Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la necesidad de capitalizar al centro de rehabilitación infantil de Quintana Roo (CRIQ), la junta de gobierno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (Seguro Popular) aprobó el pago por concepto de subrogación de servicios que preste en atención a pequeños del Centro de Rehabilitación Social Infantil (CERESI), confirmó la directora Aida Gabriela Sosa Guerra.
Explicó que dependerá del servicio que proporcione el CRIQ por el cual recibirá el pago correspondiente.
En conferencia de prensa, dio a conocer las nuevas reglas de operación por parte del Régimen Estatal de Protección Social en donde destacó el manejo directo de sus recursos, y ya no a través de los Servicios Estatales de Salud, así como el cruce de información con el programa Próspera para garantizar una depuración del padrón de aquellas personas que ya cuentan con la prestación del servicio médico en otras instituciones.
Sosa Guerra confirmó que han entregado a la Secretaría de Salud el catálogo para la adquisición de medicamentos que hacen falta en los diferentes centros hospitalarios de la entidad.
La secretaría de Salud será la encargada de licitar y adquirir los medicamentos, pero la facturación se realizará a nombre del Seguro Popular y no se pagará ningún medicamento que no corresponda a la lista presentada, así como al gramaje establecido.
Reiteró que los recursos ya están disponibles y únicamente están a la espera que la Secretaria de Salud licite y adquiera el medicamento para atender el desabasto que hay en los centros médicos del estado.
La directora del Régimen Estatal de Protección Social explicó que el presupuesto proviene de aportación federal y por parte del estado a través de lo que se denominó aportación solidaria, que en años anteriores se garantizaba a través de sueldos y programas, pero que en este año será en efectivo para garantizar que el uso y destino sea para el fortalecimiento de la infraestructura médica y mantenimiento de unidades.
Confirmó en la conferencia de prensa que durante estos nueve meses se han realizado tres auditorías al programa Próspera, dos al Seguro Popular y una más de tipo federal. Dijo que la federación hizo la observación de que el estado incurrió en la violación del decreto, ya que el Seguro Popular carecía de autonomía financiera, por lo que se confirmó que en septiembre próximo se realizará una nueva revisión para verificar el cumplimiento de esas disposiciones.
Como resultado de los procesos de investigación también se detectó que unos siete millones de pesos están pendientes de ser reintegrados a la federación por parte de los Servicios Estatales de Salud ante el incumplimiento de su aplicación. (Noticaribe)
