Desde el 2009 a junio de 2016, el estado de Quintana Roo ha ocupado el quinto lugar en agresiones contra la prensa a nivel nacional con 90 casos, 18 de ellos, durante el 2015.
Las agresiones contra la prensa registradas en este estado y documentadas por ARTICLE 19, muestran una clara tendencia: durante la administración estatal anterior se recurrió con frecuencia al uso de mecanismos para desprestigiar la trayectoria de periodistas y medios de comunicación, a través de ataques sistemáticos en redes sociales; encarcelamiento arbitrario y clonación de revistas para tergiversar la información.
Por otro lado, se aprobaron y publicaron leyes mediante las cuales se pretende inhibir la libertad de expresión, ya sea en su modalidad de manifestación pública o de libertad de prensa.
Por último -pero no menos importante- a lo largo de la administración, se erogaron en opacidad recursos destinados a publicidad oficial, facilitando que la asignación de la pauta se use como mecanismo de censura indirecta y de control sobre las líneas editoriales de medios de comunicación, añadiendo a esto que el pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, desconoce la importancia de actualizar sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la armonización de su Ley estatal con la Ley General de Transparencia, que entró en vigor el 3 de mayo de 2016.
La publicidad oficial es un tema de suma importancia, a través de ésta se pueden inhibir líneas críticas de las administraciones o favorecer aquellas complacientes. Sin embargo, no se han establecido pautas normativas claras que limiten su uso como una forma indirecta de censura.
Esta es una situación preocupante, ya que con estas acciones se busca limitar el libre flujo de información a la que tiene derecho de acceso la sociedad en general, así como incidir de manera negativa respecto de la información crítica que se pública.
ARTICLE 19 enfatiza en que la publicidad oficial no debe ser utilizada como un mecanismo de presión por parte del gobierno para crear tendencias o líneas discursivas que puedan favorecer a determinados intereses.
Además, observa con especial preocupación la promulgación de leyes que resultan contrarias a la libertad de expresión. En este sentido, la promulgación de Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, así como la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Quintana Roo, establecen medidas restrictivas innecesarias para el sentido y alcance que se pretende con el derecho a la Libre expresión en todas sus vertientes.
ARTICLE 19 considera que el Estado de la Libertad de Expresión se deterioró de manera grave durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge, por lo cual se necesitan acciones urgentes por parte de la nueva administración para atender de manera eficaz todas las problemáticas planteadas en el presente documento.
Para esto, propone que se establezcan mecanismos de seguimiento que atiendan de manera efectiva los planteamientos señalados en el presente diagnóstico, debiendo el Estado Informar de manera clara y transparente las formas en las que ha atendido cada aspecto relativo a libertad de expresión y derecho a la información del estado.
Recordamos al gobierno de Carlos Joaquín González la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, por lo cual es de vital importancia atender con amplia voluntad las problemáticas que se plantean en el presente, para lograr una repercusión positiva en el ejercicio de todos los derechos humanos. (Fuente: Article 19)
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