Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero aprobaron por unanimidad autorizarle al gobernador del Estado Carlos Joaquín Gonzalez contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 19 mil 141 millones 825 mil 85 pesos, que serán destinados a liquidar total o parcialmente uno o los trece financiamientos previamente contratados y reestructurar la deuda por un plazo de 30 años.
También se autorizó un monto de hasta 478 millones 545 mil 627 pesos para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de diputados, aseguró que no se trata de un cheque en blanco al gobernador Carlos Joaquín González aunque el voto fue a favor con el argumento de que es necesario tener un ahorro de recursos en el corto, mediano y largo plazo, que deberán ser reorientados a tareas productivas, infraestructura y programas sociales.
El diputado Raymundo King de la Rosa, de la fracción parlamentaria del PRI, propuso crear una comsión especial de legisladores para que participen en el proceso de adquisición de este refinanciamiento.
Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, dijo que ese ahorro en el costo de la deuda, abonará a la liquidez del Estado para hacer frente a los requerimientos en los sectores sociales de salud, seguridad pública y educación, así como el beneficio de sanear las finanzas públicas, para entregar a las administraciones siguientes una mejor posición entre los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente.
Agregó que a través de este nuevo esquema en el que se buscarán mejores tasas de interés y mejores plazos, se obtendrán ahorros por arriba de los 600 millones de pesos que permitirán a la administración de Carlos Joaquín tener un margen de maniobra para cumplir con los programas y planes de gobierno.
El diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero consideró que la solicitud de reestructuración de la deuda pública, es una medida necesaria que permitirá la optimización de los recursos.
El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, del partido Encuentro Social, consideró que los beneficios de la reestructuración de la deuda se verán el próximo año y aseguró que la postura a favor del Congreso “no será un favor político sino un favor a los quintanarroenses”.
Ramón Javier Padilla Balam, diputado del partido Nueva Alianza, y el diputado José Carlos Toledo Medina se pronunciaron a favor de la reestructuración y otorgaron un voto de confianza a esta medida que garantizará la optimización y racionalización de los recursos públicos.
Para garantizar la transparencia de estas operaciones, tal como se establece en esta iniciativa, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado deberá informar de manera periódica a la Legislatura, cuál es el estado en que se encuentran las licitaciones de esta reestructuración, hasta el momento en que se dé la adjudicación.
A partir de ese momento, la Secretaría deberá rendir un informe pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera anual. Del mismo modo, una vez que se concrete el refinanciamiento, éste deberá inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo, y en el Registro Público Único para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten el Estado, los Municipios y los Entes Públicos, y deberá ser publicado en el portal de SEFIPLAN en un periodo no mayor de 15 días.
Adicionalmente, para corroborar que el refinanciamiento se dé bajo las mejores condiciones del mercado, la Auditoría Superior del Estado, deberá realizar el estudio correspondiente para verificar que efectivamente, se cumpla con lo estipulado por la Ley.
Durante la sesión, el diputado Jesús Zetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva, propuso considerar la alienación parental dentro del tipo de violencia familiar, a través de una reforma al artículo 983 ter del Código Civil. (Noticaribe)
