MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Los electores de la municipalidad de Miami aprobaron en las urnas el martes tres enmiendas importantes relacionadas con el uso de los terrenos públicos litorales.
Con todos los votos reportados, un 68 por ciento de los electores dio luz verde a la construcción de Skyrise Miami, una torre de 1,000 pies de altura con forma de un gancho de pelo que se edificará detrás del centro comercial Bayside, frente a la bahía. 22,447 personas votaron por la propuesta.
El proyecto, de acuerdo con un reporte del periódico El Nuevo Herald incluye un pago por adelantado de $10 millones a la Ciudad. Los promotores de Skyrise aseguran que la torre de observación, centro comercial y parque de diversiones se convertirá en un símbolo global de Miami.
Jeff Berkowitz, el urbanizador de la torre, incluso ha comparado el proyecto con la Torre Eiffel de Paris.
“Con este proyecto el pueblo es el que gana, sin poner un centavo”, dijo el alcalde de Miami Tomas Regalado el martes por la noche.
En las semanas previas a las elecciones Regalado emprendió una campaña de apoyo a la aprobación de las enmiendas y el proyecto de Skyrise.
“Ahora nuestra misión es hacer que lo que se haga se haga rápido y sea beneficioso para downtown, Miami y todo el sur de Florida”, dijo el alcalde.
Como parte de esa misma propuesta, los votantes también aprobaron extender a 99 años el arrendamiento del espacio público donde está el centro comercial Bayside Marketplace; incrementar el número de espacios en el garaje público; y cambios al acuerdo de la participación de los miembros de grupos de minorías en los negocios del área. El trato también incrementaría el precio de la renta que los negocios de Bayside pagan a la Ciudad de Miami.
Los electores también aprobaron dos enmiendas a la carta constitucional de la Ciudad.
Una permitiría incluir en el reglamento la aprobación bajo referendo de toda extensión de las licencias de construcción para proyectos en terrenos públicos que no se hayan ejecutado en cuatro años.
El comisionado Frank Carollo, quien propuso la enmienda, dijo que busca proteger a la Ciudad de pérdidas económicas.
“Por la gran aprobación de los votantes es obviamente algo que se necesitaba y será para el beneficio de la ciudad de Miami”, dijo Carollo.
La aprobación fue de 78 por ciento, con 21,717 votos registrados.
Carollo propuso la enmienda tras una controversia por un proyecto de desarrollo urbano en Watson Island, una valiosa área litoral de Miami, que fue aprobado en el 2011 y que aún no se ha empezado a construir.
Los urbanizadores de ese proyecto dijeron recientemente que por fin habían empezado la construcción, pero como los términos del acuerdo con la ciudad no cambian, los urbanizadores pagaran renta anual basada en el valor de la propiedad según cifras del 2001. Ahora también se podrá renegociar la cantidad de dinero que el urbanizador debe pagar a la ciudad, basada en los cambios del mercado.
En Miami, las construcciones en las tierras litorales públicas deben ser aprobadas en las urnas.
“Los votantes fueron quienes dieron la aprobación en primer lugar y ellos son los que deben decidir el futuro de nuestras tierras públicas”, dijo Carollo.
Un 57 por ciento de 21,833 votantes también aprobó una enmienda que permitiría que la Ciudad arriende tierras del fondo de la bahía a entidades que posean tierras firmes colindantes.
María Rivero, una cubanoamericana republicana que votó en el recinto del Miami-Dade County Auditorium, dijo que había votado a favor de las tres enmiendas de la Ciudad de Miami.
Por su parte, Senovio González, también de origen cubano y que se identificó como demócrata, dijo que había votado sí por la enmienda sobre el Bayside.
“Voté porque hagan el edificio”, dijo González, entrevistado por el Miami Herald después de sufragar en ese mismo recinto.
