Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- El Sistema Anticorrupción de Quintana Roo podría convertirse en un escaparate político más si no se cuida que la incursión ciudadana sea efectiva, por lo que es lamentable que hasta ahora no se han escuchado las propuestas del Observatorio Legislativo, señaló Eduardo Galaviz Ibarra, representante del mismo.
Y es que lamentó que las propuestas que se hicieron de manera previa a integrantes del Congreso no fueron atendidas, cuando estaban enfocadas completamente en la participación ciudadana y debieron hacerlo de manera abierta en lugar de considerad solo organismos contados, lo que refleja que no quieren hacer un verdadero cambio.
“Yo creo está cumpliéndose, pero no se está haciendo de la mejor manera y ahora tendrá que pasar por los ayuntamientos para que sea una reforma constitucional, pero si se da en ese sentido pues muy poco va a poder tener la participación ciudadanos; porque en el comité coordinador únicamente hay una presencia del comité ciudadana, los demás es el secretario de la función pública, el auditor, el presidente del tribunal de justicia del estado, la Fiscalía, entonces queda una vez que si ya está cortada no vamos a tener mucha presencia”, lamentó.
Lo que el observatorio trabaja actualmente de manera puntual, dijo, son dos temas: uno, que los nombramientos de los titulares de los órganos de control se puedan definir por el pleno del Congreso y no por la comisión permanente como se pretende, puesto que son cargos de 4 a 7 años que estarán en funciones y se puede prestar a manejo de grupos políticos.
Y en segundo término, recordó, ya se había presentado en sesiones previas con la diputada Mayuli Martínez, la observación de que los titulares de órganos de control no pueden pertenecer a ningún partido político, lo cual es correcto, pero no dice que al menos debieron haber renunciado dos años antes y se presta a que nombren a algún militante y solo pida licencia para ocupar el cargo.
Además, añadió, en los comités de participación ciudadana se dice en la reforma que se forma con cinco integrantes, tres propuestas de universidades del estado y dos por organizaciones civiles, pero no aclara qué universidades y no hay claridad d e porque organizaciones civiles sólo pueden hacer dos.
Y es que desafortunadamente, reconoció, se dan casos en los que los mismos rectores de universidades provienen de grupos políticos y si ellos son los que harán las propuestas sin convocar al consejo académico (porque tampoco se aclara), todo quedará en decisión política.
“La reforma constitucional del Sistema estatal anticorrupción no hay mucho por donde moverse de manera diferente, es decir, hay que crear un comité de coordinación del sistema, hay que tener un comité ciudadano, eso también está plasmado en la propuesta de reforma constitucional”, consideró. (Noticaribe)
