votaron por estar ausentes de la sesión del Congreso los diputados Luis Roldán, del Movimiento Ciudadano (MC), Trinidad García, del PAN, así como los priistas Martín de la Cruz Gómez (líder estatal de la CROC) y Arlet Molgora Glover.
Pese a su aprobación, la Ley de Ordenamiento Cívico representó un revés para la fracción del PRI que semanas atrás presentó y aprobó (el 25 de marzo) por la vía del ‘fast track’ y el mayoriteo la que fue llamada ‘Ley de Ordenamiento Social’ que representaba un burdo e inconstitucional intento por restringir las manifestaciones en el estado al prohibir las protestas en sitios públicos como plazas y edificios de valor histórico o turístico, así como las marchas sobre vías primarias y zonas turísticas, además de, por supuesto, el bloqueo de carreteras o calles, con la facultad para el Estado de usar la fuerza pública para ejecutar un desalojo en caso de cualquiera de estas posibilidades.
Además, uno de los elementos más criticados, es que se obligaba a los manifestantes a dar aviso a las autoridades que planeaban una protesta con 48 horas de anticipación.
LA REPUDIADA INICIATIVA PARA CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL
Aunque esta ley fue aprobada por mayoría, con votos del PRI y PVEM, Borge Angulo no la publicó en el Periódico Oficial e incluso ofreció someterla a revisión.
Sin embargo, la ley polémica no fue devuelta al Congreso y, en cambio, se presentó otra, denominada “Ley de Ordenamiento Cívico del estado de Quintana Roo”.
La nueva iniciativa fue presentada por los diputados Pedro José Flota Alcocer, Sergio Bolio Rosado, Remberto Estrada Barba, Emilio Jiménez Ancona y Luis Fernando Roldan Carrillo, coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC), así como por Carrillo Soberanis, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.
En su exposición de motivos, la nueva ley ofrece “brindar medidas de prevención y protección” a los manifestantes y asegura que se busca evitar la “criminalización” de las protestas.
También asegura que la “administración pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública y protegerá a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”.
De igual forma, ofrece que quienes “realicen manifestaciones o marchas, podrán hacer uso de las vías públicas”.
No obstante, en la propuesta se advierte que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”.
Y mantiene la prohibición a los bloqueos:
En contraste, otorga al ombudsman estatal facultades para vigilar “el respeto de los derechos humanos de las personas que participen en manifestaciones, marchas, plantones o bloqueos”.
Por otra parte, establece que “quienes participen en una manifestación tienen derecho a dar aviso a la autoridad por escrito”.
Así, la nueva ley otorga facultades al gobierno estatal y los municipales que, tras un aviso de una protesta, “podrán invitar a los manifestantes a participar en mesas de atención o negociación”.
Hoy, el diputado Juan Carrillo aseguró que en esta nueva iniciativa “se escucharon” recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional, las cuales condenaron severamente los intentos por criminalizar la protesta social en México con intentos como los de esta nueva ley en Quintana Roo.
El diputado perredista, Jorge Carlos Aguilar Osorio, dijo que pertenecía a una izquierda progresista, por lo que “jamás votaremos contra la libertad de expresión y manifestación”.
Por su parte, la diputada neo priista Marybel Villegas (antes militó en el PAN y el PRD), defendió la nueva Ley de Ordenamiento Cívico porque “garantiza la libre manifestación de los ciudadanos quintanarroenses” y “no contraviene derechos fundamentales de nuestra Carta Magna”. (Noticaribe con información de Proceso)
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que comentarios se pueden hacer? es frustrante como imponen sus marranadas,
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