CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal por Quintana Roo, Graciela Saldaña Fraise, se pronunció por que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción sea presidido por un representante del Comité de Participación Ciudadana y que esta iniciativa sea verdaderamente la punta de lanza para castigar las conductas que se aparten de la norma de tranparencia y rendición de cuentas.
Durante su internvención en el Congreso, para proponer una modificación de la fracción I del artículo 113 de la Constitución Mexicana, para privilegiar la participación ciudadana, dijo que se debe involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la coordinación del sistema nacional anticorrupción, en el seguimiento en su evaluación puntual y en la toma de decisiones
“Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta enmienda, reviste especial interés, pues en la práctica, la falta de transparencia y rendición de cuentas, aunada a la carencia de instituciones que guarden distancias del Ejecutivo, -para que nos sean juez y parte-, así como la inexistencia de un marco sancionatorio, en los tres órdenes de gobierno, ha dado lugar a una cultura de corrupción rampante ante la complacencia e inacción de la autoridad, lo que ha prohijado la impunidad”, explicó.
Señaló que este has sido el común denominador en el actuar de la Federación, las entidades federativas y también los municipios.
“Es deleznable y escandalosa la opacidad, omisión y negligencia de gobernadores y munícipes. Las y los mexicanos fuimos testigos de los casos inauditos e irracionales, de Coahuila, de Tabasco, entre innumerables acciones y casos de corrupción, opacos y poco transparentes”, expuso.
Y agregó: “No solo es crear leyes sino abonar a que se cumplan con investigaciones irrefutables del mal manejo de las haciendas estatales”.
En este punto, destacó el caso Quintana Roo, “donde la deuda al cierre del 2013, ascendió a más de 17 mil millones de pesos, y que inconcebiblemente para el 2014, era de 21,174 millones de pesos, monto que representó 277.5% de los recursos que le transfirió la Federación vía participaciones y que aportan alrededor de 40% de sus ingresos netos, es decir el doble de la deuda pública al principio de la administración del actual gobernador”.
Dijo que este incremento, aunado a una baja recaudación y un crecimiento en gasto corriente, ocasionó un recorte a su nota crediticia en el mismo 2014. Siendo el único estado que sufrió dos ajustes a la baja ese mismo año
“Hoy los quintanarroenses tenemos los compromisos más altos del país, que si lo dividiéramos por habitante tendríamos que pagar 15 mil 973 por ciudadano”, anotó.
“En Quintana Roo se le han impuesto cargas más pesadas sobre sus ciudadanos, mi estado tiene la mayor deuda per cápita del país”, agregó.
“No solo es el aumento inédito del 75 por ciento en los primeros tres años del mandato del actual gobernador, además, se suman diversos préstamos por varios millones de pesos adquiridos sin la autorización del Congreso Estatal”.
Aclaró que “estas cifras no son mías: estas cantidades se han evidenciado de manera pública por diversas fuentes oficiales, y de medios de comunicación, que Quintana Roo, es de los Estados con mayor deuda pública”.
Advirtió que afortunadamente esta reforma le pondrá dientes a la Auditoría Superior de la Federación, con las nuevas facultades que se le proponen dar para verificar y controlar los recursos de los quintanarroenses y de todos los mexicanos.
“No más disimulos a los actos de corrupción llevados a cabo por los gobiernos príistas en nuestro Estado, que únicamente se han beneficiado de dichas aportaciones, soslayando el beneficio colectivo y ciudadano de los habitantes del Estado de Quintana Roo”, remató. (Noticaribe)
