CANCÚN, MX.- Cuando apenas lleva una semana como titular de la Procuraduría de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera incurrió en desacato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una sentencia en favor de Héctor Casique Fernández, considerado víctima de tortura por organizaciones internacionales, y preso desde hace 26 meses acusado de participar en la matanza el bar “La Sirenita”, en un colonia popular de Cancún.
Y es que la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado ordenó el ejercicio de acción penal contra el exdirector de la Policía Judicial (PJ) del estado, Arturo Olivares Mendiola, recién nombrado subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la SSP, por el delito de tortura en agravio de Héctor Casique, quien fue acusado de ser miembro del Cártel de Golfo.
De acuerdo con familiares de Casique Fernández, el resolutivo de la SCA alcanza a otros 35 funcionarios y exfuncionarios de la PGJE, entre ministerios públicos, secretarios y elementos de la PJ.
La resolución de la SCA es partir de un recurso de queja por la negativa del MP, Julio César Bonilla y del entonces procurador Gaspar Armado García Torres, para dar cauce la denuncia presentada por Casique Fernández por el delito de tortura.
Sin embargo, esta resolución fue emitida el pasado 27 de agosto y ya corrieron los 10 hábiles para que los imputados, entre ellos Olivares Mendiola, presenten un recurso de inconformidad, lo que no ocurrió.
“Desde el 18 de septiembre están en desacato”, dijo la fuente.
De esta forma, la sentencia de la SCA ya quedó en firme, por lo cual la Procuraduría ya debió haber iniciado la averiguación previa para someter a juicio a Olivares Mendiola y otros 35 funcionarios de la PGJE.
Los abogados de Casique Fernández explicaron que, tras su detención, presentaron una denuncia ante el MP del fuero común por el delito de tortura, pero éste ni siquiera consignó el caso y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Ante este determinación, los abogados de Casique Fernández presentaron un recurso de inconformidad ante el entonces procurador Gaspar Armado García Torres, quien ratificó el no ejercicio de la acción penal.
Frente a este nueva negativa, la defesa presentó un recurso de queja ante la SCA del TSJ contra la Procuraduría estatal.
Los litigantes sostuvieron que sea confirmada la violación sistemática de los derechos humanos de su cliente, desde que fue detenido y que, entre otras irregularidades, ha sido sometido a dos juicios por el mismo delito.
Héctor Casique, refirieron, fue acogido por el Protocolo de Estambul, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaria de Gobernación (Segob) le reconoció calidad de víctima.
Por otra parte, la defensa de Casique Fernández informó que está en proceso el cierre de instrucción del expediente en contra de su cliente por los cargos que lo señalan de haber ordenado a un grupo de sicarios la matanza en “La Sirenita”, en donde, entre otros, murió el subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa cancunense Magali Achach.
En su oportunidad, familiares de Héctor Casique denunciaron que fue aprehendido por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, a quien el ahora procesado exigió la devolución de 75 mil pesos que pagó a cambio de una plaza en esa corporación, misma que nunca le fue concedida. (Fuente: Proceso)
OLIVARES MENDIOLA Y LOS 35 AGENTES DE LA JUDICIAL BAJO PROCESO
Al menos 35 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, además de Arturo Olivares Mendiola, Subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales, deberán enfrentar acción penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de Héctor Casique, según lo dictaminado por José Manuel Ávila Fernández, Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), resolución que fue apoyada por el secretario de acuerdos, Wiliam Antonio Pacheco Mendoza.
La Sala Constitucional ordenó al Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) dar cumplimiento a la resolución S.C.A /P/075/2015 que ordena ejercer acción penal de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.
Es la primera vez en la historia de Quintana Roo que se ordena que un alto funcionario policíaco sea procesado por el Tribunal local por los delitos de tortura junto con un grupo numeroso de policías judiciales quienes presuntamente torturaron a Héctor Casique Fernández durante su detención en 2013.
Héctor Casique, tiene 29 años de edad y está recluido desde el 16 de marzo de 2013. Fue escolta de apoyo en eventos donde el Gobernador Roberto Borge Angulo se presentaba. Era instructor de la Policía Judicial del Estado cuando fue detenido, incluso Casique pensó que se trataba de una novatada, cuando lo empezaron a torturar para declararse confeso, pues aspiraba a un puesto oficial en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Por esta razón conoce a todos sus victimarios por nombre.
Casique Fernández ha recibido el apoyo de diversas organizaciones civiles, como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Amnistía Internacional y el Centro de Atención a Víctimas (CEAV), éste último lo tiene en calidad de víctima. Sin embargo aún continúa en prisión inculpado por la muerte de 7 personas en el bar “La Sirenita”, ubicado en un colonia popular de Cancún, pese a ser exonerado de esos delitos por un amparo federal. En ese entonces Arturo Mendiola Olivares era director de la Policía Judicial de Quintana Roo.
Mendiola Olivares fue nombrado por Paul Carrillo, Alcalde de Cancún, el 30 de Septiembre de 2013, 6 meses después de la detención de Arturo Mendiola, director de Seguridad Pública en ese municipio turístico, cargo que dejó el 30 de Julio de 2015 para incorporarse, por invitación del Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en el gabinete estatal como Subsecretario de la Coordinación de Policías Municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que ocupa hasta ahora.
La inédita resolución emitida por el TSJ en contra de los funcionarios locales, le fue notificada al entonces Procurador General de Justicia, Gaspar Armando García Torres, el pasado 27 de agosto, quien no atendió la resolución, y que dejó el cargo el 14 de septiembre. En su lugar fue nombrado Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien tampoco ha acatado la resolución definitiva de la Sala Constitucional para procesar a los 36 inculpados, todos ellos activos en la Procuraduría de Justicia y en el Gabinete de seguridad del Gobernador Roberto Borge.
García Torres desechó la averiguación previa 42/2013 donde Héctor Casique y sus abogados demandaron a los 36 funcionarios por tortura. Y con el oficio PGJE/3018/2014 resolvió el 19 de marzo, no ejercer la acción penal en contra de los acusados, protegiéndolos así de ser procesados. Sin embargo, los abogados de Casique interpusieron una queja en el TSJ, el cual resolvió finalmente el ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad y tortura contra los 36 involucrados, entre ellos mujeres y hombres, según copias certificadas en poder del reportero.
Los agentes ministeriales inculpados de los delitos de abuso de autoridad y tortura, son Yahara Martínez Góngora, Monserrat Romero García, Arturo Olivares Mendiola, Constantino Solana Wady Alfredo, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martinez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón y Aarón Pérez Olguín.
Así como, a Abel Mizraim Huerta Martín, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernandez, Jesus Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Gongora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez Alvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lio, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Adumaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara. (Fuente: Pedro Canché)
Que le hacen a la mamada periodistas de 5a cuando les pago la anciana revoltosa greñuda de su mama, para oagar tantas notas y los abogados particulares? Ha de tener mucho dinero la puta vieja, bn comandante sicario, bien nadie me toca, pero que su malandrito hijo esta en el bote se pone a chillar pinche vieja hipocrita
que les den bote a todos esos corruptos hijos de su puta madre
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