El poco interés que muestra la federación por el sur del estado una vez más se vuelve a manifestar al no incluir, en el presupuesto de egresos correspondiente al año venidero, la cantidad que le correspondía para finalizar el dragado del Canal de Zaragoza, proyecto largamente postergado y que por lo visto seguirá durmiendo el sueño de los justos al no vislumbrarse voluntad política para terminar esta obra de vital importancia para coadyuvar con el fortalecimiento económico tanto de la capital del estado como de las áreas circunvecinas.
El presupuesto vital para la conclusión de esta vía marítima sería de doscientos ochenta millones de pesos de los cuales el Gobierno del Estado aportaría la mitad y la cantidad restante la federación. La argumentación del golpe a las finanzas nacionales por el movimiento telúrico que ocasionó serios estragos, que todos lamentamos, en cinco estados de la República, es relativo; primeramente, porque no se trata de una cantidad exorbitante tomando en cuenta, además, la participación del Gobierno del Estado; que tanto es tantito (en términos de Estado, desde luego) cuando se trata de concluir un proyecto de la más alta importancia geopolítica y económica iniciado durante el régimen de don Porfirio Díaz cuya larga postergación posiblemente se debe a que no se le dio la debida atención por existir otras prioridades para el naciente territorio federal abandonado a su suerte durante largo tiempo y tampoco se puede descalificar la probabilidad que al contar con el sello del viejo caudillo los gobiernos emanados de la Revolución pensaran en la poca conveniencia política de finalizar una obra emprendida por el héroe del 2 de abril, figura ignominiosa para el bando triunfador al considerar que representaba todo lo que el movimiento social combatió por la vía de las armas, “y si la revolución había triunfado no había lugar para su existencia”.
En otra tesitura, también se podría suponer que podrían haber obedecido a la misma consideración los amagos de don Venustiano Carranza de reintegrar el territorio quintanarroense (que nació a iniciativa del general Díaz) al dominio yucateco en el año de 1913 y de don Álvaro Obregón en 1924 teniendo como base política el mismo sofisma y en alguna medida pudo haber orientado el despropósito del Ing. Pascual Ortiz Rubio para desmembrar al territorio federal cediendo la parte sur al estado de Campeche en tanto que el centro y el norte pasaron al dominio del estado de Yucatán en 1931.
Como sabemos los quintanarroenses, fue el Comité Pro Territorio el que alzó la voz, respaldado por el pueblo, para condenar esta iniciativa arbitraria ejecutada por el gobierno de la República argumentado también problemas de índole económica como resultado del coletazo a la economía nacional por la recesión norteamericana ocasionada por la debacle financiera de Wall Street; fue, sin embargo, el general misionero don Lázaro Cárdenas del Rio, quien los escuchó con fina sensibilidad, comprendiendo las razones de carácter nacional que fundamentaron la erección del territorio federal en el año de 1902.
A los quince días de tomar posesión como Presidente de México, envía al Congreso de la Unión la iniciativa de le ley que devolvería a Quintana Roo su estatus federal, pasando por alto el probable tabú revolucionario de cancelar o torpedear cualquier obra que hubiera sido gestada durante la administración porfirista.
Al avalar Cárdenas, la reintegración del territorio federal, el enorme prestigio del político michoacano fue el mejor manto de protección para que los posteriores gobiernos no echaran para atrás la iniciativa reivindicadora.
Desafortunadamente, las acechanzas prosiguieron con el paso del tiempo pues no todos pensaban igual en lo referente al territorio y su preservación como enclave federal; pero, paradójicamente, tendríamos que reconocer que la mayoría de los gobernadores enviados por el centro estuvieron a la altura de las circunstancias en lo que concierne a la defensa de la integridad territorial marcando un alto a los apetitos insanos con energía y responsabilidad histórica; el propio don Margarito Ramírez, tan marcado como un político sátrapa y no obstante de provenir de las líneas más ortodoxas del Nacionalismo Revolucionario, lo defendió con resolución y energía.
