Ejidatarios de Sarabia piden intervención del Congreso por denuncia de fraude por 6 mdp

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Ejidatarios de Juan Sarabia en el Congreso de Quintana Roo.

CHETUMAL, MX.- Campesinos del ejido Juan Sarabia en el sur del estado acudieron este lunes al Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados con el fin de que proceda la demanda interpuesta contra Martín Haro Zepeda, comisariado ejidal, al cual acusan de fraude por un monto de seis millones de pesos.

Encabezados por Manuel Manzo Méndez, los ejidatarios manifestaron que de manera irregular y sin aprobación de los integrantes del ejido el actual comisariado ejidal determinó la entrega del 10 por ciento de la indemnización de la SCT destinada a cada ejidatario al abogado César López, siendo 10 mil pesos lo retenido a cada uno de ellos sin su consentimiento.

“Queremos que las autoridades del estado hagan caso de las denuncias penales que tenemos contra la directiva del ejido Juan Sarabia, a casi un año del fraude y haber puesto nuestra demanda en la Procuraduría de Justicia todavía no se consigna, creo que están esperando que pierda vigencia”, manifestó Manzo Méndez.

Los inconformes señalan que ni conocían a la persona que supuestamente los asesoró legalmente, ya que ni siquiera es del estado, indicando que tienen información de que el millonario monto se repartió entre la directiva encabezada por Martín Haro Zepeda y el abogado.

Cabe señalar que este grupo de campesinos fueron atendidos por el presidente de la Comision de Justicia, Carlos Mario Villanueva Tenorio, abriendo la posibilidad de que sean atendidos este martes en la comparecencia que tendría el Procurador ante los integrantes de la XV Legislatura.

Como dato, los inconformes precisaron que los 600 ejidatarios de Juan Sarabia recibieron en conjunto 60 millones de pesos por parte de la SCT como indemnización por la afectación a sus tierras por la modernización de las vías federales Chetumal-Cancún y Chetumal-Escarcega, de los cuales el supuesto abogado César López recibió del núcleo agrario seis millones de pesos por los presuntos servicios legales prestados. (Fuente: Política Quintana Roo)

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