En comisiones, aprueban diputados leyes secundarias en materia electoral; sigue votación en el pleno

Posted on mayo 15, 2014, 2:50 pm
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Diputados perredistas protestaron este jueves contra el intento de asignar pensiones vitalicias a los magistrados y denunciaron se se trataba de un caso de corrupción anticipad. Estuvo presente la diputada quintanarroense Graciela Saldaña Fraire.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en sus términos los dictámenes de las minutas que expiden las Leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la de Partidos Políticos, que el Senado envió a San Lázaro para su ratificación.

El presidente de esta instancia legislativa, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que ambas minutas se enviarán al pleno para que sean votadas en la sesión de este jueves.

Reconoció la apertura y participación, así como la tolerancia de cada uno de los integrantes de esta comisión y levantó la sesión, que desde hace una semana se había declarado en permanente.

Por su parte, la diputada perredista por Quintana Roo, Graciela Saldaña, quien presentó una serie de reservas a la ley para la discusión en el pleno, explicó que la iniciativa de leyes secundarias en materia politico electoral comprende dos dictàmenes:

1.- Ley General de Partidos Polìticos; y,
2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que engloba:

ARTÍCULO PRIMERO: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
ARTÍCULO SEGUNDO: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
ARTÍCULO TERCERO: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
ARTÍCULO CUARTO: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dijo que el grupo Parlamentario del PRD estará luchando por evitar restricciones en candidaturas independientes, evitar pensiones vitalicias a magistrados, mejorar medios de impugnacion y nulidades.

Sobre la pensión vitalicia a magistrados, uno de los puntos más polémicos que apenas reventó la mañana de este jueves, varios diputados del PRD realizaron una manifestación en la que denunciaron que se trataba de un acto de “soborno anticipado” a los magistrados electorales, porque quienes están actuando en el cargo serán los mismos que calificarán las elección presidencial de 2018.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (PRD) sostuvo que pretender darles una pensión vitalicia a los magistrados “constituye una ofensa, en momentos en el que país tiene 50 millones de pobres y que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pretende condicionar la entrega de subsidios a las familias a que no tengan más de dos hijos.

“Este regalo a los magistrados nunca estuvo en a discusión. Incluso se sacó del proyecto de dictamen y ahora PRI y PAN lo volvieron a introducir de manera subrepticia para congraciarse con los magistrados y anticipar votos en favor”.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 los magistrados electorales reciben un aguinaldo de 353 mil 98 pesos; prestaciones nominales por 377 mil 410; una prima vacacional de 61 mil 792, entre otros, un seguro de separación individualizado por 317 mil 788 pesos.

EL ALCANCE DE LA REFORMA POLÍTICA

Los dictámenes de estas leyes secundarias reglamentarán la reforma constitucional en materia político-electoral y garantizarán el marco jurídico para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice los comicios que se llevarán a cabo en 2015 en 17 estados del país, de los que en nueve se elegirá gobernador.

En la sesión extraordinaria de este jueves en la Cámara de Diputados se debatirán y votarán los dictámenes de los decretos por los que se expedirán las leyes generales de Partidos Políticos, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esa última contiene tres reformas importantes: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley de Medios de Impugnación, ésta durante el proceso electoral.

Al aprobar el Congreso esas leyes secundarias, los congresos locales tendrán tiempo suficiente para homologar sus legislaciones electorales estatales a este nuevo marco jurídico.

Con estas leyes reglamentarias se establecen topes al prorrateo, es decir, los recursos que destinan los gobiernos federal, estatales y municipales a las campañas.

Asimismo, se otorga al INE la facultad de atraer elecciones locales por excepción y obliga a concesionarios a televisar dos debates presidenciales, entre otros; además de que el instituto fortalece sus facultades respecto al desaparecido IFE, ya que tendrá competencias que tienen hoy los organismos locales.

Cabe destacar que permanecen los 32 organismos electorales de las entidades federativas, pero se acotan sus atribuciones y se vinculan de manera directa al INE mediante la nueva Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (Oples).

Se establece que el INE cuente con atribuciones jurídicas para absorber de manera extraordinaria facultades de organismos locales, como la fiscalización de ingresos y egresos de precampañas y campañas, la capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de los funcionarios, geografía electoral y redistritación.

En materia de voto en el extranjero, se establece que los mexicanos que viven en otros países puedan elegir presidente, gobernadores y senadores en las modalidades de voto por correo y electrónico, cuando se tengan los medios para hacerlo.

Sin embargo, se mantienen los candados para que los candidatos no puedan hacer campaña en el extranjero.

La nueva Ley de Partidos Políticos acota el financiamiento privado y prohíbe a los sindicatos y gremios aportar recursos a campañas, partidos y candidatos.

Los diputados señalaron que la Ley General de Partidos Políticos es fundamental para “meterlos en cintura” y tener reglas claras; ya que, como reconoció la perredista Lizbeth Rosas, en estas instituciones políticas se han cometido excesos.

Hay que obligar a los partidos a respetar la paridad y las cuotas de género, y que los partidos sean sujetos obligados, para evitar financiamientos fraudulentos; además de que dejen de ser patrimonio de algunas familias y que no se conviertan en negocios jugosos de unos cuantos, puntualizó. (Con información de Notimex y La Jornada)

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