Por otra parte, cuando en el año de 1969 el senador colimense Alfredo Ruiseco Avellaneda solicitó la devolución del territorio federal para coadyuvar en la solución del problema prioritario del hermano Estado de Yucatán cuya economía se sustentaba mayormente en el monocultivo en el campo, fue don Javier Rojo Gómez, en esa ocasión, el que estuvo a la palestra invitando a la sociedad quintanarroense para que se manifestara en contra de la iniciativa mientras él hacía lo propio en las altas esferas políticas nacionales. Y así por lo consiguiente actuarían, según los registros históricos, la mayoría de los mandatarios territorenses.
Estos dignos ejemplos los debemos tomar muy en cuanta ahora que las acechanzas para mutilar el estado de Quintana Roo vuelven por sus fueros; si los gobernadores foráneos haciendo equipo con el pueblo hicieron lo necesario, para evitar el desgajamiento del territorio federal, es doble la obligación nuestra para defender nuestra integridad geográfica. En esta fecha tan importante en que celebramos el 43 aniversario de nuestra emancipación como Estado Libre y Soberano debemos permanecer entrelazados para evitar cualquier atentado en contra de nuestra soberanía territorial.
Retomando el tema inicial, me parece que nada más se puede especular acerca de los motivos propiciatorios para que el Canal de Zaragoza hubiera sido abandonado desde el amanecer del siglo pasado después de un avance sustancial y siendo tan importante su terminación.
¿Cómo es que esta vía marítima ya culminada su parte más importante, que es vital para el desarrollo del Sur del Estado y de alta importancia militar, que requiere de poca inversión para su conclusión no haya finalizado en su totalidad a lo largo de más de una centuria? Las posibles razones como asenté podría ser que no se le dio la debida importancia al tener la entidad quintanarroenses asuntos de mayor prioridad en la que destacaba su agobiante penuria económica o de orden político en que vuelve a relucir la posibilidad que fuera su certificado de nacimiento firmada por el general Porfirio Díaz la que postergó su culminación a lo largo de varias décadas.
Desde luego que en los actuales tiempos prevalecen otros criterios en cuanto a la visión política pero no por ello menos cerrados; el Canal podría haber sido un paradigma de la omisión absurda dictada por criterios ideológicos, en una época en que fue tema tabú darle seguimiento a cualquier gestión emparentada con el general Díaz en aras de la pureza del ideario revolucionario, pero ahora vivimos en un México diferente.
Estos resabios del pasado no se sostienen en la actualidad y de ello estamos ciertos aunque mi intención fue ofrecer una ponderación somera acerca de los antecedentes que han girado alrededor de tan importante brazo de mar.
Hasta donde tengo noticias, fue hasta en el gobierno del ingeniero Mario Villanueva cuando se intentó reverdecer en serio esta iniciativa durante la gestión federal de Ernesto Zedillo, incorporando en el muelle fiscal Nache Cocom algunas construcciones receptoras inclusive un ferry que auguraba que soplarían nuevos vientos para la congelada iniciativa. Villanueva logra convencer al Presidente de la República de la pertinencia de culminar la estratégica obra cuyo propósito fundamental estribaba en conectar el muelle de Chetumal con el Caribe abierto eludiendo la ruta tradicional de Cayo Ambergis Belice y, al evitar este rodeo por las aguas territoriales beliceñas, sería mucho más rápido y fluido el acceso a Ixcalak, Mahahual y a la propia Riviera Maya, mirando inclusive Centroamérica y la Costa Esta de los Estados unidos; se establecería un circuito virtuoso que conllevaría a Chetumal a su renacimiento como enclave marítimo pero con mayor potencialidad turística amén de otros satisfactores; inclusive, la bahía se vería beneficiada con el éxodo de escamas desconocidas y de otras especies propias del Caribe abierto, independientemente que en el orden militar la custodia del importante litoral del Sur tendría una importantísima vena de conexión.
