CHETUMAL, MX.- ¿Dónde quedó el terrenito, dónde…? A más de 3 meses de que se revelara la venta de 11 hectáreas de las 27 que forman parte del predio histórico del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 11 de Chetumal, ninguna autoridad ha podido aclarar qué ocurrió y los presuntos responsables tampoco han sido llamados a cuentas.
Hace poco más de un mes, un grupo de profesores del plantel, con el respaldo de la diputada federal Graciela Saldaña Fraire, solicitaron a la Secretaría de la Función Pública investigar la enajenación de los terrenos de este plantel educativo.
Mediante un escrito dirigido a Roberto Michel Padilla, responsable de la Contraloría Interna de esa dependencia federal, se denunció la responsabilidad directa en el despojo del patrimonio del CBTA 11 a Lilia Beatriz Dorantes Ávila, directora del plantel, así como a José Dolores Espadas Várguez, subdirector de Enlace Operativo de la DGETA en Quintana Roo.
Ambos fueron acusados por posibles actos de corrupción, simulación de actos jurídicos, usurpación de funciones, incumplimiento de las obligaciones docentes-contractuales y lo que resulte de la irregular venta de las 11 hectáreas de los terrenos del plantel educativo a principios de este año al Ejido Chetumal, aunque no fue sino hasta unos meses después que los hechos trascendieron a la opinión pública.
Los terrenos enajenados eran una parte del inmueble destinada a la enseñanza y al desarrollo avícola e incluían instalaciones en buen estado como bodegas, depósitos de agua, tinacos, entre otros.
De las 11 hectáreas arrebatadas al CBTA 11, 8.7 hectáreas eran parte de un jardín botánico.
De más está mencionar que las instalaciones despojadas servían para el aprendizaje de los alumnos.
Los denunciantes dijeron que existe omisión y ocultamiento de la información porque tanto Lilia Beatriz Dorantes Ávila como José Dolores Espadas Várguez han logrado hasta ahora evitar a toda costa el conocimiento real de los hechos y la forma de transacción legal o administrativa en que la que se realizó, a espaldas de la comunidad educativa, la venta de las 11 hectáreas, todo maquillado bajo una supuesta “sesión de derechos”, es decir, cayendo en la simulación de un acto jurídico. (Noticaribe)
