A finales de la década de los 60’s del siglo XX, cuando en el mundo florecía el boom petrolero y algunos países, entre otros el nuestro, tenía el beneplácito de la demanda de hidrocarburos, un puñado de mexicanos visionarios decidieron apostarle a la industria turística como una de las alternativas del desarrollo económico a futuro aun a pesar de la incipiente experiencia que en ese momento tenía México al respecto.
Este grupo logró el apoyo del gobierno federal, que si bien iniciaba un proceso de petrolarización global de la economía, también le dio sustento y carácter al entonces departamento de turismo con una Secretaría de Estado en el seno del Banco de México al crear el Fondo de infraestructura turística (INFRATUR), un organismo central consolidado para crear e impulsar cinco nuevos destinos turísticos: Huatulco, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Cancún, a los que les llamó “Integralmente planeados”.
Cancún resultó, a todas luces, el polo turístico de mayor éxito en el cumplimiento de los tres objetivos principales: 1. Coadyuvar a enfrentar el problema del desempleo regional originado por la crisis mundial de los precios del henequén en el mercado internacional, 2. Adquirir divisas frescas para el país, y 3. Diversificar la economía nacional.
Para el efecto expropiaron 12 mil hectáreas en el territorio Norte del estado de Quintana Roo, justamente en el área ubicada frente a Isla Mujeres, denominada y conocida como Puerto Juárez, cuya población la constituían 150 pescadores, quienes se convirtieron en testigos del proceso de urbanización planificado más importante de la historia nacional.
Ahora Cancún, a sus casi 46 años de creación, presume ser una ciudad con desarrollo sustentable; sin embargo, la realidad es otra: pequeños reductos de la selva fueron rellenados para construir calles y caminos, lo cual no significa que exista, por parte del ciudadano, el gusto por caminar y hacer buen uso del suelo. Pero, desde luego, a las y los cancunenses les preocupa hoy —con toda razón— que en el lugar en donde viven desaparezcan los parques, los jardines, los espacios públicos y, por ende, las áreas de conservación y las áreas protegidas.
La batalla ciudadana se pierde donde ganan las inversiones y los desarrollos inmobiliarios, y hoy realmente quedan pocos pulmones de áreas verdes, más bien cada vez disminuyen considerablemente debido al incumplimiento de los instrumentos básicos, como son: el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), los Programas de Manejo, y la Ley General de Equilibrio Ecológico, entre otros.
¿Cuáles son algunos ejemplos de las embestidas contra el ecosistema?: Dragón Mart, Tajamar, Puerto Cancún, Riu, y el proyecto La Ensenada en Holbox dentro del área protegida de Yum Balam (donde ya se ordenó y publicó hace más de un año una estrategia de conservación y no se ha hecho).
No es que convoquemos a una guerra contra la inversión y los desarrollos, pero sí se trata de levantar la voz, tal como de manera ejemplar lo ha hecho la sociedad civil organizada, a través de las organizaciones civiles locales, nacionales y extranjeras, junto con los vecinos hartos de la impunidad y corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno que no cumplen el trabajo para el que, se supone, fueron contratados. Hoy por hoy, la mayoría de esos funcionarios están en deuda con los habitantes de esta zona del país, quienes cada vez defienden con más vigor el lugar que eligieron para vivir.
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Graciela Saldaña es bióloga con maestrías en Ciencias y en Comunicación Política. Ha sido directora de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez y diputada federal en la LXII Legislatura.