Al desplomarse los costos y el tiempo de traslado habría un mayor interés empresarial para invertir en proyectos bonancible; es decir, repercutiría favorablemente en la alicaída economía del Sur para ensanchar sus dínamos económicos. Todavía en el gobierno de Joaquín Hendricks parecía navegar viento en popa el proyecto al encargarle el gobierno federal a la Secretaría de la Marina la tutela institucional del dragado fundamental, junto con el Gobierno del Estado, con lo que comenzó a despegar los trabajos conducentes para concluir la arteria marítima consistente en el desazolve de mil trescientos metros en la franja comprendida entre el mar Caribe y el estero de Cayo Judío en la bahía de Chetumal. No obstante los aparentes buenos deseos, los trabajos solo avanzaron trescientos metros, una nimiedad, faltando dos kilómetros por dragar lo que de haberse consolidado hubiera derivado en establecer la profundidad de tres metros, el calado que se requiere para una efectiva navegación, y poner en servicio una obra que se inició en el año de 1901 doce meses antes de que naciera el territorio federal y precediendo setenta y tres años a la conversión de Quintana Roo en Estado Libre y Soberano.
Al detenerse totalmente las actividades en el año del 2006, al menos en ese momento, se rompía con la expectativa de contar con un detonador náutico que se pensaba coadyuvaría en la dinamización de la economía sureña de ser bien enfocados sus propósitos mediante una hábil campaña publicitaria y el saber vender al empresariado, tanto local como nacional y aun el internacional, las bondades de contar con un atajo marítimo para el mejor y más ágil tránsito de la navegación hacia el Caribe profundo.
Hubo un impase de carácter técnico entre las autoridades involucradas en el proyecto en donde se consideró que el dragado fuera de varios kilómetros con una profundidad de tres metros y cincuenta de ancho con miras a ensancharlo a cien; esto tuvo lugar en el 2015. En los tiempos que corren el gobierno de Carlos Joaquín elevo esta inquietud a las altas esferas federales solidarizandose con el proyecto presentado por la Secretaría de Marina para finalizar el dragado del Canal de Zaragoza con el compromiso de aportar la mitad del presupuesto total y cuando todo hacía suponer que la “tercera era la vencida” y que se encarrilaba por el rumbo adecuado, vino el tijeretazo presupuestal y el entusiasmo se esfumó al menos por ahora.
Cuesta trabajo asimilar que iniciativas productivas sean canceladas en donde más se necesita, sin medir las consecuencias favorables que tendría para una región que no encuentra pies ni salida para abandonar su postración económica. Urge terminar con una viabilidad marítima de la más alta importancia que de acuerdo a una percepción particular sino tiene eco con el próximo gobierno federal, podría seguir manteniéndose en el letargo por la falta de interés para dotar al Sur del Estado de las herramientas que requiere para comenzar su despegue económico.
Para que esto no suceda, llegado el momento, se debería incidir en una coordinación institucional múltiple, primeramente para actualizar la Manifestación de Impacto Ambiental que expide la Semarnat, requisito esencial para comenzar los trabajos de dragado y de ahí partir, en unidad de esfuerzos entre la Semar, el Gobierno del Estado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el Servicio Geológico Mexicano, el Congreso Estatal, los legisladores federales y de ser necesario la presión de la sociedad, para ubicar en primera fila esta añeja necesidad para encontrar una pronta solución a un proyecto largamente postergado el cual sería el primer pivote fundamental para propiciar que vientos de fronda comiencen a soplar en beneficio del Sur del Estado, sobre todo.
Habría que hacer hincapié a los criterios cerrados, que esta es una zona vital de la más alta importancia geopolítica que no puede quedar por más tiempo arrinconada por estrecheces burocráticas sino ser factor pujante en el desarrollo nacional además de escaparate resplandeciente en el concierto caribeño.
Estos deben ser tiempos de serenidad y unidad como premisa fundamental para alcanzar nuestros objetivos. La reyerta y el odio acendrado esterilizan a la buena política al clausurar la luz de la razón para dar curso a nuestras pasiones más oscuras. Solo anteponiendo el interés de Quintana Roo sobre nuestros rencores más profundos, seremos capaces de construir nuevas vías para nuestro desarrollo integral. Nuestro Estado se lo merece.
