CANCÚN, MX.- La construcción del complejo “Puerto Nizuc Grand” en terrenos del Área de Protección de Flora y Fauna “Manglares de Nichupté” no es la clásica combinación de voracidad empresarial y corrupción oficial para adjudicarse ilegalmente terrenos públicos sino una historia de ficción sobre el apoderamiento de siete hectáreas de manglar en Cancún, vendidas en 1987 por un difunto.
Sustentada en documentos falsos y personas ficticias, en esta trama el gobierno de la República resultó timado con un predio ilegalmente adjudicado a la asociación civil “De Cancún Para el Mundo”, antes de pasar de dueño en dueño y contar con el aval de notarios de los estados de Yucatán y Quintana Roo.
El historial del terreno en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tiene como antecedente documental una supuesta inscripción del 3 de abril de 1987 que hace referencia a un contrato privado que sólo pudo haberse celebrado desde ultratumba.
Las siguientes huellas conducen al Día de los Inocentes del año 1990 –28 de diciembre–, en el que el señor Urbano León Tuz –ahora ya también fallecido– le otorgó a Joaquín López Gómez, de 74 años, un poder notarial y éste le vendió la propiedad a su hija Mariana López Arciniega, de 23 años. Dicho poder fue certificado por Mario Fernández Torre, notario 15 de Mérida, Yucatán, también ya fenecido.
Y por si al asunto le faltara todavía más embrollo, existen sólo referencias de la participación de otro notario, todavía no identificado, quien presuntamente habría certificado un contrato de compra-venta todavía más antiguo, del 9 de julio de 1960, 27 años antes de la primera inscripción ante el Registro Público.
Dicho contrato de compraventa, presuntamente fue inscrito bajo el número 538, fojas 270 del tomo XL VIII-A, sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chetumal, pero el documento no está disponible en dichas oficinas.
Con estas inconsistencias en la documentación, al llegar 2005 las autoridades municipales certificaron las medidas y colindancias del predio, y sin más preámbulo ampliaron su original dimensión de 7.2 a 10.3 hectáreas.
A partir de ahí, Francisco Lechón Rosas, notario 10 de Cancún, se encargó de la operación de compra-venta del inmueble. El 22 de enero de 2005, quedó inscrito en el Registro Público el folio 144752 la escritura pública 29 mil 857, volumen 102 B, con la cual, cuatro días hábiles después, Mariana López Arciniega, celebró un contrato de compra-venta por 6 millones de pesos, a favor de la asociación civil “De Cancún para el Mundo”.
Operación original. A los 59 años, víctima de un balazo provocado por un arma calibre 20 milímetros murió Cándido Povedano Martínez, esposo de Rosa Moguel Díaz, en días en que el municipio de Isla Mujeres era una sinfonía de verdes e incomodidades.
De acuerdo con el acta de defunción de la oficialía 01, libro 0001, acta número 00055, del 23 de septiembre de 1977, cuya copia obra en poder de Luces del Siglo, la muerte de Povedano Martínez fue certificada por el médico Fernando García Fuentes.
Sin embargo, diez años después el difunto habría celebrado un contrato de compraventa que no tiene sellos ni la firma de la entonces directora del Registro Público de la Propiedad, Magaly Magaña Tintoré.
El extracto de este documento, redactado a mano, dice: “Siendo las 09:50 horas del 3 de abril del año 1987, me fue presentado para su registro un contrato privado que celebraron por parte del C. Cándido Povedano Martínez, y el señor Urbano León Tuz, ratificado ante la fe del notario público 4 del estado de Yucatán, por la cual se transfiere a título de venta por la cantidad de 50 mil pesos a favor del segundo”.
En entrevista con este semanario, Magaña Tintoré, actual titular de la Notaria 25 en Cancún, explica que hace 20 años, cuando fungió como directora del Registro Público, no había los avances electrónicos de hoy.
“Había pocos recursos, teníamos instalaciones muy pequeñas, poco personal y se estableció que el nombre que apuntaban en los libros después de hacer cualquier registro, sería el de la directora del Registro Público, en aquella época no existía un reglamento. Por eso, no existe firma mía en ninguna de las anotaciones. Esos libros sólo llevaban mi nombre, no mi firma”, explica.
La notaria también aclara que el documento donde aparece su nombre, no es una escritura pública, sino un contrato privado inscrito en el Registro Público.
“Esa inscripción no es el origen de la propiedad, antes que eso tuvo que haber algún otro documento de donde este señor que vendió tenía ese derecho ¿De dónde surgió ese derecho? Porque ese no es un título de propiedad expedido por Reforma Agraria, sino un documento privado celebrado ante un notario de Yucatán que debió haberse cerciorado –y seguramente lo hizo– de que la persona que estaba vendiendo era propietario de ese inmueble. Y si no hubo ese documento, quiere decir que no existe la propiedad como tal”, aclara.
Francisco Villarreal, encargado del jurídico durante la administración de Julián Ricalde Magaña (2011-2013), dice que el problema más grave no es la ausencia de la firma ni del sello en la primera inscripción registral, sino saber de dónde salió el título de propiedad para poder enajenar el predio.