EL CASO CANCÚN
Contrario a los modos de la ciudad de Miami, en Cancún es el Cabildo integrado por 15 supuestos representantes populares el que se encarga de aprobar cambios de uso de suelo y permisos para proyectos inmobiliarios en zonas sujetas a algún tipo de cuestionamiento o restricción ambiental o marcada en el Reglamento de Construcción o los ordenamentos urbanos vigentes, en congruencia con los permisos federales que los desarrolladores tienen la obligación de obtener.
El control que ejerce el Cabildo de Cancún cambia de acuerdo con la administración municipal en turno, ya que cada cual se ha abrogado el derecho de imponer sus propias visiones cortoplacistas al desarrollo urbano de la ciudad, lo que se ha reflajado en la creación de ordenamientos que al poco tiempo son cambiados, modificados o revertidos en sus puntos medulares en base a intereses ajenos al electorado, al medio ambiente y, paradójicamente, también al desarrollo d la ciudad.
En Cancún, el electorado no tiene opotunidad de manifestar en las urnas su aprobación o rechazo a proyectos específicos y no han sido pocos los casos que los permisos se ocultan a la opinión pública y sólo trascienden cuando ya los desarrollos polémicos se empiezan a construir.
Estas prácticas quedaron en claro el pasado lunes, cuando el Cabildo priista de Cancún aprobó el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU), eliminando así el ordenamiento formulado por la anterior administración perredista que sólo estuvo en vigencia unos pocos meses.
En este nuevo PDU se avaló la construcción de proyectos polémicos en la Zona Hotelera de Cancún y que en el pasado fueron rechazados o se mantuvieron frenados por diversas circunstancias.
Entre estos proyectos, por ejemplo, se autorizó la construcción del Bay View Grand en plena Zona Hotelera, y del desarrollo inmobiliario Puerto Nizuc, que se planea construir dentro del áréa natural protegida “Manglares de Nichupté”, el cual en sí es una contradicción a las normas y criterios ambientales vigentes a nivel federal.
Además, en este nuevo PDU, entre otros proyectos, se da luz verde a la construcción de uno de los dos puentes que se pretenden construir sobre el sistema laguna Nichupté para disminuir la carga vehicular sobre el Boulevar Kukulkán en la Zona Hotelera de Cancún, una obra que en el pasado ha levantado polémica a pesar de que los que la apoyan destacan que podrían traer beneficios viales a la ciudad.
Sin embargo, el punto es que en este y en cualquier otro proyecto con potencial de impactar el desarrollo urbano de Cancún, los electores no tienen oportunidad de expresar su desacuerdo o aceptación en una urna como si ocurre en otras ciudades más desarrolladas no sólo en asuntos urbanos sino en democratización y derechos ciudadanos. (Con información del El Nuevo Herald).
de cual fumaste kevin?…. el dia que eso suceda en mexico desaparecerían los estados unidos y europa…… aqui en mexico todo… todo tiene que ser chueco o no funciona… nacimos chuecos y asi seguiremos… no hay de otra…
En lugares como EEUU o Europa los planes maestros de la ciudad y cambios a estos son sujetos a audiencias pubilcas para los vecinos y gente que pueda sufrir impacto. Por ejemplo los apartamentos donde vivo (en torno a 1000 unidades) van a ser renovados y eso esta sujeto a audiencias donde se debe de atender las preocupaciones de los vecinos; se presentan las mitigaciones o los estudios de alternativas indicando como la alternativa seleccionada es la de menor impacto. Si los impactos resultan inacceptables el proyecto tiene que ser modificado.
El proceso retrasa el inico de las obras, pero ese tipo de retraso suele ser saludable, permite que todo se planifique adecuadamente y que haya menos imprevistos durante y despues de la obra. Este tipo de proceso tambien da transparencia a la emision de permisos ya que al ser publica la informacion es mas facil identificar conflictos de interes, corrupcion, etc.
Ojala algun dia se introduzca un proceso similar en Cancun y asi no se tenga que recurrir a movilizaciones y protestas despues de que se hagan atropellos a la ley y el medioambiente.
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