Una de las principales banderas de la entonces UNE (la coalición entre PAN y PRD) era la de ‘darle aire’ a Aguakán, que en el gobierno anterior obtuvo la ampliación de la concesión a Solidaridad y la extensión de sus operaciones por varias décadas más en los municipios de Benito Juárez (que en ese entonces aún tenía dentro de su territorio a Puerto Morelos) e Isla Mujeres.
Esta ampliación y esta extensión ocurrieron en el tramo final del Gobierno de Roberto Borge, cuando la entidad estaba ya en una severa crisis financiera, resultado del saqueo, no solo del ‘quinquenio del malestar’, sino del anterior.
La inconformidad social contra la empresa concesionaria de agua potable no solo es por el mal servicio o las altas tarifas, sino porque se mantiene la percepción de que fue y sigue siendo un emblema de la corrupción ‘borgista’.
La salida a de Aguakán no solo fue ‘bandera’ de campaña de UNE, sino además fue usado como instrumento de legitimación de la alcaldesa Puerto Morelos, Laura Fernández –PVEM-, municipio que partencía a Benito Juárez, cuando Borge extendió la concesión.
El tiempo pasa y Aguakán sigue en Solidaridad, no mejora en Benito Juárez e Isla Mujeres, y ahora resulta que tampoco la pueden echar de Puerto Morelos.
Y lo peor es que nadie, empezando por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dice que está pasando con Aguakán, que al parecer no solo volvió ganar, sino que estará aplicando la de ganar-ganar.
