Un año después de desapariciones, en reunión con padres, Peña crea Fiscalía por el caso Ayotzinapa

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas tras su reunión con familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Dado que la instrucción presidencial se giró este jueves, todavía no existe un candidato a titular para la fiscalía, dijo el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, en una rueda de prensa posterior a la reunión de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, con el mandatario.

Peña se encontró este jueves con 110 familiares y abogados del caso, en una reunión privada en instalaciones del Museo Tecnológico (Mutec) de la Comisión Federal de Electricidad, a dos días de que se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los jóvenes.

El presidente les dijo que la investigación no estaba cerrada, que estaban del mismo lado y que buscan los mismo: saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia.

Al encuentro asistieron cuatro de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quienes entregaron al presidente una copia del informe publicado recientemente, donde cuestionan la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) en enero a propósito de la desaparición de lós jovenes.

La versión oficial de las autoridades es que, tras un enfrentamiento en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, las fuerzas de seguridad municipales llevaron a los jóvenes con miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los confundieron con integrantes de la banda rival, Los Rojos, y los mataron para posteriormente calcinar sus restos en el basurero de Cocula.

De acuerdo con los expertos, en un informe dado a conocer a principios de este mes, la versión PGR no tomó en cuenta un elemento “clave” dentro de las investigaciones: la presencia de un quinto autobús que transportaba droga. Además, el informe señala que un peritaje independiente realizado por el peruano José Torero determinó que no era posible quemar 43 cuerpos en el basurero.

En el encuentro, en el que Peña manifestó que “están del mismo lado”, los familiares de los jóvenes solicitaron que el gobierno acepte plenamente el informe del GIEI y ratifique que el caso permanece abierto.

Además, pidieron que se investigue el caso en una unidad especializada, supervisada por un organismo internacional. Este se compondría por dos instancias: “una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en un comunicado.

Por ello, solicitaron que el caso salga de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y sea atendida por la Oficina de la procuradora general de la República, Arely Gómez, con un fiscal que tenga el visto bueno del GIEI. También solicitaron que quienes realicen los peritajes cuenten con la aprobación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que coadyuva en el caso.

Las familias también pidieron la reclasificación del delito para acusar a los funcionarios con presunta responsabilidad del cargo de desaparición forzada, donde un servidor público participa en el ocultamiento doloso de una persona y se pena hasta con 40 años de cárcel.

El mandatario mexicano aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) analizará la procedencia de los puntos solicitados por las familias de los normalistas.

Esta es la segunda reunión entre Peña Nieto y los padres de los estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero.

Al encuentro asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, la procuradora general de la República, Arely Gómez y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, entre otros funcionarios.

Hasta el momento hay 111 personas detenidas por el caso, aunque ninguna de ellas ha recibido sentencia. (Fuente: CNN)

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