“¿Dónde está el título? No hay ningún antecedente con relación a la propiedad de ese predio. Ese predio, se presume, es propiedad de la nación y debió haber un decreto, a través del cual, el presidente de la República ordenara la desincorporación y la enajenación, pero no existe, no está en el Registro Nacional Agrario, en la Sedatu, en la Reforma Agraria y Ordenamiento Territorial ¿De dónde lo sacaron? Nadie lo sabe”, afirma.
Además, añade, en este proyecto hay muchas personas ‘convenientemente’ muertas; mecanismo de protección utilizado por algunos malhechores para que los involucrados no puedan comparecer a rendir cuentas de lo ocurrido.
No es la única irregularidad en torno al proyecto de “Puerto Nizuc Grand”. Villarreal Escobar asegura que técnicamente se está ante un grave conflicto de intereses debido a que Santhy Montemayor, actual directora del Instituto Municipal de Planeación Municipal de Benito Juárez (Implan) y principal promotora del proyecto, fue quien en 2005, cuando laboraba en la dirección general de Desarrollo Urbano, expidió los cambios de usos de suelo.
Dichos cambios de uso de suelo, dice Villarreal no pueden surtir efecto legal alguno hoy, en principio porque la Dirección de Desarrollo Urbano no existía orgánica ni jurídicamente en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano. Además, no hay ningún instrumento de planeación que le otorgue densidad a la zona conocida como “Manglares de Nichupté”.
El abogado puntualiza que, al autorizar el cambio de uso de suelo de forma irregular, la arquitecta generó derechos falsos a un particular con el objeto de que pudieran ser explotados con posterioridad y hoy – a través de la actualización del PDU- se pretende dar una densidad de 2 mil 39 cuartos a un terreno dentro de un Área Natural Protegida.
En el sistema Manglares de Nichupté se aplicaba el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 2005, donde la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 10 corresponde a humedales del sistema lagunar Nichupté y manglares del borde del cuerpo lagunar. No aplica un uso de suelo hotelero, turístico ni comercial.
–El Ayuntamiento habla de un supuesto acuerdo de Cabildo para densificar esta zona, ¿existe?.
–Dentro de los puntos de acuerdo de la septuagésima sexta sesión del Ayuntamiento, presidida por el ex presidente municipal interino Carlos Canabal, se aprobó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, la actualización 2005 del PDU y se sometió a consideración del Cabildo el cambio de uso de suelo de unos terrenos.
“Entre ellos, uno ubicado en el kilómetro 23 -200 de la zona hotelera de Cancún, en la manzana 5. Sin embargo, en 2008, el lote 61 se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, lo que evidencia que no es el mismo lote”.
Finalmente –dice– hay que considerar que aunque la empresa “De Cancún para el Mundo” se haya amparado y haya obtenido la desincorporación de ese predio por instrucción de un juez, al momento de que transmita la propiedad de los condominios, perderá los efectos de ese amparo y el terreno volverá a ser área natural protegida.
El secretario del Ayuntamiento José de la Peña ha manifestado que el terreno se sacó del polígono del área natural protegida; sin embargo, “eso es falso”, resalta Villarreal.
En una entrevista a medios locales, la abogada Alejandra Serrano del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advierte que la sentencia del juzgado que falló a favor de Héctor Zulueta Ochoa, representante y presunto dueño del predio localizado en el kilómetro 23+200 de la zona hotelera de Cancún, sólo establece que no le será aplicado el decreto del Área Natural Protegida a los 12 polígonos que componen el Área de Protección de la Flora y Fauna “Manglares de Nichupté”.
“La sentencia no dice en ningún momento que se modifique el uso de suelo, ni la vocación del predio; tampoco significa que pierda su alto valor ambiental, porque son manglares en buen estado que brindan muchos servicios ambientales importantes, por algo se les decretó como Área Natural Protegida”, expresó.
Villarreal dice por su parte que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del Parque Nacional Tulum es muy clara y el municipio no puede afectar la esfera de competencia de la Federación.
“Al insistir en densificar un área de protección, el municipio de Benito Juárez incurre en incompetencia de sus facultades”, añade el abogado.
Para Julio César Lara, dirigente estatal del PRD, se requiere que el presidente municipal Paul Carrillo dé a conocer el nombre de los propietarios de los predios que están siendo beneficiados con la actualización del PDU.
Advierte que en caso de violaciones institucionales, el sol azteca buscará elementos para contravertir la situación. “Si vemos asuntos de carácter legal iremos a las instancias adecuadas. El hecho de tener la mayoría en el Cabildo no les autoriza a estos funcionarios a destruir la ciudad, no les autoriza favorecer intereses particulares a grandes empresarios”.
De acuerdo con imágenes satelitales, el predio donde se pretende construir el polémico proyecto “Puerto Nizuc Grand” ya fue devastado. Inclusive, vía internet ya está siendo comercializado por la inmobiliaria “Jaguar”, propiedad del ex presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, quien ha asegurado que el terreno cuenta con los permisos respectivos de uso de suelo y de construcción otorgados ya por los vivos. (Fuente: Luces del Siglo)
