Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- A casi ocho meses de que se renovaron los once Ayuntamientos de Quintana Roo, hay municipios que llevan una férrea batalla contra la corrupción y la impunidad, como parte de las administraciones pasadas que dejaron en el quebranto las arcas municipales.

En Benito Juárez, no sucede así.

Considerado el municipio más importante económica y socialmente de la entidad por tener como cabecera a Cancún, la administración del presidente emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Remberto Estrada Barba, ha pasado inadvertida en el tema de combate a la corrupción, que pese a que es usado teóricamente como bandera de gobierno no es aplicado en la práctica.

Revisión de cuentas públicas de Paul Carrillo, la clara muestra

Como parte de presuntas irregularidades detectadas por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del Congreso del Estado, el pasado 29 de marzo el Parlamento solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) la revisión de apartados específicos de las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, correspondientes en su mayoría al ejercicio fiscal que desempeñó el priista Paul Carrillo de Cáceres.

Sin embargo, el gobierno de Remberto Estrada Barba se negó a permitir dicho estudio.

Bajo el argumento de que ya fueron juzgadas las cuentas públicas, el Ayuntamiento ingresó el pasado 4 de abril una Controversia Constitucional –con número 112/2017- ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que le otorgó la suspensión provisional.

“Hay que aclarar que los temas jurídicos hay que respetarlos, y precisamente 2014 y 2015 fueron acciones ya juzgadas en su momento y 2016 las cuentas están abiertas. El Congreso manifiesta el poder abrir las cuentas 2016, que están totalmente abiertas, en revisión, pero jurídicamente estamos cayendo en un error y doble acción. No hay que juzgar una acción dos veces”, declaró Remberto Estrada en aquella ocasión.

Y es que Remberto Estrada formó parte de los diputados locales que en la XIV Legislatura sí reabrieron las cuentas públicas de Benito Juárez, por presuntos desvíos en la administración del perredista Julián Ricalde Magaña, empero, esa acción dejó en evidencia que sí se puede juzgar dos veces.

El diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Emiliano Ramos Hernández, calificó como una maña señal que Remberto Estrada se comporte como un encubridor de su antecesor.

“Me parece que desde el punto de vista político y ético, el presidente municipal Remberto Estrada se equivoca al tratar de encubrir posibles desvíos de recursos de la administración anterior, me parece que es muy mala señal que sea un presidente municipal encubridor; cuando él tomó protesta, protestó cumplir y hacer cumplir la ley y por supuesto defender el patrimonio de Benito Juárez”, puntualizó el legislador.

El objetivo de la reapertura parcial de las cuentas públicas en Benito Juárez es comprobar un posible desfalco al erario municipal por casi 50 millones de pesos que son atribuidos al ex director de Ingresos, Hugo Favio Bonilla Iglesias, quien es Auditor Suplente.

No obstante que es una acción del Congreso del Estado, el Cabildo –liderado por el Verde y el PRI- ha mantenido total silencio en torno al asunto, y exceptuando al perredista Antonio Meckler Aguilera, quien denunció por daño patrimonial a Hugo Favio Bonilla ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el resto de los concejales de oposición hacen mutis y no han señalado ninguna anomalía hasta el día de hoy.

En Othón P. Blanco van contra la corrupción

Luego que los alcaldes tomaron protesta para el periodo 2016-2018, algunos de ellos dieron cuenta de las condiciones en las que recibían las comunas.

En Othón P. Blanco, cuya cabecera es la capital Chetumal, el edil Luis Torres Llanes expuso que varias dependencias que todavía estaban al cargo del ex alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui, ocultaron información durante el proceso de entrega-recepción e, incluso, destruyeron archivos comprometedores.

Derivado de las anomalías detectadas, en marzo de este año fueron presentadas denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de ex funcionarios municipales de la Dirección de Obras Públicas, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Las querellas quedaron asentadas en las carpetas de investigación con número FGE/QR/OPB/02/805/2017 y FGE/QR/OPB/02/803/2017.

El 10 de marzo de 2017, la síndico municipal, Marcela Rojas López, interpuso una nueva denuncia penal por el delito de peculado ante la FGE en contra de Cesar Euán Tun, ex tesorero municipal durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Esto ante la falta de comprobación con documentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por un monto de 31 millones 701 mil 300 pesos, por ello la Fiscalía abrió el expediente FGE/QR/OPB/03/1274/2017.

