CANCÚN, MX.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la medida cautelar número 15 en la ciudad de Cancún, en virtud de la negativa de la Oficialía 01 del Registro Civil en aquella localidad para el registro de un infante de menos de un mes de nacido.
De acuerdo a los datos aportados por la quejosa, personal de dicha instancia municipal manifestó que la negativa a recibirles la documentación para el trámite de registro de nacimiento de su hijo, es porque no estaban autorizados a recibirle la documentación, ya que en Chetumal no habían dado la orden de registrar a los hijos de parejas del mismo sexo.
Sin embargo, al obtener la Comisión de los Derechos Humanos la respuesta dentro de la solicitud de información, básicamente la Dirección de Registro Civil Municipal admitió que la negativa al registro obedece, a dicho de la autoridad, a una serie de exposición de motivos legales por el cual no puede ser registrado el menor afectado. Inclusive posteriormente se recibió la negativa de la medida cautelar por la “imposibilidad legal“ para registrar al menor.
El argumento de la autoridad municipal estriba en lo que estipula el Código Civil del Estado al respecto de la definición del término “progenitor”, relacionando los términos con constructos sociales en relación al sexo y género de las personas. Sin embargo a raíz de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se obliga a las autoridades a garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.
La actuación contraviene a la obligación de las autoridades de garantizar el Interés Superior de la infancia de acuerdo a lo que se estipula en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales; además omite el principio constitucional Pro Persona –aplicar la norma que más beneficie a la persona- al darle mayor peso a un código estatal que limita el derecho humano a la identidad.
Al respecto, el ombudsman Harley Sosa Guillén afirmó que la autoridad tácitamente aceptó la violación al derecho del niño a tener una identidad, por lo que en esta circunstancia se estaría procediendo a la emisión de una recomendación, a menos que se logre el registro en los próximos días.
Y es que no solamente se está afectando el derecho del menor a la identidad, sino que el acto está produciendo una cadena de violaciones a derechos humanos, puesto que el menor se encuentra en una situación delicada de salud, ya que al no contar con el acta de nacimiento, no es posible inscribirlo como derechohabiente beneficiario de los servicios de salud, que una de las madres recibe. La situación es preocupante dado que el infante requiere una cirugía, quedando en estado vulnerable, pues al no tener el documento de identidad legal y que la determine como su madre, no podrán autorizarla como tutora del menor al médico o institución donde se lleve a cabo dicha intervención.
Lo anterior se empalma con el hecho de que el menor dejará de recibir los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, dado que el veintiuno de diciembre de este año, fenece el período de servicios médicos a los que está sujeto, derivado de su nacimiento.
En cuanto al Derecho a la Salud del menor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya se encuentra realizando una serie de gestiones en carácter de colaboración ante el IMSS para evitar que se obstruya el ejercicio y goce de los derechos del infante y asimismo anticipó que enviará urgentemente el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cuanto compete a la circunstancia exclusivamente de salud, ya que el IMSS es una autoridad federal.
Sosa Guillén finalmente hizo un exhorto para que el Registro Civil Municipal de Benito Juárez reconsidere su postura y actuación para no seguir causando multiples violaciones a derechos humanos al infante; agregó que no se debe subestimar las consecuencias de una recomendación por parte del organismo, pues esto genera una serie de procedimientos administrativos que pueden culminar en la inhabilitación de las y los servidores públicos implicados. (Noticaribe)