Además, la comuna capitalina integra 20 expedientes más, derivado de las irregularidades cometidas por la pasada administración que fueron encontradas en las diferentes áreas municipales por un monto de 117 millones de pesos.

Solidaridad también abrió expedientes contra el anterior gobierno municipal

El 14 de diciembre de 2016, la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez presentó dos denuncias penales ante la FGE en contra de Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro, quienes fungieron al frente de la presidencia municipal, así como el tesorero, oficial mayor y directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por la probable comisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública.

La denuncia interpuesta en contra del presidente municipal, tesorero y oficial mayor en la pasada administración se debe a que como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la señalada empresa, ni entregó tales recursos a la Administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.

Asimismo, se promovió una denuncia por la probable comisión de los delitos de desempeño irregular de la función pública y/o encubrimiento en contra de quien fungió como directora de Recursos Humanos de Solidaridad, debido a que en su carácter de servidora pública expidió constancias laborales a ocho supuestos trabajadores del Ayuntamiento, los cuales nunca fueron servidores de la comuna, con la finalidad de que éstos tramitaran créditos fraudulentos ante el INFONACOT, por un monto de 400 mil pesos.

En abril de este año, fue presentada una nueva denuncia en contra de Mauricio Góngora por malversación de fondos, por un monto superior a los 200 millones de pesos, con relación a diversas irregularidades en áreas de Servicios Públicos y Tesorería.

La denuncia fue la tercera que presentó el gobierno de Solidaridad, pero además el ex edil está relacionado con otra querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto financiamiento ilícito de su campaña a gobernador.

Cozumel no se queda atrás

La edil de Cozumel, Perla Tun Pech, interpuso el pasado 10 de marzo dos denuncias penales ante la representación de la PGR y la FGE, contra su antecesor, Fredy Efrén Marrufo Martín, y cuatro ex funcionarios locales por presuntos malos manejos de recursos públicos.

A la par fue presentada ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el ex funcionario, basada en “evidencias documentadas”.

Tun Pech informó que la solicitud de juicio político contra Marrufo Martín fue motivada por el manejo indebido de recursos públicos y daños a la administración municipal por 405 millones 997 mil 649 pesos.

“No se tiene claridad del uso y manejo de este dinero, por lo que la actual administración se ha encargado de resarcir los daños, especialmente las deudas a proveedores al gobierno municipal”, señaló en ese momento la alcaldesa.

Tulum hace lo propio

El gobierno de Romalda Dzul Caamal denunció que la anterior administración municipal priista desvió recursos federales por un monto de aproximadamente 45 millones de pesos y por esa razón fueron citados a declarar 25 ex funcionarios.

Lo anterior relució después de que se auditaron  las 15 obras inconclusas que dejó la gestión de David Balam Chan.

En el Ramo 33 se detectó que el techo financiero otorgado por la Federación en el ejercicio fiscal 2016 ascendió a 17 millones 954 mil 333 pesos, de los cuales el 29 de septiembre de 2016 ingresaron a las arcas del municipio 16 millones 158 mil 804 pesos, detectándose en este caso una irregularidad en la aplicación de este recurso por un monto de 12 millones 980 mil pesos, los cuales fueron desviados a gasto corriente, tales como nómina, proveedores, arrendamientos y servicios.

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), los recursos desviados ascendieron a 5 millones 125 mil pesos de un total 12 millones 840 mil 975 pesos que ingresaron el 29 de septiembre de 2016 a las arcas del ayuntamiento, aunque el techo financiero presupuestado para ese ejercicio fue de 17 millones 121 mil 305 pesos.

En el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad se detectó que para la obra de remodelación de la Avenida Tulum se consiguieron recursos del orden de los 14 millones 950 mil pesos de los cuales la administración de David Balam Chan desvió 10 millones infringiendo las reglas de operación del programa, que señalan que bajo ninguna circunstancia podrán destinarse a pagos de estudios, proyectos ejecutivos, servicios de mantenimiento y gasto corriente.

Pero ni el programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), estuvo exento de irregularidades pues se registró una inadecuada aplicación de recursos del orden de los 5 millones 530 mil pesos de un techo financiero por 11 millones de pesos y que fue parcialmente subsanada al reintegrar a la federación un monto de 6 millones 523 mil 776 pesos.

Además, en deuda a proveedores David Balam Chan dejó pasivos del orden de 11 millones, 644 mil 219 pesos.

Este es el único caso en el estado en el que un Ayuntamiento de extracción priista ventila irregularidades de la administración anterior, también del PRI. (Noticaribe)